EDUCACIÓN Y VIRUS

El próximo martes, tras el feriado por el descubrimiento de América, la asistencia a la educación volverá a ser obligatoria. De esta manera retorna uno de los principios varelianos que había quedado en suspenso por la emergencia sanitaria. Los niños de cuatro y cinco años de Inicial, los alumnos de las escuelas, los liceos y las UTU tendrán que, sí o sí, acudir a clases cuando sean convocados. Y esto vale para públicos y privados.

La excepción es la población de riesgo al COVID-19. Así lo dispuso la resolución que ayer firmó el presidente del Codicen, Robert Silva.

“Se mantienen in totum los protocolos sanitarios y por eso es que son convocados los alumnos en las condiciones que cada centro determinó para asegurar el distanciamiento. Lo que se va a pedir es que sea una concurrencia obligatoria, porque el hecho es que en algunos centros, aun teniendo las distancias, tienen una concurrencia baja, y ese es el problema que está enfocando en este momento el Codicen”, explicó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Eso significa que, por ahora, se mantiene el distanciamiento físico y, por tanto, en la mayoría de escuelas la presencialidad no será todos los días.

En las escuelas públicas uruguayas hubo, en promedio, apenas 12 días de clases presenciales en el último mes. Ocurre que el requisito de mantener una distancia de un metro y medio entre los bancos escolares hace que los grupos se tengan que subdividir y no todos los alumnos son convocados a diario.

Pero según los datos del sistema informático GURI, difundidos por El País, de esos 12 días de presencialidad los niños asistieron, en promedio, ocho. En la educación inicial y en las escuelas de contextos más críticos la media fue aún menor.

Con estos datos en cuenta, el presidente del Codicen, Silva, realizó gestiones con el Poder Ejecutivo para el retorno de la obligatoriedad, un pedido que el consejo de Primaria había elevado a las autoridades de la enseñanza a mitad de año.

El retorno a la obligatoriedad supone que se retome el requisito de asistir a clase para el cobro de algunas prestaciones. El año pasado Primaria denunció penalmente 410 casos de padres que no enviaron a sus hijos a la escuela.

El principio que dio origen a la obligatoriedad nació en 1877, cuando José Pedro Varela explicó que “el padre que priva a su hijo de esa educación comete un abuso que el poder público debe reprimir”.

Es el mismo fundamento que, más de un siglo después y en medio de la pandemia del COVID-19, llevó a que la inspectora técnica de Primaria, Selva Pérez Stábile, se animara a filmarse en un video reflexionando: “¿Qué hacen ustedes por los niños y su educación?”.

En esa pieza audiovisual, de unos siete minutos y difundida en las redes sociales, el máximo cargo técnico de la escuela uruguaya pidió hacer “todo lo que esté al alcance” para que los niños aprendan y socialicen.

Bajo el “norte” de incrementar la presencialidad, la primera medida que regirá desde el martes próximo es la obligatoriedad de la asistencia. Pero, como un paso futuro, el gobierno dejó abierta la puerta a flexibilizar los protocolos sanitariosen casos puntuales.

Eso significa que, pasado el aumento de nuevos positivos de COVID-19 que se está registrando en la actualidad -ayer hubo 21-, y tras la evaluación del impacto de la marcha de la diversidad y el acto eleccionario, algunos centros educativos podrían reducir las distancias entre los alumnos y, a cambio, incrementar la ventilación, dar clases al aire libre o buscar un equilibrio con otras medidas. Siempre con la premisa de “pasos cortos, seguros y con garantías”, explicó el ministro Salinas.

El grupo de científicos que asesora al gobierno había publicado un informe a fines de agosto en el que bregaba por el incremento de la presencialidad escolar. El documento explicaba que los niños enferman menos y contagian menos que los adultos y, a su vez, que la pérdida de escolarización estaba trayendo efectos adversos desde la pérdida de rutinas, incremento de patologías psiquiátricas y aumento de las inequidades.

Pero hubo un párrafo que los pediatras firmantes dejaron en claro y que podía ser clave en este contexto: “condicionar la posibilidad del aumento de la presencialidad según la situación epidemiológica de cada lugar”. Eso significa que, si bien la distancia del metro y medio sigue rigiendo, cabría la posibilidad de que hubiera excepciones.

Según Pablo Cayota, exdirectivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, “la obligatoriedad es condición necesaria pero no suficiente para más presencialidad”.

El docente, que dirige el colegio Santa Elena, dijo días atrás a El País: “Llegó el momento de ser honestos: ¿tiene sentido mantener la distancia física dentro de la clase si no se cumple en los recreos, en las casas y en los cumpleaños?”. Y se autorrespondió: “Les temo más a las consecuencias emocionales, cognitivas y sociales que estamos viendo en los niños, que al avance de la pandemia en sí”.

Las consultas por trastornos del sueño, depresión y ansiedad en los niños se cuadriplicaron con la pandemia, explicó en ese marco el neuropediatra Gabriel González. Ahora la enseñanza tendrá que evaluar cuánto de ello se revierte con el incremento de la presencialidad.