El Partido Nacional pretende que declaren ante la Justicia.
La investigación que la Justicia de Crimen Organizado lleva adelante sobre los negocios de Ancap y la holandesa Trafigura puede tomar nuevos rumbos si prospera el pedido del Partido Nacional para que ejecutivos de la empresa internacional sean llamados a declarar.
Fuentes políticas aseguraron a El País que los abogados que representan al Partido Nacional en el juicio en el que se investigan las gestiones de Ancap entre 2010 y 2015, presentarán esta semana el pedido ante la jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu.
La investigación gira en torno a un contrato por el que Ancap le compraba crudo a la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador a precios preferenciales y, a cambio, le vendía productos terminados (gasoil). Este negocio, que funcionó entre 2010 y 2011, operó con la intermediación de la holandesa Trafigura.
El negocio consistía en que Ancap entregaba a Trafigura el crudo de Petroecuador y la holandesa le proporcionaba el gasoil que debía entregar a Ecuador la estatal uruguaya, porque el producido en La Teja no alcanzaba los estándares de calidad necesarios. Por la operación Ancap cobraba una comisión que le habría reportado unos US$ 6 millones de ganancia. En Uruguay Trafigura tiene sede en Zonamérica.
Durante los ocho primeros meses de intercambio, Ancap operó sin contrato con Trafigura. En este tiempo las operaciones superaron los US$ 700 millones. Y la empresa de capitales holandeses se vio favorecida porque obtenía el petróleo a un precio menor al mercado. Sin embargo, Ancap apenas ganó el 0,10%.
"De 16 millones de barriles de petróleo que deberían haber llegado a Uruguay, solamente llegaron 720.000 a la planta de La Teja", dice la denuncia presentada ante la Justicia por el partido Unión Popular. Según ese partido, el resto iba a parar a otros destinos, principalmente Estados Unidos, usando el beneficio del contrato con dos países.
Las eventuales irregularidades sobre los negocios con Trafigura fueron denunciadas por los representantes legales del Partido Nacional, Pablo Correa y de Unidad Popular, María del Carmen Dávila.
Las denuncias de la oposición se basaron en que Ancap no tiene marco jurídico para llevar a cabo operaciones como las que efectuó con Trafigura.
Según la denuncia del Partido Nacional, el total de las operaciones entre Trafigura y Ancap fue por unos US$ 5.000 millones en el período comprendido entre enero de 2010 y enero de 2012.
Declaración de dos gerentes.
En abril pasado dos gerentes de Ancap declararan como testigos ante la Justicia. Por sus dichos se estableció que dos barcos con cargas de gasoil, fletados por la empresa Trafigura que venían con destino a Uruguay, fueron desviados en la mitad del océano por orden de Ancap y luego vendidas sus cargas a Ecuador.
JUICIO DE ANCAPOSCAR VILAS
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