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SEBASTIÁN CABRERA

Seregni, Marenales, Mujica, Sendic, Artigas, el Ché y hasta Hitler fueron citados ayer en una extensa sesión de la Cámara de Diputados donde el FA dio media sanción al proyecto que deja sin efecto tres artículos de la ley de Caducidad.

No todos los días hay una cola de media cuadra para entrar al Palacio Legislativo a las 10 de la mañana. Desde el arranque estaba claro que la jornada era especial: sobre la mesa estaba el proyecto interpretativo que declara "ilegítimo" y sin "valor jurídico" tres artículos de la ley de Caducidad.

Doce horas después los 50 diputados oficialistas levantaron la mano y sólo los dos de la CAP-L expresaron su discrepancia con el proyecto de ley pero votaron por "disciplina partidaria" (ver aparte). Hubo 30 votos en contra de blancos, colorados e independientes.

La jornada se inició con militantes alrededor del Palacio y barras llenas (sobre todo veinteañeros), que se fueron vaciando a medida que entraba la noche. El Frente Amplio insistió en que debe "terminarse" con la "impunidad" en materia de derechos humanos y el miembro informante, Felipe Michelini, dijo que se "apunta a remover todos los obstáculos en el ámbito judicial".

La oposición hizo hincapié en la "inconstitucionalidad" del proyecto interpretativo y pidió que se respeten los pronunciamientos populares de 1989 y 2009 que ratificaron la ley de Caducidad. "¡El Frente no puede convocar al pueblo y luego desoírlo. Ni la dictadura militar se animó a hacerlo (por el plebiscito de 1980), aunque tenía armas!", gritó la diputada blanca Ana Lía Piñeyrúa.

El también blanco José Carlos Cardoso sacó una fotocopia de un artículo del semanario Búsqueda del 20 de abril de 1989, cuatro días después del plebiscito que ratificó la ley de Caducidad, donde el entonces miembro del MLN-Tupamaros, Luis Rosadilla (actual ministro de Defensa), afirmaba que "el revisionismo por los militares es un capítulo cerrado". Y el colorado Aníbal Gloodtdofsky citó declaraciones de la ex ministra de Defensa durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Azucena Berruti, contrarias a encarcelar a militares. También mencionó la tapa de una revista argentina cuyo título es "déjense de robar con los 70".

El socialista Gustavo Bernini defendió a la ex ministra y pidió no usar su nombre: "Si estuviera acá, votaba".

Pero las citas siguieron y el blanco Pablo Iturralde apeló a una frase de José Gervasio Artigas al recordar los pronunciamientos populares: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana".

El colorado Fitzerald Cantero citó al presidente José Mujica en Pepe Coloquios, crítico con la propuesta de anulación de la ley de Caducidad en 2009, y preguntó si ahora vetaría el proyecto interpretativo.

A su vez, el frenteamplista Jorge Orrico mencionó a los ex senadores blancos Guillermo García Costa y Gonzalo Aguirre, que hablaron de la posible inconstitucionalidad de la ley de Caducidad cuando se votó en el Parlamento en 1986. El herrerista Gustavo Borsari le respondió que Aguirre votó la ley de Caducidad "sabiendo que no era la mejor solución", pero sí "la necesaria".

NAZIS. Respecto a la crítica de que el FA no respeta el pronunciamiento popular, Orrico mencionó a Adolf Hitler: "Si hubiera plebiscitado normas sobre la pureza racial, ¿no se podría haber juzgado a los criminales nazis?". Varios citaron a Ernesto Che Guevara, entre ellos el colorado Gustavo Cersósimo, que recordó que el guerrillero argentino-cubano planteaba que "lo ideal" es la liberación por la "vía pacífica".

Borsari leyó: "El general Líber Seregni dijo luego del plebiscito de 1989 que aceptaba y acataba el veredicto popular". También citó al tupamaro Julio Marenales (que en aquel momento dijo que "el MLN respeta el pronunciamiento popular") y al fallecido líder tupamaro Raul Sendic, que dio a entender que la "impunidad" nació en el Pacto del Club Naval de 1984.

Daniela Payssé respondió que el "contexto" de esas frases debe tomarse en cuenta y recordó que en 1989 vio "con dolor" que "habían retirado el pegotín" del voto verde (a favor de derogar la ley de Caducidad) en el garaje del ex senador blanco Alberto Zumarán.

