El conflicto entre la ANEP y los sindicatos de la educación, al igual que con las Asambleas Técnico Docentes (ATD), se acentúa a medida que se aproxima el 2023. A partir de este año se implementará la tan nombrada transformación educativa y el presidente de la ANEP, Robert Silva, ya ha dicho en rueda de prensa que “de ninguna manera” se aplazará esta reforma pese a las ocupaciones de centros, paros y huelgas de los sindicatos.

Los consejeros electos por los docentes que conforman el Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP, Daysi Iglesias, de Primaria, y Julián Mazzoni, de Secundaria, catalogan este enfrentamiento como un conflicto “en espiral” del que es difícil salir si el gobierno no se sienta a negociar con los docentes.

En este sentido, son cinco las claves para entender esta tensa relación.

Uno de las principales críticas de los sindicatos es por la disminución del presupuesto de la ANEP en comparación a lo destinado en las administraciones frenteamplistas. Señalan que la pérdida es de US$ 151 millones. Sin embargo, en entrevista con El País, Silva afirmó que los sindicatos no reconocen que en la baja presupuestal entre 2019 y 2020 el gobierno actual “no tiene nada que ver” dado que la medida fue tomada por la administración de Tabaré Vázquez.

Los sindicatos y las ATD reclaman que los espacios de discusión con las autoridades de la ANEP no fueron ámbitos de verdadera negociación. Critican que, si bien Silva y su equipo escuchan a los grupos de docentes, no están dispuestos a modificar aspectos de la transformación educativa. “No hubo consultas, hubo un año y medio de trabajos a puertas cerradas”, dijo a El País la consejera Iglesias.

En la última reunión entre el Codicen y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, realizada el viernes pasado, los sindicalistas se levantaron de la mesa. Solicitaron, en tanto, que haya un ámbito de negociación tripartito con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Esto también ocurre tiempo después de que la Mesa Permanente de la ATD de Secundaria se retirara de la elaboración de los planes educativos y, el 3 de octubre, lo mismo ocurriera con el órgano homólogo de Primaria. Aunque, aun así, nueve de los 14 maestros que participan en esta mesa permanente expresaron su intención de continuar participando como particulares.

Otra de las modificaciones que provocó la irritación de algunos docentes fue que algunas materias pasaran a ser talleres, no solo porque alegan que cambia la dinámica y la importancia que se le da a la asignatura, sino porque temen que se pierdan horas docentes. De todas formas, Silva afirmó en distintas instancias de “Cara a Cara” que no habrá pérdida de horas.

En esta línea, frente a la aprobación preliminar de la nueva malla curricular, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) manifestó su “más enérgico rechazo” al documento preliminar del Plan de Estudios de la Educación Básica Integrada. Sobre todo por la introducción de 7°, 8° y 9°.

La decisión en torno a la repetición, que en 2021 fue del 4,4%, también es otro de los puntos muy cuestionados por los sindicatos. Adriana Aristimuño, directora de Políticas Educativas, informó que el plan de la ANEP prevé que se elimine la repetición en los dos primeros años de cada ciclo educativo. Argumenta que en estos dos años de cada tramo es conveniente implementar estrategias de acompañamiento y apoyos complementarios, es decir, acciones alternativas a la repetición escolar.

Entre los sindicatos de formación en educación el foco de las fuertes protestas reside en que la LUC generó que en 2023 quienes estudian para ser maestros y profesores accedan a un título universitario. No obstante, los estudiantes dicen que se impone un carácter universitario a través de un “simple título” y reclaman la creación de una Universidad de la Educación que sea autónoma y cogobernada, como sucede en la Universidad de la República (Udelar).