El gobierno anunció ayer que en ocho meses se comenzará a vender marihuana en las farmacias. El precio estará en el entorno de US$ 1,20 el gramo. Ya fueron otorgadas las licencias a dos empresas que se encargarán de plantar la droga.
Lo harán en un predio suministrado por el Estado, que está ubicado cerca del Penal de Libertad. El Ministerio del Interior será el que se hará cargo de la seguridad.
De las veintidós empresas que se habían presentado para plantar la droga, fueron elegidas dos. Una de ellas se llama Simbiosis y es de capital uruguayo-argentino; y la otra Icorp, de dueños uruguayos y extranjeros, de los cuales no se especificó su nacionalidad. Las empresas invertirán entre 600.000 y 800.000 dólares cada una, según explicó en conferencia de prensa el presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Augusto Vitale. Cada una de las empresas está autorizada a producir hasta dos toneladas anuales.
Sobre el precio con el que llegará la droga a las farmacias, Vitale señaló que va a ser de "un poco más" de 1 dólar, "pero no mucho más", porque sino no se puede "competir" con el precio al que ofrecen la marihuana los narcotraficantes.
En la noche del miércoles, en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, Vitale había advertido que "el precio sería de aproximadamente US$ 1,20". El presidente del IRCCA añadió: "Esto se establece en base a un estudio del mercado ilegal y del producto del mercado ilegal. Para esto nos han ayudado mucho los convenios que hemos realizado con el Instituto Nacional de Semillas, la Universidad de la República y otros actores".
La idea es que US$ 1,20 sea lo que cueste comprar un gramo de marihuana, lo cual equivaldría a tres cigarrillos, según había advertido en su momento el ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, a El País, en una nota realizada luego de aprobada la ley que regulariza el mercado del cannabis. Calzada señaló que un gramo de marihuana equivale a "un cigarrillo grueso o dos o tres más finos".
Según establece la reglamentación de la ley, los usuarios podrán comprar hasta 40 gramos por mes, y no más de 10 gramos por semana.
Por otro lado, el secretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, que también participó de la conferencia que se hizo en la tarde de ayer en la Torre Ejecutiva, señaló que en breve se comenzarán a hacer campañas de "concientización" sobre "las consecuencias del consumo", como las que se hacen para con el cigarrillo.
"La implementación de la ley de regulación de cannabis tiene como objetivo fundamental justamente eso, regularizar su consumo —manifestó Roballo—. Con una política que garantice la reducción del daño, prevenir y abordar el consumo abusivo y problemático, sensibilizar a los diferentes actores de la sociedad sobre las consecuencias del consumo, generando una corresponsabilidad, y también contribuir en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado".
Venta en farmacias.
El prosecretario de la Presidencia advirtió también que "se está trabajando" con el Centro de Farmacias para "garantizar" que la droga llegue a ellas una vez que estén listos los cultivos, cosa que sucederá en estos ocho meses. Y que durante este tiempo el Estado hará "campañas de difusión sobre los riesgos del consumo".
Sobre las amenazas de renuncias masivas que había hecho la organización de químicos farmacéuticos en caso de que se empiece a vender marihuana en las farmacias, Roballo dijo que el gobierno fijó "una agenda de trabajo con los centros de farmacia y ya tenemos un borrador de acuerdo sobre la base de 11 puntos básicos sobre varias condiciones, entre ellas la seguridad que van a tener que tener esos centros. También queda claro el principio de voluntariedad que van a tener los interesados".
Las negociaciones que lleva a cabo el gobierno no son con los químicos, algunos de ellos propietarios de farmacias, sino con el Centro de Farmacias que representa a todos los dueños de los locales, quienes durante la discusión parlamentaria previa a que se votara la ley de regulación habían expresado su voluntad de vender la droga en sus locales.
Sobre la cantidad de farmacias que van a comercializar la droga, Vitale advirtió que se hizo un estudio para ver "qué nivel" de adhesión a esto había, y sostuvo que "hay un nivel adecuado" como para que la marihuana pueda llegar a los usuarios que quieran consumirla. El presidente del IRCCA, por otro lado, también dejó en claro que en el único sitio donde van a vender la droga va a ser en las farmacias.
Las empresas.
Sobre las firmas que fueron elegidas, Roballo sostuvo de que "hay garantías suficientes sobre el origen de sus fondos", y que estas fueron analizadas por la Secretaría Antilavado. De todas formas aclaró: "esto no quiere decir" que en las otras empresas que se presentaron se hayan encontrado irregularidades.
Meses atrás El País entrevistó a Gastón Rodríguez, coordinador de una de las empresas elegidas, Proyecto Simbiosis, y este consideró que el cultivo de marihuana "es un buen proyecto para Uruguay a nivel social" y "una buena herramienta para combatir el narcotráfico".
Sobre la inversión que deberán realizar, y el margen para recuperar el dinero, Rodríguez se limitó a expresar: "Tenemos una ecuación económica que creo que viabiliza el resultado".
Estado inicia fiscalización de los clubes cannábicos y autocultivos.
El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, precisó ayer que se comenzará a trabajar en la fiscalización de los clubes de cannabis y de los usuarios que llevan a cabo autocultivos.
La ley de regulación de la marihuana establece tres formas distintas en las que un usuario puede hacerse de la droga. El consumidor podrá optar por el autocultivo (aquí se establece que cada persona podrá tener hasta seis plantas o una producción de hasta 480 gramos), la creación de clubes de membresía (que podrán tener de 15 a 45 socios y un máximo de 99 plantas) o podrán comprar la que cultivará el Estado (a un precio de US$ 1,20 el gramo y no más de 40 gramos por mes).
Quienes sean consumidores deberán registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), cuyo banco de datos no se hará público.
La ley también establece que quien cultive marihuana sin estar inscripto en este nuevo organismo tendrá una pena de 20 meses a 10 años de penitenciaría.
En la conferencia de prensa llevada a cabo en el día de ayer, también se informó sobre una empresa que estaba llevando a cabo los aparatos para que los empleadores, en caso de que así lo quieran, puedan controlar a sus trabajadores de que no hayan consumido la droga durante ni antes de presentarse en sus puestos laborales.
El gobierno ya eligió a las dos empresas que se encargarán de cultivar la drogA