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SEBASTIÁN CABRERA

La derogación del delito por el que procesaron a los Peirano fue incluida inicialmente en 2006 en el proyecto de ley concursal a sugerencia del ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, que luego vio que era un error y dio marcha atrás.

Cuando el 17 de agosto participó en la sesión de la Cámara de Senadores donde se discutió la polémica eliminación del artículo 76 de la ley 2.230, Fernández dijo que su "primer y único contacto" con el proyecto de ley concursal fue en 2006 al aconsejar no derogar ese artículo. Y explicó que, al leer el texto, su "reacción inmediata" fue advertirle al entonces ministro de Economía, Danilo Astori, "las consecuencias" de la derogación del artículo 76, ya que los hermanos Peirano Basso "estaban imputados y en prisión".

La versión que dio Fernández ese día no era exacta, según se supo ayer. A pedido del senador nacionalista Carlos Moreira, el Ministerio de Economía remitió a la investigadora parlamentaria información sobre el trámite del proyecto concursal en el Ejecutivo y allí consta que el 19 de julio de 2006 Fernández firmó y envió al ministro Astori un oficio con diez sugerencias de cambios a la iniciativa.

En el punto siete, Fernández le dice Astori que si el proyecto "deroga el delito de quiebra (artículos 253 y 254 del Código Penal), también deberían derogarse los artículos 76 y 77 de la ley 2.230, que prevén los delitos en materia de liquidación o quiebra de sociedades", de acuerdo al documento enviado por Economía al Senado, al que accedió El País.

Esa sugerencia de Fernández llevó a introducir en el proyecto la derogación de ese delito, lo que no estaba en el texto original de Economía. En aquel momento Fernández y su estudio aún no defendían a Juan Domingo Ratti, ex director del Banco de Montevideo, también procesado por el caso Peirano.

CHOQUE. Astori admitió hace dos semanas en la comisión investigadora del Senado que la derogación del artículo 76 se retiró del proyecto de ley concursal tras una llamada telefónica de Fernández (dos años después el artículo se terminaría derogando en otro proyecto y luego la Justicia archivó el expediente, cuando los Peirano ya estaban libres).

Pero Astori también dio una versión distinta a la que Fernández había proporcionado a los senadores: confirmó que la "primera versión" del proyecto de ley "se elevó a la Secretaría de Presidencia en junio de 2006 sin la derogación de los artículos 76 y 77" y que la Secretaría -"luego de su primer examen del tema"- recomendó incluir esa derogación.

"El Ministerio, recogiendo tales observaciones incorporó la derogación, tras lo cual en una segunda instancia se produce la advertencia personal del doctor Gonzalo Fernández", dijo Astori a los senadores en la investigadora.

Moreira constató la contradicción entre la versión de Astori y la de Fernández y por eso pidió a Presidencia y al Ministerio de Economía que remitieran los antecedentes sobre el trámite de la ley concursal.

"El expediente que envía el Ministerio de Economía a la comisión, donde está el oficio firmado por Fernández aconsejando la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, no coincide con lo que Fernández dijo en sala", indicó Moreira a El País.

Ante una consulta de la investigadora a pedido de los senadores blancos Moreira y Francisco Gallinal, el presidente Tabaré Vázquez ratificó la semana pasada que en el año 2006 se decidió eliminar del proyecto de ley concursal la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 para evitar beneficiar a los hermanos Peirano, que estaban presos en aquel momento. Es decir, Vázquez confirmó que Fernández aconsejó eliminar ese punto del proyecto.

El ex presidente también dijo que en el año 2008 no vetó la ley que derogó el delito por el que habían procesado a los Peirano, y que luego permitió clausurar el expediente, dado que "no existían méritos".

La investigadora del Senado volverá a reunirse esta tarde y todo indica que concluirá su trabajo en octubre sin mayores consecuencias para Gonzalo Fernández. El senador blanco Carlos Moreira pedirá que se invite a la comisión a los miembros de la cátedra de Derecho Comercial y del Ministerio de Economía que redactaron el proyecto de ley sobre quiebras y concursos para "confirmar la secuencia cronológica".