Redacción El País
El Frente Amplio buscará llegar en el próximo quinquenio a una meta trazada desde hace una década, que aún nadie logró: llegar al 6% del PIB para la educación y 1% para la ciencia. Este reclamo histórico de los sindicatos, acompañado por la izquierda pero no concretada por sus gobiernos, resurgió otra vez al ser incluido entre las “acciones prioritarias” del Frente Amplio.

“Avanzar en la universalización de la educación, con un presupuesto acorde a las necesidades de la población. Por lo tanto, y cumpliendo con el compromiso histórico de nuestra fuerza política, retomaremos el crecimiento de la inversión en educación pública estatal, sobre la base del 6% en educación más el 1% del PIB para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, garantizando alcanzar esas metas en el período de gobierno 2025-2030. Los citados incrementos sobre esta base tenderán a mayores niveles de justicia, social y equidad en la inversión por estudiante”, señalan las bases programáticas del Frente Amplio.

El objetivo sobre el cual se parará el gobierno entrante, encabezado por el docente de Historia Yamandú Orsi, es similar al que se trazó el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, pero hay una diferencia. En las bases programáticas se habla de crecer sobre esa “base”, mientras que en 2015, el entonces ministro de Economía Danilo Astori había precisado que se iba a “tender” a llegar al 6% del PIB para la educación, durante ese período, cosa que no se consiguió, quedando el presupuesto educativo en su conjunto en 4,8%.

“Creo que vamos a ir hacia esa meta y que vamos a mejorar sustancialmente el presupuesto actual de la educación. Previo a ello, hay que saber cuál es el estado real de la situación económica de las cuentas públicas”, dijo sobre el objetivo de llegar al 6 + 1 el ministro designado de Educación y Cultura, el astorista José Carlos Mahía, en diálogo con El País.

Para el también docente de Historia, una de las claves de la transición es analizar “qué tan profundo es el déficit fiscal, qué tanto creció el endeudamiento, qué tanto se generaron compromisos de esta administración para la que viene, así como cuál es la situación en cuanto a los funcionarios públicos y demás”.

“Hasta no tener eso consolidado, no podemos profundizar ni proyectar más. Y eso todavía no lo sabemos”, dijo Mahía, que el viernes tuvo una reunión con el ministro saliente, Pablo da Silveira.

Orsi anunció en campaña 48 “prioridades” de gobierno, que incluyen un bono de $ 2.500 a las familias de educación pública para el comienzo de clases, duplicar la cobertura en jardines y escuelas de tiempo completo y extendido, ampliar becas, lo cual implica ya un aumento del gasto, que podría contribuir en alcanzar la meta trazada para el presupuesto educativo.

El País intentó, sin éxito, comunicarse con integrantes del futuro equipo económico, encabezado por el economista Gabriel Oddone, para consultar las posibilidades de concretar el objetivo presupuestal. Cabe recordar que el exrector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, estará al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

El último gobierno del Frente Amplio, como el saliente, no han llegado al “6 + 1”, que no es una cifra aislada. Se enmarca en la Agenda Educación 2030 de Unesco, del año 2015, que exhortó a los países a asignar para la educación “como mínimo, entre el 4% y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público”.

Uruguay destinó en 2023 el 4,9% del PIB a la educación, según la exposición de motivos de la última Rendición de Cuentas. Pese al leve incremento, los sindicatos señalaron que en este período de gobierno hubo un “recorte” presupuestal de unos “US$ 300 millones” (ver aparte), algo que han negado las autoridades.

La evolución del gasto público en educación marca que entre 2019 a 2022 hubo una caída del presupuesto de Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que luego se revirtió, llegando en 2024 a la mayor cifra de este gobierno. En valores constantes, hubo una caída presupuestal de $ 7.671 millones, alrededor de US$ 190 millones, entre 2019 y 2022. El presupuesto luego creció tras un convenio de recuperación salarial desde 2022 a 2025. ANEP es el organismo estatal con más funcionarios, que destina 90% del dinero en salarios. En 2024 se llegó al mayor presupuesto del período, de unos US$ 2.600 millones, 5,6% más que en 2019, en términos reales. Para el consejero Juan Gabito, este “aumento histórico” descarta el “recorte” que han venido denunciando los sindicatos. Pero hay otras lecturas. Walter Fernández Val, del equipo del consejero docente Julián Mazzoni, indicó días atrás a La Diaria que “cada docente ha perdido algo más de un salario y medio durante este período de gobierno con respecto a 2019”. Entre 2020 a 2023, estimó una caída presupuestal de US$ 318 millones. El gobierno entrante aún no dio pistas en cuanto al presupuesto que dará a la educación.