“CAMBIAR UNA LENGUA NO SE IMPONE”
Con este proyecto normativo “se está atacando la libertad de cátedra”, explica Mariana Achugar, integrante de la Comisión Ejecutiva de ADUR.
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La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) manifestó su “preocupación” por el avance de un proyecto de ley que intenta prohibir el “uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el idioma español, más conocido como ‘lenguaje inclusivo’”, en las instituciones educativas.
Con este proyecto normativo “se está atacando la libertad de cátedra”, explica Mariana Achugar, integrante de la Comisión Ejecutiva de ADUR y doctora en Lingüística Hispánica. Porque “el fundamento de la libertad de cátedra es poder ver de manera crítica las distintas posiciones de una sociedad sin estar condicionado por los poderes de afuera (…), no es solo enseñar lo que parece lindo y estamos de acuerdo, sino también el disenso”.
El proyecto de ley en cuestión es impulsado por la diputada Inés Monzillo (Cabildo Abierto). Ingresó a la comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes a comienzos de abril, y en el tercero de sus tres únicos artículos reza: “La libertad de cátedra no podrá ser invocada como eximente al incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley”.
En su exposición de motivos, Monzillo aduce que se “pretende regularizar el derecho a la libertad de cátedra, con el fin de establecer esta prohibición, del mismo modo en que nuestra Constitución prohíbe actualmente el proselitismo político partidista en la enseñanza (lo que es) reconocida oficialmente por el Estado”. Pero desde ADUR argumentan que “el proselitismo es decir qué votar, mientras que libertad de cátedra es, justamente, lo contrario: mostrar las diferentes opciones”. Achugar lo explica con un ejemplo: “En un salón de clases se puede hablar de la eutanasia y no es que se prohíba porque se votará un proyecto en el Senado, en todo caso la libertad de cátedra consiste en mostrar los argumentos y las evidencias de quienes están a favor y quienes están en contra en ese debate”.
El proyecto de la legisladora cabildante comprende a toda la enseñanza, pública y privada, y en todos los niveles (incluyendo la educación universitaria). Pero, ¿por qué una representante del pueblo presenta un proyecto que busca prohibir determinados usos del lenguaje? Monzillo justifica que el hablar de “todes” o “tod@s” es cuestión “de una moda” y que es el “reflejo de una ideología”.
En ADUR coinciden, pero para criticar a la legisladora. “La representante elige enfocarse en una forma de usar el lenguaje por asociarla a ciertos movimientos sociales, entre ellos los feministas, y para ello se basa en una motivación política: pretender que todos hablemos igual es una ideología lingüística”, dice Achugar, quien aclara que “hace tiempo, y no solo en Uruguay, estamos asistiendo a una campaña de ataque a la libertad de expresión y de cátedra”.
Francia apostó por el prohibicionismo lingüístico, Perú estudia un proyecto de ley en esa misma línea y en algunas zonas de Estados Unidos existe la discusión (es parte de lo debatido en Florida tras la aprobación de la llamada ley Don’t Say Gay).
La prohibición
“Los lingüistas no son policías de la lengua, por la sencilla razón de que el cambio en una lengua no se impone ni se evita.
No puedes imponer por ley, por decreto o por prohibición expresa determinadas normas de uso, sean transitorias o no, porque es un fenómeno cultural que lo va resolviendo el pueblo en su uso”, explica Ricardo Pallares, integrante de la Academia Nacional de Letras.
Esta Academia es otra de las mencionadas en el tercer artículo de la ley. Porque el texto, tal cual está escrito, dice que, cuando se verifique que se violó la prohibición dispuesta en la normativa, “previo dictamen de la Academia Nacional de Letras”, el Ministerio de Educación y Cultura se lo comunicará a la institución educativa para el inicio del procedimiento disciplinario.
Pallares, quien habla a título personal, dice que “el dictamen previo de la Academia será difícil de instrumentar”. Y parte de su explicación es que “más allá de la normativa de los diccionarios, la lengua no es legislable. La autoridad lingüística solo recomienda desde lo técnico y lo teórico. Pero el uso es libérrimo. Los usurarios permanecen al margen del debate, usan el lenguaje y punto”.
La diputada Monzillo expuso que Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, dijo que el lenguaje inclusivo es “aberrante” y que la lengua tiene reglas que no se pueden quebrantar.
Pero otro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, había argumentado en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española que es necesario “jubilar a la ortografía” porque lo fundamental de la lengua es comunicarse y entenderse.