El borrador de la nueva Ordenanza 14, que regula la habilitación y autorización de los colegios, se encamina a tener cambios tras la polémica generada en las últimas horas sobre un artículo en particular.

La nueva norma busca derogar la ordenanza vigente desde hace 30 años, e incluye una serie de cambios, que van desde las condiciones de cierre, la movilidad del estudiante y hasta el calendario de los colegios.

El artículo 17 fue el que desató varios comentarios, y encendió la polémica. “Ninguna disposición interna de las instituciones habilitadas podrá vulnerar el legítimo derecho (de los estudiantes) a la educación, ya sea, pretendiendo limitar la permanencia en la institución educativa, así como la expedición del pase a otra institución pública o habilitada”, se indica.

“Ello será de aplicación, independientemente de las circunstancias respecto al cumplimiento de las obligaciones económicas para con las mismas”, culmina la redacción del inciso B del artículo 17.

Esto supone que un colegio no podrá echar o desvincular a un alumno que en la mitad del año lectivo, por ejemplo, no haya pagado la cuota, como informó ayer El Observador.

El borrador, que recibió el Codicen de su Unidad Letrada, y remitió sin cambios el miércoles a los titulares de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) y la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) derivó en visiones encontradas, incluso a la interna del Codicen, indicaron a El País fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Al ser consultada sobre este punto en radio Sarandí, la titular de ANEP, Virginia Cáceres, dijo ayer de tarde: “Ese no es un tema que ANEP tenga que regular. Nosotros no podemos meternos en ese asunto y lo tenemos clarísimo. No es el espíritu de lo que establece la norma. Lo que apuntamos es a proteger la trayectoria educativa de los estudiantes y garantizar el derecho a la educación”, señaló la jerarca.

Cáceres también contó que hoy familias van a buscar el pase a fin de año y los colegios lo niegan si hay deudas. “Intervenimos porque eso no se puede dar. No puede pasar que por una cuestión de naturaleza o índole económica se trate de cortar la trayectoria educativa de un estudiante”, aseguró.

La norma no apunta a regular cuando la familia de un alumno no pueda asumir más la cuota, sino a que “un estudiante no puede a mitad de año lectivo quedar sin centro educativo, salvo por acuerdo de partes o por un hecho de gravedad”, dijo a El País una alta fuente de ANEP.

Lo cierto es que otra interpretación se dio a nivel de Codicen. El consejero Juan Gabito dijo a El País que lo indicado en el borrador es “lo que corresponde al derecho humano a la Educación”, y está en línea con “lo previsto en la Ley de Educación”, del año 2008.

“Hay una parte contractual privada, que el colegio deberá ver cómo la cobra -como todas las empresas- y hay otra parte que tiene que ver con la protección de la trayectoria del estudiante”. “No te pueden retener el pase si un alumno o los padres se quieren ir (de un colegio), ni te pueden echar en la mitad de año. Te tienen que dejar terminar el año”, agregó.

El consejero Julián Mazzoni, aseguró que “hay que garantizar el derecho a la Educación a los estudiantes, y una empresa no lo puede dejar tirado en la calle”, en función de lo que dice la Ley de Educación.

Juan Achard, director nacional adjunto de Audec, aseguró que esta situación en sus centros no se dio, algo en lo que coincidieron fuentes del sector.

El sindicato de colegios (Sintep) denunció ayer que Codicen los “excluyó” del análisis. “Supone una flagrante desvalorización de la pluralidad democrática, así como un desconocimiento de las propuestas elaboradas por el sindicato en la materia y su contribución para evitar la destrucción de más puestos de trabajo de los ya perdidos”, dijeron. Sin éxito, Mazzoni pidió en Codicen citar al sindicato.