RETORNO A CLASES

Para que el COVID-19 colapse a todo el sistema asistencial uruguayo deberían producirse unos 8.700 contagios al mismo tiempo. Si se alcanzara esa cantidad todas las camas de CTI e intermedios quedarían ocupadas, según estimó anoche el presidente Luis Lacalle Pou.

“Obviamente estamos lejos”, dijo el mandatario. De hecho, hasta ayer se habían producido en total 456 casos desde que comenzó la epidemia en el país.

Para llegar a esa conclusión los técnicos del gobierno evaluaron el comportamiento del brote y los requerimientos de camas tanto en Uruguay como en el resto del mundo.

En la actualidad hay 622 camas de CTI en Uruguay de las que “382 están disponibles”, según indicó el primer mandatario. A estas se sumarán otras 100 camas y respiradores cuya llegada al país se espera para los próximos días.

Ayer se realizaron 448 análisis de los cuales 32 resultaron positivos, 22 de ellos corresponden al Hospital Vilardebó. Desde que se inició el brote, hay 192 pacientes recuperados. Desde el 13 de marzo, cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en el país, se han procesado 6.175 exámenes.

El último dato disponible era del martes de noche cuando el gobierno había informado que eran 424 los casos positivos de coronavirus en Uruguay.

Además, había indicado que ese día se había registrado la séptima muerte por COVID-19 en el país, “un paciente de 84 años procedente de Maldonado que padecía patologías previas”, según indicó un comunicado del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por otro lado, anoche Lacalle Pou anunció el primero de los retornos a la actividad educativa pública tras el inicio de la crisis sanitaria. Se trata de los alumnos de las escuelas rurales instaladas fuera de los departamentos de Montevideo y Canelones.

“Estamos previendo para el 22 de abril la posibilidad que 973 escuelas rurales fuera del departamento de Canelones empiecen las clases con asistencia voluntaria”, anunció.

Los centros educativos enclavados en el medio rural tienen, en promedio, un número muy reducido de alumnos y muchos de ellos cuentan con un docente que se ocupa de todos los niveles académicos.

Lacalle Pou subrayó que se trata de los niños de escuelas más alejadas “con menos conectividad” y donde “todavía no llegó el virus”.

El presidente espera que el día 22 de abril haya una visión “más optimista” que la actual para retomar las clases en el medio rural. Además, dijo que sería “desaconsejable” iniciar clases en primaria y educación media hoy en Montevideo y Canelones.

“Si uno ve el ritmo de contagio y ve el ritmo de recuperados, nada hace pensar, si este pacto ciudadano se sigue cumpliendo, que estemos ante una disparada de casos”, señaló. “Nada indica que vayamos a estar peor. Si los ciudadanos no cumplen con las medidas podemos tener un proceso de más casos; no es la situación actual", dijo el mandatario.

Mientras tanto, se sigue analizando la situación con respecto al resto de los alumnos de todos los sistemas educativos. En tal sentido, recordó que el sistema educativo de Secundaria exige un mayor número de docentes, lo que a su vez obliga a mayores movimientos de transporte de personas.

El presidente agradeció ayer a los miles de docentes que “están trabajado” y destacó que se ha producido un récord en la utilización de la plataformas digitales de la enseñanza.

Por otro lado, Lacalle Pou defendió su decisión de no aplicar la cuarentena obligatoria. Recordó que hay sectores que se paralizaron más en Uruguay que en otros país sin llegar a tomar medidas drásticas.

Menos del 4% de los escolares del país volvería a clases presenciales el miércoles 22 de abril. Se trata de unos 13.500 alumnos, aquellos que concurren a las 973 escuelas rurales (exceptuando Canelones, por los altos contagios y por haber centros educativos numerosos incluso en el área rural, y Montevideo que no tiene escuelas de esa categoría). A su vez, regresarían a las aulas unos 1.400 docentes.

Ese regreso sería “voluntario”, según anunció el gobierno. ¿Qué significa? “Abrir las escuelas no supone que se obligue a los padres a hacer cosas que vayan en contra de lo que piensen mejor sobre la seguridad de sus hijos. Somos un gobierno que, ante todo, cree en la libertad”, explicó el ministro de Educación, Pablo da Silveira.

En este sentido, la obligatoriedad de los adultos de que sus hijos concurran a la escuela y el derecho del niño a educarse quedan supeditados a la emergencia sanitaria. “Mientras estemos en este escenario”, dijo el ministro, “el derecho de la salud hoy es prioritario respecto al de la educación”.

En lo inmediato (léase en casi dos semanas desde que el presidente Luis Lacalle Pou anunció la paulatina vuelta a clases), el escenario escolar permanece incambiado: la educación será exclusivamente a distancia. El 22 de abril podrían volver, si a nivel epidemiológico nada cambia y mucho menos empeora, los alumnos de escuelas rurales. ¿Por qué ellos primero? “Es una cuestión de justicia social: son los que tienen peor conectividad y en menor medida reciben los servicios de alimentación”, señaló Da Silveira.

El Consejo de Primaria le planteó al presidente del Codicen, Robert Silva, la posibilidad de que también “sean de los primeros” aquellos que acuden a escuelas comunes de los departamentos en los que no hay coronavirus. Pero, hasta el momento, el gobierno no ha tomado una resolución.

En la ronda de preguntas el presidente fue interrogado acerca de si no se aplicará algún gravamen al capital para que aporte al Fondo Coronavirus. “Hoy gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis, por eso no lo vamos a hacer”, respondió.

“Si esto fuera una competencia de ciclismo”, dijo Lacalle Pou, habría que apoyar al que va en primer lugar, “y ocuparnos de los rezagados. El apoyo del Estado tiene que volcarse para los más rezagados. Sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar en la economía”, dijo.