PUBLICOS Y PRIVADOS
Las zonas en las que el Codicen definió que no será obligatoria la asistencia son las que cuentan con más casos activos en todo el país.
El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, resolvió este viernes que "no será obligatoria la asistencia de estudiantes matriculados en educación inicial (4 y 5 años) y primaria a los centros educativos públicos y privados de los departamentos de Montevideo y Canelones y las ciudades de Rivera y Chuy, hasta la finalización del presente año", de acuerdo a una resolución a la que tuvo acceso El País.
Esta medida ocurre en una coyuntura de "avance" de casos positivos de coronavirus. Este jueves, Uruguay registró el récord de nuevos contagios (390), llegando a 2.650 casos activos, también un nuevo máximo desde que se identificaron los primeros cuatro casos de COVID-19, el 13 de marzo pasado.
Además, la resolución de este viernes llama al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) a "extremar medidas" para el "estricto" cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades "en todos" los centros educativos".
El texto revierte en dichas zonas del país la medida del 8 de octubre que "restableció la presencialidad obligatoria de estudiantes matriculados en la educación inicial, primaria y media (básica y superior) en todos los centros públicos y privados, cuando correspondiere asistir de acuerdo a las convocatorias realizadas por cada centro educativo".
De todas formas, restan pocos días para el fin de curso en Inicial y Primaria, que terminarán el próximo viernes 18 de diciembre.
"Es un mensaje potente y equivocado"
El colectivo "Familias organizadas de la escuela pública" se manifestó en contra de esta decisión y dijo en un comunicado que "rechaza enfáticamente la resolución de no obligatoriedad" en la asistencia comunicada por las autoridades este viernes.
"En un momento de gran incertidumbre para las familias, donde la información es escasa y confusa, quitar la obligatoriedad es un mensaje potente y equivocado que traslada nuevamente la responsabilidad a las familias de decidir si la escuela es un lugar seguro o no", afirmaron.
Tras la conferencia de prensa que brindó el presidente Luis Lacalle Pou el 1° de diciembre junto a parte de su gabinete y la cúpula del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) donde suspendió el deporte bajo techo y apeló al teletrabajo en el ámbito público y privado, entre otras medidas, la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) reclamó pocas horas después la virtualidad en la educación.
Su secretaria general, Elbia Pereira, consideró "inentendible" que los maestros no hagan teletrabajo luego de lo planteado. "Es inentendible una lógica que si lo que se pretende es la no circulación de las personas, los niños van acompañados de sus tutores, su familia. Hay lógicas que no se pueden entender", había señalado la dirigente sindical en diálogo con Radio Montecarlo.
La presencialidad en las aulas generó debate en el último tiempo. Tras un reclamo del CEIP, el GACH emitió un informe el 10 de noviembre en el que recomendaban que se retome la presencialidad en las escuelas de todo el país, en mayor medida.
"Parece claro que el riesgo de daño por no acceder a las clases presenciales es mayor al de un eventual contagio por concurrir a la escuela", había indicado el comité de expertos en esa fecha en que Uruguay contaba con 524 casos activos, la quinta parte de los casos activos que se identificaron este jueves (2.650).