Consejeros de ANEP temen por cambios en certificaciones: ¿de qué se trata?

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Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de Educacion Publica (ANEP)
Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de Educacion Publica (ANEP).
Foto: Leonardo Mainé

PREOCUPACIÓN

Julio Mazzoni, consejero de ANEP, aseguró que el cálculo de la pérdida salarial actualmente asciende a “más de US$ 95 millones”.

La posibilidad de que en se generen cambios al sistema de licencias en la administración pública despertó la alarma en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Daysi Iglesias, una de sus consejeras, planteó en conferencia de prensa realizada ayer su preocupación por cómo puede afectar al ente autónomo.

De aprobarse la normativa a estudio en el Parlamento tal cual fue redactada los funcionarios públicos -a excepción de los que son parte de entes autónomos como la ANEP- que se enfermen o sufran accidentes no cobrarán los tres primeros días de ausencia y a partir del cuarto recibirán un 75% del salario.

Según Iglesias, la “doble pena” para los funcionarios públicos, más allá de que no afecte a ANEP, es una resolución grave. Y advirtió que la aplicación en los entes autónomos de estas modificaciones -que sostuvo que podría ser algo a aplicarse en el futuro- generarían diversas complicaciones. Iglesias realizó una conferencia de prensa junto al también consejero de ANEP, Julio Mazzoni.

Por otra parte, ambos representantes elegidos por los docentes fueron categóricos al criticar que no hubo aumento salarial y que las partidas destinadas a otras ramas de la educación fueron hasta el momento “insuficientes”.

En este sentido, Mazzoni aseguró que el cálculo de la pérdida salarial actualmente asciende a “más de US$ 95 millones”. Además, manifestó su molestia por lo que considera una “falta de contemplación” en recursos para la Universidad de la República.

Asimismo, Iglesias sostuvo que se pidió que las evaluaciones de los centros María Espínola (una suerte de plan piloto de la reforma educativa) sean realizados en conjunto de forma bipartita entre la administración y los sindicatos.

Por último, la consejera mostró su desacuerdo con la decisión de destinar partidas para la contratación de ONG que cubran los contraturnos de estudiantes de Primaria en zonas vulnerables. “Hubiéramos preferido que este dinero fuera destinado a instituciones de la ANEP”, concluyó.

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