EDUCACIÓN

La reforma educativa promovida por el actual gobierno busca romper con las estrategias tradicionales. Por eso, algunas modalidades de trabajo provocan sorpresa y entre estas una muy cuestionada: la tercerización de servicios.

Hasta ahora se manejaba solo la posibilidad de contratar auxiliares de servicio, para asegurar la limpieza de los centros en casos en que ausentismo de los funcionarios afecte a alguna institución. Pero ahora también se piensa en recurrir a privados para trabajar con estudiantes.

Dentro de la Rendición de Cuentas que entregó laAdministración Nacional de Educación Pública (ANEP) al Parlamento, aparecen gastos asociados a la extensión del tiempo pedagógico en primaria. Este dinero se usaría, justamente, para contratar servicios por fuera del sistema.

Según supo El País, se recurrirá a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), clubes deportivos y gimnasios, entre otras asociaciones civiles. La contratación será para recibir a los jóvenes en un tiempo extendido, más específicamente durante el contraturno. Las actividades en las que trabajarán estas empresas serán del tipo recreativo y lúdicas.

El objetivo que persigue este mecanismo es que, para 2025, el 40% de los jóvenes que estén entre 1° y 6° de escuela, integren ofertas de tiempo extendido. Este porcentaje de jóvenes está inserto en los contextos más vulnerables -quintiles 1 y 2-, donde se presentan las índices de repetición más altos. Hoy en día, de este 40% solo el 24% participa de modelos de tiempo extendido.

Para poner en marcha esta parte de la transformación educativa, la ANEP requerirá en el año 2023 $ 57.940.000. Mientras que para el año 2024 la cifra asciende a los $ 149.210.000. Estos montos se sacarán de una cifra de US$ 40 millones que el Banco Mundial otorgó a la ANEP a principios de este año.

La cifra cambia de un año al otro, porque en 2024 se pretende hacer la mayor inversión para las propuestas de tiempo extendido. Así lo hizo saber el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, quien aseguró que “el foco estará en las escuelas Aprender”. Estas están ubicadas en los contextos más vulnerables.

El trabajo en el contraturno será supervisado por nuevas figuras educativas: coordinadores de enseñanza o de deportes y recreación. Estos, según Silva, son los que aportan al control y monitoreo de la ANEP.

En esta línea, el barrio Casavalle será el primer escenario donde se buscará implementar el cambio. En esta zona, todas las escuelas son Aprender, los índices de extraedad son los más altos y los de desvinculación también son elevados.

Desde primaria se están analizando las necesidades en estas zonas para, en 2023, comenzar los procesos. Luego se pondrá foco en el interior del país. Las tareas a realizarse en el extraturno serán propuestas por los centros, para que de esta manera no se copie la lógica de Montevideo en el interior.

Para el presidente del Codicen se trata de “atender una deuda histórica” con los más pobres. “Mientras algunos se abrazan a discursos ortodoxos, las necesidades de la gente aumentan”, sentenció.

Una de las primeras voces en marcar disidencias con la propuesta de la ANEP, fue la consejera electa Daysi Iglesias. Semanas atrás aseguró en conferencia de prensa estar seriamente preocupada por estas contrataciones y criticó que no se destine este dinero para instituciones de la ANEP.

Iglesias afirmó que “hay pérdida de control” al contratar ONG, porque no se rigen por los criterios oficiales. “No estoy de acuerdo con el destino, porque los servicios de extensión pedagógica deben ser garantizados por la ANEP “, dijo.

En tanto, la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, prefirió no adelantar posturas, ya que la mesa representativa del sindicato se reunirá el 23 de julio para tratar el tema.

Por su parte, Héctor Florit -director del Consejo de Educación Inicial y Primaria en el gobierno de José Mujica y subdirector en el gobierno de Tabaré Vásquez- afirmó que el plan de Silva es un “error” que afectará negativamente a la educación pública.

El integrante de la FUM puso sobre la mesa que con este cambio se busca reducir gastos y se mostró crítico con los dichos de Silva. “Si esta postura es ortodoxa, la postura de la ANEP enajena la educación pública a manos privadas”, dijo.

Por su parte, el senador frentamplista Sebastián Sabini planteó preocupación por lo que entiende como una ruptura en el trabajo que se viene realizando en primaria.

“Contratar personal docente estable me dejaría más tranquilo, porque desde el punto de vista de los trabajadores se está precarizando la propuesta”, señaló el dirigente. Con esto, el senador del MPP se refirió a la falta de estabilidad laboral con la que contarían los trabajadores de las ONG. Por último, acotó que el discurso del gobierno resulta contradictorio, porque “en el Mides están en contra de las ONG y acá pasa lo opuesto”.