MOLESTIA EN PROFESORES

La educación obligatoria en Uruguay parece un colador. El último año nacieron en el país unos 34.500 niños. Solo unos 27.600 de ellos llegarán a la escuela por encima de la línea de pobreza. Solo 26.500 llegarán al primer año del bachillerato. Y solo 17.000 acabarán la educación en obligatoria (de los cuales 13.500 lo harán en tiempo y forma). Ese es el diagnóstico que impulsa una transformación educativa.

Los representantes de los docentes en el Codicen coinciden con la existencia de ese talón de Aquiles, pero discrepan con que la escuela o el liceo sean los únicos responsables de la expulsión de niños y adolescentes del sistema. Esa interpretación de los datos fue uno de los motivos por los cuales los consejeros votaron en contra del documento base de la reforma educativa (el marco curricular), a la que se sumó la crítica a cómo fue el proceso de consulta a maestros y profesores, y al riesgo de que “los contenidos se diluyan”.

Esa puja entre consejeros electos por los docentes y consejeros políticos llevó a que el director de UTU, Juan Pereyra, llegara a increpar a los representantes docentes en una sesión: “a ustedes les ponemos una hoja en blanco en frente e igual van a votar en contra”.

La tensión no es nueva. De hecho algunas autoridades políticas reconocen que la victoria holgada de los sindicatos en las elecciones de la ANEP es el fruto de un malestar que une a la masa docente.

Sin embargo, la consejera docente Daysi Iglesias aclaró ayer, en conferencia de prensa, que no existe una intención de obstaculizar las reformas, sino que son “discusiones académicas” sobre para qué y cómo educar.

En esa línea, la representante electa por los maestros y profesores explicó que se “encontraron con un plan nacional centrado en competencias (…) con un desdibujamiento de las disciplinas de estudio y de los contenidos, lo cual hace pensar en una superficialidad sobre los aprendizajes esperados”.

Iglesias aclaró que no se opone a que el currículo tenga competencias -como ya existe en el FPB de UTU, por ejemplo-, siempre y cuando haya un mix con el currículo en base a contenidos. Porque, de lo contrario, dijo que todo se reduce al “saber hacer”.

El sociólogo Pablo Menese, especializado en desigualdad educativa, publicó un hilo de Twitter en que cuestiona que se diga que las competencias son “una mercantilización de la educación”. El sociólogo explicó que, en todo caso, en un país como Uruguay las personas a la edad en que termina el bachillerato necesitan hacer valer su capital para “diferenciarse de la masa salarial promedio y negociar mejores condiciones”. Quien tiene un capital físico por herencia no necesita como tal de la educación formal para ello, pero “la mayoría de los uruguayos” solo pueden demostrar su capital humano para, a fin de cuentas, mejorar el bienestar.

Los representantes docentes, sin embargo, no solo cuestionaron el contenido, sino los tiempos de consulta que se les dio a los maestros y profesores: “Cuando usted trabajó todo un año en un plan, todo 2021, no puede esperar a consultar a todo el cuerpo docente, a más de 50.000 docentes, en un solo día acotado. En todas las ATD (asambleas técnico docentes convocadas el jueves pasado) surgió la inquietud del tiempo y que eso es una desvalorización de sus opiniones”.

La consulta que se hizo a las ATD -razón por la cual el jueves pasado no hubo clases- así como la encuesta online que pueden llenar los docentes no son vinculantes. Es decir: el Codicen puede avanzar con su documento sin que una oposición de los docentes implique un cambio en el texto.

El consejero Julián Mazzoni, también electo por los docentes, aclaró que sería “muy malo” para una reforma educativa que se avance sin escucharlos. Al respecto, Iglesias agregó otro cuestionamiento de la reforma: “la resolución del MEC de dar títulos a los docentes merece un análisis crítico (porque) deja afuera a casi 40.000 que ya están titulados”.