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Los generales y coroneles del Ejército compartieron su malestar y desilusión por el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa. Varios oficiales expresaron su intención de pedir pase a retiro por esta situación.

Ayer sábado hubo una serie de reuniones en el Comando del Ejército y en divisiones militares de todo el país, en la que los generales, coroneles, tenientes coroneles y mayores hablaron del presupuesto nacional.

En estos encuentros hubo coincidencia en considerar escasos los montos destinados a salarios, e incluso en la oficialidad muchos visualizan que sus ingresos caerán, dijeron fuentes militares a El País.

Se habló además de la posibilidad de una "avalancha" de retiros de oficiales en actividad de distinta graduación. Hasta el momento el único que lo anunció fue el general Juan Giorello, director del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) del Ejército.

El malestar, también presente en las otras fuerzas y en especial en la aviación, no sólo es porque consideran que los aumentos salariales son bajos, sino porque no hay rubros asignados para equipamiento o los que están previstos son "absolutamente insuficientes", dijeron las fuentes.

A la reunión de ayer en la sede del Comando del Ejército con el comandante en jefe Jorge Rosales, los coroneles asistieron con sus trajes camuflados de fajina, informó anoche Telemundo de canal 12. El noticiero agregó que en la Fuerza Aérea unos 20 coroneles ya le plantearon al comandante José Bonilla que van a renunciar, lo que incluso implica el riesgo de dejar a la fuerza sin pilotos.

promesas. Las miradas más críticas apuntan al presidente José Mujica, puesto que los militares sostienen que el presupuesto no está en línea con el contenido de sus discursos del 1º de marzo ante la Asamblea General y el de dos semanas después ante cientos de oficiales en Durazno.

"Si desde el comienzo nos hubieran dicho que no iba a haber mejoras está bien, pero el presidente prometió cosas que no cumplió y no alertó de esto", dijo a El País un alto oficial del Ejército.

Para las jerarquías del Ejército hay medidas que le quitan incidencia política a las Fuerzas Armadas, como los anuncios de que se reducirán las agregadurías militares y el traslado de la sede del Calen al Ministerio de Defensa. Esto sumado a la disconformidad con la creación de cargos de confianza que serán ocupados por civiles.

comparaciones. Un tema habitual de las conversaciones en las unidades militares son las comparaciones entre el salario mínimo propuesto por el Poder Ejecutivo a los funcionarios de la Administración Central ($ 14.427 por 40 horas semanales-, frente a lo que ganan los efectivos de tropa, notoriamente inferior a esa cifra y que están a disponibilidad.

Otro asunto que se sumó a las charlas es que Mujica no recibió el viernes a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en su despacho de la Torre Ejecutiva: Rosales, Bonilla y el nuevo jefe de la Armada, Alberto Caramés, fueron atendidos por los ministros Luis Rosadilla (Defensa) y Fernando Lorenzo (Economía).

Los militares remarcan que el mandatario sí recibió a representantes de los maestros y de los funcionarios estatales y municipales, pero no a los jerarcas de las Fuerzas Armadas

Mañana lunes habría una entrevista entre el presidente Mujica y Rosales, a la que se podrían sumar los jefes de la Fuerza Aérea y la Armada.

Los jerarcas militares plantearon la necesidad de al menos $ 100 millones más de presupuesto para salarios, pero la propuesta fue rechazada por el gobierno, expresaron las fuentes. Los comandantes le preguntaron a Rosadilla sobre el presupuesto, pero el ministro les dijo que estuvo muy concentrado en las denunciadas de irregularidades en la Armada, relataron las fuentes.

El diputado nacionalista Javier García dijo ayer a El País que "el mensaje presupuestal en materia de defensa deja sorpresa y preocupación" y adelantó que pedirá la comparecencia de Rosadilla y los comandantes en jefe a la comisión de Defensa.

Oficiales evalúan presentar una acción de inconstitucionalidad contra un artículo del presupuesto que aumenta el descuento del servicio de tutela social que pagan y dispone que el 10% de lo recaudado sea para vivienda del personal subalterno. Consideran que esta "injerencia" del gobierno es ilegal.