EDUCACIÓN

"Si el Estado exige ciertas condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, que solo pueden adquirirse por medio de la educación, el padre que priva a su hijo de esa educación comete un abuso que el poder público debe reprimir”. José Pedro Varela hizo de la obligatoriedad de la asistencia a clase uno de los pilares de la escuela uruguaya. La pandemia de COVID-19cortó con esa tradición. Pero la Administración Nacional de Educación Pública piensa en una vuelta a sus raíces y así se lo informó al gobierno.

“La obligatoriedad de la educación es indiscutible”, dice sin vueltas el presidente del Codicen, Robert Silva. En todo caso, aclara, la pandemia en curso puso “en suspenso la obligatoriedad de la asistencia presencial al centro educativo”. Pero, según lo acordado entre los distintos consejos de la enseñanza, “va siendo tiempo de volver a la obligatoriedad, al menos en las escuelas rurales más pequeñas, aquellas con menos de 30 alumnos y que se habían habilitado para su reapertura el 22 de abril”.

En concreto, Silva le pidió al Ministerio de Salud la aprobación para que, solo en esas escuelas, los niños puedan acudir todos los días, en horario completo y con pasaje obligatorio de lista. La excepción, aclara, “serían aquellos estudiantes que, por alguna patología, integran los grupos de riesgo”.

Habiendo transcurrido un mes y medio de la reapertura de los locales rurales, el día que hubo más asistencia apenas se llegó al 51% de quienes debían concurrir. De hecho, a comienzos de esta semana, en la que reabrieron las escuelas urbanas del interior que atienden a la población más vulnerable, la concurrencia fue mayor en las ciudades (68% en Tiempo Completo y 59% en Aprender) que rurales (45%).

Los inspectores de Primaria manejan una hipótesis: el horario acortado de las escuelas y lo espaciado de los días de presencialidad no son compatibles con la dinámica familiar en la zona rural, explica Selva Pérez Stábile, inspectora técnica.

Si bien la Inspección Técnica no ha solicitado una vuelta expresa a la obligatoriedad, “porque eso es un asunto sanitario”, aclara Pérez Stábile, “se ha observado que la presencialidad posibilitó el contacto con niños que se habían desvinculado”.

A comienzos de mayo, Primaria había identificado que más de 13.000 niños (un 4% del total de los escolarizados) habían perdido durante la pandemia todo contacto con su maestra y el centro educativo. Ni siquiera iban a la escuela para recibir su vianda de comida.

Tras ello, “hubo estrategias de rescate, incluso hubo directores que, a título personal, fueron hasta el domicilio de esos niños para convencer a sus padres de que vale la pena la educación”, cuenta la inspectora.

Entre los desvinculados, la mayoría “son de contextos desfavorables u hogares en que el clima educativo está lejos del ideal”, dice la inspectora. En ese sentido, las autoridades temen que “la brecha educativa que ya existía, y que según el Ineed no se ha podido cerrar, termine agrandándose”.

Uno de los talones de Aquiles, que vienen observando los maestros, son los niños más pequeños. Tres de cada cuatro niños de tres años “han perdido casi todo contacto con la escuela”, resume la inspectora. A esa edad, los niños necesitan entre una semana y un mes de adaptación al centro educativo, y la pandemia no dio tiempo siquiera para completar medio mes.

La ley dispone que la educación formal en Uruguay es obligatoria desde los cuatro años. Sin embargo, las autoridades han caminado a su universalización en tres años y existe consenso de que “la educación a esa edad es prioritaria y no es solo asistencial (una guardería)”. Por eso, explica Pérez Stábile, “en la medida que COVID-19 afloje, vamos a poder buscar más estrategias para que estos niños se revinculen”.

La educación es un derecho, consagrado por la Constitución, pero también una obligación. Aquellos que incumplen con esa obligatoriedad tienen, en primera instancia, un impacto administrativo con la quita de las asignaciones familiares. Pero cuando el ausentismo no se revierte siquiera con este aviso, llega a la Justicia.

Durante el año pasado, el Programa de Escuelas Disfrutables de Primaria había identificado 1.158 situaciones de ausentismo. En 410 casos (35% del total) se llegó a la judicialización, sobre todo por “incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”.

Según el consejero de Primaria Pablo Caggiani, a estos elementos jurídicos se le suman otras dos “desventajas” de que se haya suspendido la obligatoriedad de la asistencia: “implica más trabajo para que la escuela logre que vayan los que más necesitan y es una razón extra de desigualdad en el marco de la pandemia”.