El sindicato de maestros Ademu Montevideo impulsa la realización de tres paros de 24 horas, rotativos, en escuelas públicas, en la primera semana de clases. La medida, activada tras la negativa a una sanción contra dos docentes por una situación ocurrida en marzo de 2023, coincide con el aterrizaje completo de la llamada Transformación Educativa en Primaria, y en un escenario de año electoral.
Los maestros sindicalizados apuestan a juntar hasta mañana de tarde la mayor cantidad de firmas (o votos) posibles de docentes para activar paros del 5 al 7 de marzo en escuelas de Montevideo, a menos que se revierta la medida que activó Primaria este año.
La suspensión de clases como medida de protesta está prevista el 5 de marzo en las escuelas de la jurisdicción oeste de Montevideo; el 6 de marzo en aquellas de la zona centro capitalina, y el 7 de marzo, replicarían el paro en las ubicadas al este montevideano.
De esta forma, la semana de clases, que comienza el 4 de marzo, podría verse interrumpida en la capital, e incluso en otras zonas, por los probables paros. Además, como ocurre desde hace años, los sindicatos adhieren al paro del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Esta vuelta a clases con anuncios de paros no es la excepción a lo que ocurrió en el último tiempo, salvo en 2020, por la irrupción de la pandemia. En 2023 hubo paralizaciones en Secundaria y UTU por el “recorte bestial del presupuesto educativo”, según dijeron en ese entonces los sindicalistas.
También hubo paralizaciones los 8 de marzo del año pasado y los anteriores. Esto ha derivado en un debate -que se replica en cada paro- sobre cómo atender la alimentación ese día, sobre todo en Primaria donde gran parte de los niños comen a diario; sumado a la preocupación de las autoridades por la pérdida de clases.
En esta oportunidad, tal como adelantó Ademu el 10 de enero, el conflicto se desató por una sanción que notificó Primaria el 8 de enero contra la directora y una maestra de la Escuela 35 de Buceo (Montevideo), luego de que leyeran en el inicio de clases de 2023 una carta que explicitaba un rechazo a la reforma educativa.
Primaria inició una investigación administrativa. En julio, se recomendó iniciar un sumario con separación del cargo y retención del 50% de los haberes. Sin embargo, ante la presión de Ademu, que lo consideró un “ataque a las libertades sindicales”, el organismo liderado por Olga de Las Heras levantó la sanción. Pero la investigación continuó y en diciembre recomendó sancionar a ambas por 45 días -que se rebajó a 30- con retención de haberes.
Ante las críticas de Ademu, De Las Heras dijo en enero que si bien “todo ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión”, en este caso, “no podían manifestarla dentro del recinto escolar porque era una proclama que las docentes saben que era la manifestación personal”.
Para Ademu, esto constituye un “ataque directo a las libertades sindicales”, por lo que no solo busca activar paros, sino que también recurrió este mes la sanción ante el Codicen de ANEP. E incluso, si allí no tuvieran éxito, el sindicato adelantó que se presentarán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra la medida que derivó en un cruce.
Respuesta
“Demasiado benevolentes fuimos”, manifestó a El País la directora de Primaria, Olga de Las Heras, tras ser consultada por las medidas generadas tras la sanción. “No entiendo el motivo del paro”, agregó.
“Bajamos la pena de días y nunca separamos a las maestras del cargo”, dijo además la jerarca de Primaria, quien subrayó que “todo se contempló”.
De Las Heras planteó que el 4 de marzo, cuando comiencen las clases, “van a estar en la escuela” las docentes sancionadas en enero.
Consultada sobre si no se cambió la tipificación de “violación de laicidad” a “neutralidad” para la sanción, tal como planteó Ademu, la directora de Primaria retrucó: “No se cambió nada. Estoy tranquila. Se hizo lo que correspondía, y se hizo todo bien”.
También estimó que en caso de que el Codicen trate el pedido de revocación que solicitó Ademu, contará con el apoyo del máximo órgano educativo.
El consejero de Codicen Juan Gabito dijo a El País que los posibles paros de Ademu son un “error de diagnóstico” como un “error de decisión”.
La investigación, señaló, arrojó que “se transgredieron normas”. Pero además, porque activar paros resulta una “medida muy impopular”. “La gente lo que quiere es que sus hijos vayan a la escuela y estén atendidos, por lo educativo y la alimentación, entre otras cosas”, enfatizó Gabito.
Paros podrían ser a nivel país
Ademu Montevideo busca activar una medida de impacto para sus reclamos, al inicio de clases y en año electoral, que podría tener otro impacto. En caso de confirmarse los paros, el sábado habrá asamblea de la Federación Uruguaya de Magisterio (Fum-Tep), donde se definiría si podrían ser en otros puntos del Uruguay. También valorarán la idea de la Coordinadora de Sindicatos (CSEU) de “elevar el caso a la OIT”, tal como ocurrió con las sanciones a profesores de San José, dijo Larraya.
“A toda vista, el espíritu era sancionar”
El titular de Ademu, Alfonso Larraya, señaló a El País que la única manera de desactivar los posibles paros es quitar la sanción. Subrayó que en la investigación primero se apuntó a una “violación de la laicidad”, pero que se las sancionó por “no mantener la neutralidad”. Esta última figura está “perimida”, data de 1952, y su aplicación, según dijo, es “inédita”.
“A toda vista, el espíritu era sancionar”, indicó Larraya, quien además insistió que la carta fue “muy escueta”, y aseguró, “no tuvo ningún contenido partidario, ni político, ni proselitista”.
Respecto a si la voluntad de activar paros ahora no resulta una medida electoral, Larraya retrucó: “Para nada. Si mirás la historia de nuestro sindicato hemos hecho paro a todas las administraciones cuando lo creemos conveniente”.
Sobre si los probables paros no son una medida contra la Transformación Educativa, Larraya aseguró: “Sí, pero no es contra el gobierno, sino contra la reforma, y en este caso contra una sanción”.
“La medida es disruptiva, genera inconvenientes, pero queremos avisar con el tiempo necesario para que la autoridad no use como primer argumento «no puedo organizarme»”, agregó el sindicalista.
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