GOBIERNO BUSCA REGULARIZARLOS

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) planea cortar el pago de 11.500 asignaciones familiares, correspondientes a niños y adolescentes que no están siendo enviados a estudiar. Es la segunda vez que se realiza esto en la administración de Luis Lacalle Pou (la primera fue en octubre del año pasado, cuando se cortaron 9.000), luego de que se dejara sin efecto la medida -que fue decretada en 2015 por el fallecido presidente Tabaré Vázquez- debido a la pandemia ocasionada por el covid-19.

El corte de asignaciones se empezó a implementar a partir de 2013, durante el gobierno frenteamplista de José Mujica, para todas las familias que no enviaban a sus hijos a estudiar. Se hizo basándose en la Ley N° 18.227, que establece criterios en cuanto a cómo se hacen los pagos de asignaciones según el nivel educativo de los menores.

En 2015, cuando Vázquez volvió a ser presidente y Marina Arismendi regresó a la cartera de Desarrollo Social -donde ya había estado en el primer período del Frente Amplio-, las asignaciones dejaron de cortarse para los niños y adolescentes que no estudiaban.

Esto generó diferencias entre Arismendi y Vázquez, y el corte de asignaciones se retomó en 2016 luego de que el presidente firmara un decreto donde se obliga de manera explícita a retirar las prestaciones a aquellas familias que no estén enviando a sus hijos a escuelas, liceos o instituciones de UTU. Los cortes se hacen dos veces por año: en el primer semestre y en el segundo.

Pese a esto, las suspensiones en los pagos han sido intermitentes en los últimos tiempos. En 2013, cuando esto se implementó, se dieron de baja 32.000 asignaciones. En 2014 fueron 51.000. En 2015 no se hizo el corte porque Arismendi lo bloqueó. En el primer corte de 2016 -ya con el decreto de Vázquez en plena vigencia- el Banco de Previsión Social (BPS) anunció la suspensión de asignaciones para 16.000 jóvenes. El segundo no se hizo porque Secundaria no envió a tiempo los datos para hacer el cruzamiento de la información.

En el primer corte de 2017, en tanto, fueron 14.000 los niños y adolescentes que se quedaron sin la prestación, y 15.000 en el segundo. En 2018 se hizo un solo corte y a fin de año, y allí se dieron de baja 12.607 asignaciones.

En 2019, en el año electoral, la prestación se cortó dos veces, y a mediados de año fueron 9.732 las asignaciones que se suspendieron. El segundo corte se hizo, según señalaron desde el Mides, pero en su momento no se divulgó ni El País pudo acceder ahora al número de familias que se quedaron en ese entonces sin la prestación.

La primera vez que lo debió hacer el gobierno de Luis Lacalle Pou, a mediados de 2020, esto se descartó por la emergencia económica que implicaba el coronavirus. Tampoco se hizo en el primer semestre de 2021, sino recién en el segundo cuando el sistema educativo ya funcionaba con presencialidad plena, aunque aún estaba vigente la emergencia sanitaria.

Son los diferentes organismos de la educación (Primaria, Secundaria y UTU), los que envían a la Dirección Sectorial de Información para la Gestión y la Comunicación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), los nombres de los alumnos que no están yendo a estudiar. De esos datos se sirve el Sistema de Información Integral del Área Social (Siias), del Mides, para saber quiénes son las personas que están cobrando sin que sus hijos vayan a a la escuela, al liceo o a la UTU. Una vez detectados, la cartera elabora una lista y la manda al BPS que es el encargado de cortar las asignaciones dos veces por año: en julio y en noviembre.

En este caso, sin embargo, el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, sostiene a El País que se tendrán algunos días de tolerancia. El corte de esas 11.500 asignaciones debería activarse a partir de hoy, por ser el último día de julio, pero se esperará hasta el 4 de agosto para que las familias inscriban a sus hijos en las instituciones correspondientes y envíen el comprobante de que esto ha sido así al BPS. El trámite se puede realizar de forma online a través de la web:serviciosenlinea.bps.gub.uy. Si no lo hacen, cobrarán en agosto pero ya no lo harán a partir de setiembre.

Más allá de esto, Manzi señala a El País que “se están tomando medidas proactivas para que se regularice cuanto antes” la situación de los jóvenes que no están yendo a estudiar. “Estamos mandando un listado de las posibles suspensiones a los programas que trabajan en los distintos barrios. Y también estamos trabajando con el BPS, para que se comunique con las familias de forma directa, por e-mail o por celular. Estos son jóvenes que desde enero a julio no han ido a estudiar. Hay una decisión política del Mides de cumplir con la ley y de que esta situación se regularice”, dijo el jerarca.

La suspensión, consigna Manzi, nunca es permanente. Se levanta una vez que el niño o el joven vuelva a asistir a un centro educativo.

Son 203.000 los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica que reciben Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (las llamadas Afam-Pe). Estas llegan a 830.000 personas, de las cuales 370.000 son menores de edad. El objetivo del programa, explica Manzi, es “lograr la inclusión social” de estos últimos.

En cuanto a los montos que reciben estas familias, el director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides da un ejemplo: “En un hogar con un menor en primaria y otro en educación media, el monto es de $ 4.197 por mes”.

El jerarca insiste, además, en que hay dos transferencias monetarias del Mides y que esta es la única que está condicionada a que los menores vayan a estudiar -y también a que tengan una debida atención de su salud-, ya que con la Tarjeta Uruguay Social (TUS) no existe esta limitante.

Son 87.000 los hogares, integrados por más de 385.000 personas, entre ellos 200.000 menores, que por estar en situación de vulnerabilidad económica extrema reciben la TUS. Y el 90% de los menores que son beneficiarios de esta, también lo son de las asignaciones familiares.

El decreto firmado por el entonces presidente Tabaré Vázquez en 2015 marca dos cortes de asignaciones familiares: uno en julio para los jóvenes que ni siquiera se matricularon, y otro en diciembre para los que se anotaron en alguna institución educativa, pero desertaron en el camino o nunca llegaron a ir a clase.

Antes de que el exmandatario resolviera esto, la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se había negado a aplicar la ley advirtiendo que “la educación no es una contrapartida de la asignación”. Su pensamiento no coincidió con el del expresidente que, para ser bien explícito, decidió emitir el decreto. El documento firmado por Vázquez, sin embargo, también incluye un reclamo de Arismendi, de que se vaya a la caza de los jóvenes desertores. El plan en su momento era que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fuera tras estos niños y adolescentes. En 2016, según declaró quien era el presidente del organismo, Wilson Netto, unos 4.000 alumnos pudieron recuperarse gracias al corte y a que se los fue a buscar a sus casas.

En esta oportunidad, el gobierno también se apresta a ir por ellos, e incluso se instó al Banco de Previsión Social (BPS) -que tiene la base de datos de quiénes son- a que los llame por teléfono o les envíe un e-mail.