Redacción El País
El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió ayer iniciar acciones judiciales contra los padres de una comunidad menonita de Florida por no enviar a sus hijos a la escuela, confirmó El País con fuentes del máximo organo educativo.

La votación de este miércoles fue particular para el usual quorum del ámbito colegiado. El consejero nacionalista Juan Gabito fue el único que se opuso en la definición, ya que tanto la presidenta de ANEP, la colorada Virginia Cáceres Batalla, la consejera Dora Graziano, y los dos consejeros en representación de los docentes, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, votaron a favor de avanzar con las acciones judiciales contra los padres.

La definición, como informó La Diaria, se tomó una semana después de que el Codicen resolviera esperar un informe de la inspección departamental de Florida antes de dar el paso de activar acciones judiciales, acotaron las fuentes.

Las autoridades educativas detectaron en 2023 que 11 niños del colectivo menonita de inmigrantes de Estados Unidos "no asisten a centros educativos públicos ni privados", tal como informó El País hace una semana.

Los padres alegaron que sus hijos estaban siendo enseñados por "dos educadores", y que habían sido inscritos antes en el Colegio Face Primary Army, radicado en Estados Unidos.

Hubo, al menos, tres instancias de acercamiento desde que detectaron el caso, incluso le ofrecieron escuelas públicas del departamento, y hasta asistirlos en abrir un colegio autorizado, pero los padres "no aceptaron" las opciones.

Esto generó un debate a la interna del oficialismo del Codicen. Gabito se mostró en contra del informe de Jurídica que recomendaba judicializar el caso, esgrimiendo razones de forma y contenido. Mientras que Cáceres estuvo a favor desde que llegó el expediente hace pocas semanas para su tratamiento.

“No tengo ninguna duda de que es una situación que está por fuera de lo que establece la normativa, y si no logramos con mecanismos de diálogo e intervención cambiar la posición y que voluntariamente se inscriban y concurran a un centro educativo, lo que corresponde es que lo judicialicemos”, había adelantado Cáceres a El País.