El colorado Guillermo Facello preguntó si todos los tupamaros "cumplieron con toda su condena" e insinuó "por qué no dejar sin efecto la amnistía para los sediciosos". No hubo respuesta.

Luis Puig dijo que "el Frente Amplio no aportó un solo consejero de Estado ni ministro a la dictadura", sólo "torturados y asesinados". El colorado Fernando Amado le respondió que en Maldonado el FA tiene un dirigente "con pasado en la dictadura" (Ricardo Alcorta). "Todos tenemos cánceres malignos", indicó Amado.

El diputado frenteamplista Víctor Semproni contó que fue varias veces torturado por Jorge "Pajarito" Silveira (hoy en prisión). "Era un torturador sádico, lo hacía por placer, para divertirse. No sólo para sacar información", dijo.

Su compañero de bancada Darío Pérez relató su experiencia en un batallón en Maldonado, donde estaba preso junto al también hoy diputado fernandino Pablo Pérez: "Había un viejo que lo tenían sentado en una silla de peluquero de madera, atado y amordazado con cuerdas. También lo envolvían en ponchos y lo tiraban al suelo, pero él gritaba que `¡algún vivo va a quedar para contarlo`!", dijo con voz quebrada y lágrimas.

Los dos diputados de la CAP-L, Carlos Gamou y Nicolás Pereyra, explicaron que ese sector del Frente Amplio está en contra del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, pero votaron por disciplina partidaria. Pablo Pérez, de Alianza Progresista, también votó por disciplina partidaria y Semproni (Espacio 609) dijo que es "biológicamente frenteamplista, auténticamente demócrata y acepta decisiones mayoritarias", y admitió "serias dudas" sobre la "constitucionalidad" del proyecto, aunque cree que es "la fórmula menos mala".

La jornada parlamentaria concitó mucha atención. El senador Rafael Michelini siguió el informe inicial de su hermano, el diputado Felipe Michelini. También estuvieron en primera fila en el palco los senadores blancos Jorge Larrañaga, Gustavo Penadés y Luis Alberto Heber. En las barras estuvo una delegación del Pit-Cnt encabezada por el coordinador Juan Castillo.

Frente al Palacio había pancartas reclamando "anular la ley de caducidad" y exigiendo "verdad y justicia".

ARTÍCULO 1° Interprétese de conformidad con el artículo 85 numeral 20 de la Constitución de la República que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.

ARTÍCULO 2° Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4, 72, 83, y 233 de la Constitución y carecen de valor jurídico alguno.

ARTÍCULO 3° En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de esta Ley:

a) El archivo de las actuaciones decretadas por el Juez competente por aplicación del artículo 3º de la Ley 15.848, no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.

b) Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley 15.848, o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales, continuará de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público.

c) Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles, y hayan sido o pudieren haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo 1º de la Ley 15.848, no podrá computarse a los efectos de la prescripción, el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

ARTÍCULO 4° Lo dispuesto en esta ley se aplicará a las nuevas denuncias que se presenten.

Nadie podrá "escabullirse" de la Justicia

Frente Amplio

"Reestablece la independencia del Poder Judicial, adecua la normativa legal a las disposiciones de la Constitución y armoniza las normas internas a las disposiciones del derecho internacional" sobre derechos humanos. Ninguna persona "podrá escabullirse de la acción de la Justicia", dice el informe del Frente Amplio. El proyecto interpretativo "no vulnera principio constitucional alguno" y arregla "graves inconstitucionalidades".

Se desconoce voluntad del elector

Partido Nacional

"Desconoce la voluntad del Cuerpo Electoral" (en referencia a los referéndum de 1989 y 2009), lo cual "sería tan grave como desconocer el resultado de una elección". "Ni la dictadura se animó" a desconocer un plebiscito. El Poder Legislativo "no puede modificar ni derogar ni mucho menos anular la ley, dado que eso no es admisible en el ordenamiento jurídico". Menciona informes de catedráticos que establecen "objeciones jurídicas fuertes".

Afecta competencia del poder judicial

Partido Colorado

"El legislador no puede decir que una ley es ilegítima, sólo puede derogarla". Los colorados rechazan el proyecto porque "afecta la competencia del Poder Judicial, reinstala la responsabilidad penal, vulnera la cosa juzgada, afecta la seguridad jurídica de las personas" y agregan que "no puede castigarse lo que no está tipificado como delito en el momento de la comisión". El informe hace hincapié en la "ejemplar salida democrática".