CONTRA LA REFORMA

A una semana de que se iniciara la huelga por parte de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) -que nuclea a los profesores que dan clases en Montevideo-, ayer se decidió suspender la medida y retomar el trabajo con normalidad. Sin embargo, en un comunicado el sindicato enfatizó que se mantienen en conflicto.

“Nos mantenemos en contra de la persecución antisindical, antigremial y contra la ‘transformación educativa’ que de hecho es un ajuste presupuestal, pedagógico y de derechos”, expresó ADES.

Por su parte, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó a El País que durante la semana de huelga el 60% de los profesores capitalinos no se adhirieron a la medida sindical y asistieron a clase. Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP, indicó que en algunos centros educativos incluso hubo un 90% de asistencia de los docentes.

“Varía en función a la realidad de cada establecimiento”, puntualizó Silva.

Ante la ausencia de los profesores en algunos liceos se llevaron a cabo actividades recreativas o en otros casos los adscriptos atendieron los grupos. Por otro lado, la ANEP prevé extender las clases en los centros que estuvieron ocupados por más días.

La semana pasada Silva exhortó a que los alumnos concurran a los centros educativos. “Los liceos públicos de Montevideo están abiertos por lo que exhortamos a las familias y a los estudiantes a concurrir a clases. ¡Demasiado hemos perdido con la pandemia!”, publicó en su cuenta de Twitter.

En el marco del conflicto con los sindicatos, el presidente del Codicen subrayó que la transformación educativa no puede seguir postergándose y que continuamente se ponen frenos. Por eso, incitó a que los sindicatos de la educación propongan medidas alternativas en lugar de poner obstáculos. Silva aseguró que están dispuestos a analizar estas posibles sugerencias.

ADES, al igual que otros gremios, mantiene su postura en contra de la reforma educativa y enfatiza que la huelga es “por la defensa de la democracia, la libertad de expresión, la negociación colectiva y los derechos de los estudiantes”. Critica, a su vez el “autoritarismo” y la “persecución” a estudiantes y docentes por parte del gobierno.

Señalan que la “llamada transformación educativa” no reconoce y “violenta todos los derechos” que ellos defienden, y “es una forma de desarticular la educación pública”. Agregan que los docentes perderán horas de trabajo, se cambiarán asignaturas por “talleres” sin un fundamento epistemológico, pedagógico o didáctico y, por último, alertan que las autoridades parten de falsos supuestos y desconocen los proyectos y acciones de enseñanzas existentes.

Ayer, el último día de la huelga de ADES, se ocupó el liceo N° 53 y hubo una marcha desde el viaducto de Paso Molino hasta las puertas del Codicen. “Nos movilizamos una vez más en reclamo de más presupuesto y en contra de la transformación educativa. Merecemos que se nos escuche”, se sostuvo desde el sindicato.

El País intentó comunicarse con los referentes del sindicato para consultar su evaluación sobre el nivel de adhesión a la huelga (y sus números al respecto), pero no obtuvo respuestas.

A su vez, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) marcó un paro de 48 horas a nivel nacional en la última semana de octubre, cuya fecha aún falta confirmar.

El Ceipa, sindicato de docentes del Instituto de Profesores Artigas (IPA), por otro lado retomó la ocupación de su centro principal -sobre la avenida Libertador- que comenzó el martes pasado. Y propuso una ocupación a nivel nacional en todos los centros de formación docente.

Juan Antonio Gabito, uno de los consejeros del Codicen, dijo a El País que ir a la “medida extrema” de huelga y de ocupación es una incoherencia con el estar una y otra vez pidiendo diálogo con el Codicen. “Tampoco es coherente con la actitud de su representantes en el consejo que no votó en contra de este nuevo plan, sino que simplemente se abstuvo”, determinó Gabito.

Cree que si no se acepta “el juego de la institucionalidad democrática” que establece cómo se compone el consejo y cómo se manifiesta su voluntad -por mayoría de votos- se enfrentan a “un problema”. “Se cuestiona la propia institucionalidad de quien gobierna”, destacó.

A su vez, indicó que se defiende la educación como un derecho humano fundamental, pero esta medida sindical perjudica sobre todo a los alumnos más vulnerables.

En tanto, Julián Mazzoni, el consejero docente de ANEP e integrante de Fenapes, dijo a El País que no es cierto que Silva haya abierto un espacio de diálogo con los sindicatos: “Si yo te recibo y escucho tus planteos, pero después no te los contesto, eso no es diálogo, es un intercambio de información”.

Piensa que desde la ANEP se deberían leer los documentos y propuestas que surgen de las asambleas nacionales técnico docentes.

Asimismo, Mazzoni señaló que “esta huelga no tiene nada que ver con el preacuerdo sobre el tema de salarios e inequidad, como varios han señalado”, y expresó que estas movilizaciones tiene que ver con la transformación educativa.

Explicó que hay modificaciones laborales que se van a realizar cuando se ponga en marcha la nueva malla curricular, aunque reparó en que no habrá eliminación de cargas horarias, “según el compromiso del presidente del Codicen”.