El pedido que harán las autoridades de la UTU al Ministerio del Interior tras el robo a mano armada en clase

El director general de UTU, Juan Pereyra, dijo que contratar un servicio 222 durante las 24 horas del día implicaría un gasto de $ 500.000 por mes, algo que no podrían pagar a esta altura del año.

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UTU de Cruz de Carrasco conmocionada tras el asalto en un salón de clases. Foto: Francisco Flores / El País
UTU de Cruz de Carrasco conmocionada tras el asalto en un salón de clases.
Foto: Francisco Flores / El País

Redacción El País
La comunidad de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) sigue conmocionada por el robo que a media mañana de este miércoles se produjo en un salón de clases en la sede de Cruz de Carrasco. Dos delincuentes ingresaron armados a un salón de octavo de ciclo básico, en donde había un conjunto de alumnos de entre 13 y 14 años, y apuntaron primero contra el profesor y luego hacia los estudiantes, y se llevaron tres celulares.

Después de lo sucedido en el instituto que queda en Emilio Ravignani y Nuñez de Arce, la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) cortó sus actividades por el resto del día para realizar una asamblea y analizar los pasos a seguir.

Juan Pereyra, director general de UTU, dijo que en esa escuela “la mayor parte de los padres retiraron a los alumnos” y “solo quedaron algunos porque hay comedor”. En el transcurso de la jornada se hicieron presentes autoridades del Ministerio del Interior que se comprometieron a mantener una reunión con altos cargos de UTU el próximo lunes para conversar sobre posibles medidas.

Y en esa reunión, según adelantó Pereyra a El País, las autoridades de UTU intentarán convencer al Ministerio del Interior de que ponga más elementos de seguridad en la zona, porque la institución educativa ya no tiene presupuesto como para seguir gastando en servicios 222, de vigilancia especial de la Policía.

Es que como “es una zona muy complicada” el centro cuenta con un servicio nocturno de 222 para que se encargue de la vigilancia mientras la escuela está cerrada. Pero “es muy difícil otro 222 por temas económicos”. Según dijo Pereyra, actualmente solo para ese centro se gastan unos $ 200.000 mensuales, y contratarlo por 24 horas “sale unos $ 500.000”.

Explicó que “es complicado el tema seguridad porque los recursos” de la UTU “están destinados a educación”, y “en este momento, porque ya estamos a fin del año”, no se cuenta con más presupuesto. “La capacidad nuestra en la parte de seguridad ya está al límite por la cantidad de centros educativos”, apuntó Pereyra.

Y aclaró que si bien “la función de UTU es educar” se cubre no solo la seguridad nocturna sino que “ahí se da de comer a los chicos desayuno, almuerzo y merienda”, y se ha decidido invertir en salud mental también, “nombrando más psicólogos”.

Por este motivo, el director general de UTU entiende que la institución ya no puede seguir gastando en seguridad, y una vez planteado el tema a las autoridades se verá cómo “lo resuelve el Ministerio del Interior en base a su expertise”. A su entender, “esto se va a solucionar de la mano del Ministerio del Interior con una mayor vigilancia externa”, porque además “las medidas que ellos toman”, en referencia a la Policía, “siempre dan resultados porque ellos conocen”.

En este sentido, dijo que una de las características de la UTU es estar presente en “las zonas más complicadas”, aquellas en donde hay altos índices de delitos. “Ahora nos estamos encontrando con la problemática de que no solo tenemos que cuidar los centros educativos cuando están cerrados sino cuando tienen la gente adentro”, lamentó.

Pedido de informes

Frente Amplio pide explicaciones

En este contexto, el senador del Frente Amplio Charles Carrera anunció la presentación de un pedido de informes al Ministerio del Interior. En su cuenta de Twitter señaló que esta “grave situación que se repite en los centros educativos” es la “triste confirmación de la inseguridad que se sufre”, lo que va “a contramano de un relato oficial que no asume la realidad ni cumple con uno de los cometidos básicos del Estado que es asegurar la convivencia en los centros educativos”.

El objetivo del pedido de informes, enviado a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, para que lo eleve a la cartera, es “conocer las medidas dispuestas para revertir esta situación que afecta a docentes, estudiantes y a las familias de los miembros de la comunidad educativa”.

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