Redacción El País
"La actitud que han adoptado los padres es completamente conforme a derecho”, dijo a El País el abogado Daniel Torres, patrocinante de algunas familias de una comunidad religiosa menonita de Florida, a los que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió iniciarles acciones judiciales, tras detectar que desde 2023 unos 11 niños “no asisten a centros educativos públicos ni privados”.

Torres señaló que patrocina a los padres de tres familias, que implican a ocho de los 11 niños que las autoridades educativas notaron que no concurrían a la escuela pública, ni a colegios habilitados o autorizados, por optar por una modalidad virtual.

El propio caso generó debate en el Codicen. En una votación dividida, primó la lectura de que la opción elegida por estos padres se ubica “por fuera de la normativa”, como dijo a El País la titular de ANEP, Virginia Cáceres.

Sin embargo, para el abogado de los padres existe un “vasto sostén normativo” que los ampara a elegir cómo educar a sus hijos, con un formato alternativo. Y remarcó que Cáceres reconoció que “no hay ningún tipo de omisión de parte de los padres”, respecto a sus dichos esta semana.

En rueda de prensa, la jerarca indicó que la educación en casa (homeschooling), “no está habilitado” en el país. “Todos quienes vivan dentro de nuestro territorio tienen que acatar las normas, que establecen que hay centros públicos y privados, habilitados o autorizados, y es obligación de los padres enviar a los hijos a alguno de esos centros; y es un derecho de los niños poder concurrir a un centro educativo”, afirmó Cáceres.

Para Torres, esto se cumple ya que los 11 niños, “ocho estadounidenses”, van a clases presenciales, “en español e inglés”, dictadas por tres maestros menonitas que vinieron al país “exclusivamente” de EE.UU., desarrolladas en “salas con aire acondicionado” dentro de dicha colonia. Los niños, que aseguró tienen “pruebas cada dos semanas”, reciben además educación a distancia por una “complementación” con un colegio de EE.UU., el cual “realiza un seguimiento curricular y evalúa a los alumnos”.

“Tienen todas las materias. Ciencia, Música, Historia, Matemática, Lenguaje, Emprendedurismo, Mecánica, Carpintería, Cocina”, sumado a las “salidas didácticas”, en un espacio que tiene “cancha de fútbol”, según relató.

Con esa formación de “muy alto nivel”, sostiene Torres, los padres no aceptaron las propuestas que les ofreció ANEP en sucesivas instancias, sino que insisten con educar a sus hijos con profesionales exclusivamente menonitas.

La exposición del caso genera “un poco de presión” en las familias, que ante las “citaciones de ANEP” están “particularmente nerviosos”, dijo el abogado y agregó: “Para ellos está siendo un poco complicado este tema”.

“Consideramos que estamos respaldados por la Constitución, los convenios internacionales y la LUC”, insistió Torres, sobre la etapa judicial que está previsto se inicie tras la decisión de ANEP.

Torres se basa en el artículo 5 de la Constitución, por una “cuestión de religión de la comunidad” y el artículo 68, que “establece que los padres tienen el derecho de elegir los institutos o los maestros para educar a sus hijos”, entre otros. E incluyó el cambio del artículo 7 de la Ley de Educación con la Ley de Urgente Consideración (LUC), que quitó la obligatoriedad de inscribir y “observar su asistencia y aprendizaje”.

“Hay un acompañamiento constante con cada uno de los niños que cursan un proceso académico que, en mi opinión, roza la perfección”, afirmó Torres.

Respecto a que ANEP no logró hablar con los padres, sino con líderes de la colonia, como dijo Cáceres, afirmó: “Desconocemos por qué no hubo diálogo directo”.

Consultado sobre qué le falta a la educación local para elegir otro sistema, Torres dijo: “En ese tema prefiero no entrar. Puedo decir que la educación que tienen es de un nivel excelente”.