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VALERIA GIL

El PVP y varias coordinadoras anunciaron ayer en la Mesa Política del Frente Amplio el envío del caso del senador Jorge Saravia al tribunal de ética interno. En tanto, Diputados evalúa aplazar la votación del proyecto que anula la Ley de Caducidad.

Si bien no hubo una resolución oficial de la Mesa Política, tan solo con el pedido que hizo el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y varias coordinadoras de Montevideo, el caso Saravia será enviado al Tribunal de Conducta del Frente Amplio.

Por incumplir con el mandato de la coalición de izquierda y votar en contra de la anulación de la Caducidad, Saravia podría llegar a ser expulsado de la fuerza política. Al ser consultado por El País, el senador prefirió no hacer comentarios al respecto.

La conducta de Saravia fue analizada en el marco de una evaluación sobre la aprobación del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad en el Senado. La sesión contó con la presencia del diputado Felipe Michelini, uno de los principales impulsores de la iniciativa.

El diputado Óscar Groba (Espacio 609) dijo a El País que "la Mesa Política aprobó una resolución, por la cual se respaldó la gestión de la bancada de Senadores y se manifestó la confianza total en que los 50 diputados votarán el proyecto que anula la Ley de Caducidad".

En tanto, el Frente Amplio está dispuesto a aplazar la fecha de aprobación del proyecto prevista para el 4 de mayo. Groba indicó que "no se descarta tener en consideración el derecho que tiene la oposición de estudiar el tema y recibir a catedráticos", según lo conversado ayer en la Mesa Política.

En la misma línea, el diputado Víctor Semproni (Espacio 609) dijo a El País que en la bancada del sector se acordó "darle todas las garantías a la oposición para que pasen por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados todas aquellas organizaciones o personalidades políticas que se quieran consultar sobre el tema". Además, insistió que "no hay que embretarse con la idea de que el proyecto se tenga que votar el 4 de mayo y de repente la aprobación se podría postergar hasta el 20 de mayo", fecha en que se recuerda el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

La posibilidad de aplazar la votación del proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad, será considerada hoy por la bancada del Frente Amplio. Semproni explicó que "el FA no requiere un día más para aprobar la iniciativa, pero no se quiere limitar a la oposición".

La polémica por las reuniones entre militares y ex guerrilleros del MLN-Tupamaros en los años de la década de 1990, derivó ayer en un cruce entre la Legión Tenientes de Artigas y el ex presidente colorado Jorge Batlle, a quien responsabilizan de haber frenado un pacto entre ex combatientes.

A partir de esas conversaciones, los militares pertenecientes a la Legión Tenientes de Artigas y dirigentes tupamaros redactaron una declaración conjunta en procura de sellar el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). El texto de esa declaración, del año 1998, fue divulgado ayer por el diario El Observador, que lo obtuvo de fuentes militares molestas por la anulación de la ley de Caducidad.

Carlos Silva, líder de los Tenientes de Artigas, dijo ayer a El País que "si alguien traicionó algo fue Jorge Batlle. En aquel momento se le presentó la oportunidad de dar el punto final y salió con la Comisión para la Paz".

Por su parte, el ex presidente Batlle negó haber tenido contactos con los tupamaros o los Tenientes de Artigas. "En 1998 yo no era nadie, era un Juan Lana. ¿Para qué me iban a presentar una declaración de ese tipo?", dijo Batlle a El País.

Además, señaló que nunca tuvo contacto con los Tenientes de Artigas y que la presentación de ese documento es "un invento de alguien".

No obstante, Batlle recordó que en aquel momento fue consultado por la prensa sobre las reuniones que se producían entre efectivos militares y líderes tupamaros.

Silva puntualizó que las conversaciones con el MLN se dieron 1998 y luego el texto pasó a otras organizaciones, que prefirió no identificar, las que se lo hicieron llegar a Bat-lle cuando tenía "poder de decisión". En 1998 Batlle era senador y asumió la Presidencia el 1° de marzo de 2000. De inmediato creó la Comisión para la Paz, un ámbito para investigar qué había pasado con las personas desaparecidas en dictadura. Esta comisión recibió numerosos testimonios y redactó un informe.

Los Teniente de Artigas y los propios tupamaros han confirmado por distintas vías que en la década de 1990 se reunieron para tratar una "solución" entre "combatientes" que incluía declarar a los desaparecidos como "muertos en combate", según informó a El País el 12 de abril el coronel José Carlos Araújo, vocero del foro Libertad y Concordia, organización militar de reciente creación.

"Yo no conozco ese documento que salió publicado. Hemos hablado mucho con los militares, Mujica, yo y muchos más, siempre", dijo por su parte el senador Eleuterio Fernández Huidobro -ex dirigente del MLN-T- en el programa Hola Vecinos de canal 10.

En el mismo sentido se pronunció el jefe de los Tenientes, quien aseveró que "hay cosas en ese documento que yo no reconozco, tiene algunos contenidos que da la impresión que fue redactado para la interna de algún grupo del Frente Amplio". Para el militar retirado la publicación del documento se trata de una "movida interna" en el FA.

"Me da la impresión de que esto se reflota por lo de la interpelación a Rosadilla y Bonomi, alguno de los propios frenteamplistas les va a tirar por la cabeza que hablaron con militares y todo eso", dijo Silva.

Dentro de los Tenientes figuran varios de los militares procesados por violaciones a los derechos humanos.