La Comisión para la Paz divulgará hoy sus conclusiones finales sobre los uruguayos desaparecidos por motivos políticos, lo que incluirá la información sobre el destino de sus restos óseos. También figurará en el documento una serie de recomendaciones en materia jurídica, y se sugerirá que la defensa de los derechos humanos pase a integrar los programas de educación, según pudo saber El País.

A dos años y medio desde que fue creado, el organismo oficial de derechos humanos entregará formalmente al presidente Jorge Batlle su informe final, que en términos generales confirmará las conclusiones contenidas en un documento preliminar que fue divulgado en octubre de 2002, indicó a El País el asesor presidencial e integrante de la comisión Carlos Ramela.

Mientras, otras fuentes señalan que entre octubre pasado y los últimos días los principales avances se produjeron en los datos sobre uruguayos desaparecidos en Argentina.

En cuanto al destino de los cuerpos de los uruguayos que desaparecieron en Uruguay, el informe final señalará que todos los militares interrogados indicaron que fueron "cremados y tirados al mar"; la comisión no ha podido hasta el momento chequear la información por fuentes independientes ni obtener pruebas que le permitan "hacer suya" esa versión. En territorio nacional la comisión sólo pudo registrar el hallazgo de restos óseos de Roberto Gomensoro Hoffman, que aparecieron en Rincón del Bonete y enterrados luego como tumba NN (no identificada) en Tacuarembó durante la década de 1970.

La Comisión para la Paz determinará que 26 de los 28 casos de desaparecidos en Uruguay efectivamente fallecieron, con base en los resultados de la investigación que el organismo desarrolló desde agosto de 2000, y que implicó la recolección de documentos, así como testimonios de sobrevivientes de centros de detención clandestinos y de militares, entre otros. En las 26 situaciones aclaradas, el grupo precisó fechas, lugares, procedimientos y motivos por los cuales las personas murieron o fueron asesinadas, y luego fueron desaparecidas.

Entre los casos que el grupo considera aclarados se encuentra el de Elena Quinteros, cuya desaparición motivó el encarcelamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco. El caso Quinteros tiene la particularidad de que no se trató de una muerte por torturas que excedieron la resistencia física de una persona, sino que de acuerdo con las conclusiones de la comisión, se trató de una ejecución.

La mayoría de las desapariciones se produjo luego de que los detenidos fallecieron como consecuencia de torturas, concluyó la comisión en datos que formalizó ya en su informe preliminar. La divulgación de ese documento generó cuestionamientos desde los centros sociales de las Fuerzas Armadas.

SOLUCIONES. Por estos días, los alcances que tendrá el informe final del organismo son objeto de debate, en virtud de que algunos sectores de gobierno manifestaron su discrepancia con las decisiones judiciales por las cuales se procesó y luego se confirmó el encarcelamiento de Blanco.

A partir del documento final de la comisión, el gobierno emitirá una resolución, dado que por esa vía fue que creó el organismo. En una segunda instancia, el Poder Ejecutivo, en régimen de Consejo de Ministros, podrá dar fuerza de decreto al trabajo, lo cual lo dotaría de mayor legitimidad.

Luego, desde el Ejecutivo se impulsará una ley por la cual se creará la figura jurídica "ausencia por desaparición forzada", que habilitará la resolución de las procesos por derechos de sucesión de todos los desaparecidos, sin necesidad de que cada familia inicie el juicio civil de rigor.

Por esa vía, el Estado también reparará económicamente a las familias de los desaparecidos.

En su informe, la comisión sugerirá también que la defensa de los derechos humanos pase a integrar los programas de educación pública. Durante una entrevista publicada por El País el 14 de diciembre de 2000, Ramela fue consultado sobre la posibilidad de que el trabajo de la comisión se plasme en textos educativos, a lo que contestó: "Creo que es sano que los chicos se interesen y aprendan, y que asuman que en el futuro las diferencias pueden coexistir, y que no puede repetirse lo que sucedió en esos años, cuando se produjo una pérdida total de valores por parte de ambos bandos. Estos temas tienen que estar sobre la mesa para las generaciones futuras, con toda la historia, y no sólo una parte, sin pretender atribuir responsabilidades, pero que los jóvenes puedan analizarlo".

La Comisión para la Paz fue creada por el gobierno en agosto de 2000, como forma materializar la aspiración del presidente Jorge Batlle de aclarar la situación de los desaparecidos, y de esa forma propiciar la instalación de un "estado del alma" en la sociedad uruguaya, que a su vez permita "sellar para siempre la paz entre los uruguayos".

SINTESIS. La comisión considera aclarada la desaparición de 26 uruguayos en Uruguay, al tiempo que en otros dos casos no pudo recabar información suficiente como para confirmar o desestimar la denuncia. En Argentina trabajó con base en la denuncia de 176 desaparecidos y hoy informará sus conclusiones; a eso se suman siete casos en Chile y dos en Paraguay.

INTEGRACION. La Comisión para la Paz ha sido presidida por el arzobispo de Montevideo monseñor Nicolás Cotugno. Sus voceros son el asesor presidencial Carlos Ramela y el asesor de la presidencia del Encuentro Progresista—Frente Amplio, Gonzalo Fernández. La integración se completa con el cura párroco de Vergara Jorge Osorio —hombre de confianza del grupo de familiares de desaparecidos—con el presidente honorario del Pit-Cnt José D’Elía, y con el profesor José Claudio Williman, dirigente histórico del Partido Nacional y ex vicepresidente de la Administración Nacional de Educación Pública, entre otros cargos. Osorio se integró a la comisión luego del 25 de enero de 2001, cuando falleció el sacerdote Luis Pérez Aguirre.

EQUILIBRIOS. El sistema político respaldó desde su comienzo a la Comisión para la Paz, salvo algunos casos aislados. El grupo de familiares también apoyó la iniciativa gubernamental. De forma paralela, tanto los sectores de la izquierda radical como los centros sociales militares cuestionaron el trabajo del organismo.

VINCULOS. Durante su actuación, la comisión coordinó trabajos con organismos de derechos humanos de Argentina, fundamentalmente con Abuelas de Plaza de Mayo y con el Equipo Argentino de Antropología Forense.