Las nuevas autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentaron en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado el Compromiso de Política Educativa Nacional, tal como establece la Ley de Educación (18.437). El documento con las claves de la administración de Yamandú Orsi fue elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en acuerdo con los nuevos jerarcas de la ANEP.

Según el documento, al que accedió El País, el gobierno apunta a “avanzar en la construcción de una política de Estado en materia educativa que involucre a los actores sociales y políticos”. Para ello, se sustentarán no solo en la Ley de Educación, sino en las acciones que fueron desarrolladas en “sucesivas administraciones y conforman políticas de Estado”, así como las promesas que hizo el Frente Amplio durante la campaña.

El primer compromiso refiere a “la educación como un derecho humano fundamental para todas las personas a lo largo de toda la vida”, basándose en uno de los principales preceptos de la Ley de Educación. En tal sentido, se valorará la educación como “un bien público y social” para el desarrollo pleno, de todas las personas, “sin discriminación alguna”.

Las políticas educativas se orientarán “hacia toda la población y para todas las edades, desde la primera infancia hasta la vida adulta; con propuestas de educación formal y no formal; de forma sostenida; planificada y articulada con otras políticas”.

El consiguiente trabajo interinstitucional buscará “asegurar la culminación de los ciclos educativos obligatorios”, así como las “oportunidades de formación y acreditación durante toda la vida”.

El segundo compromiso refiere a la “autonomía y coordinación”. Vinculado al primer punto, se planteó la “independencia técnica y profesional”, tanto de ANEP, Udelar y UTEC —buscando reinstalar, se señala, el cogobierno. Y la coordinación de la educación, a través del funcionamiento regular de las comisiones ya creadas para arribar a “acuerdos de política educativa a nivel del sector público”.

Con el fin de “avanzar en la recreación del Sistema Nacional de Educación Pública”, se van a convocar diversas comisiones. “La coordinación de la educación será un factor clave de las políticas educativas para este gobierno”, marcó el documento.

El tercer compromiso refiere a la “participación y cogobierno” en varios niveles. Por un lado, se planteó que los estudiantes, docentes y familias “participen de la construcción comunitaria” en los centros, donde “se incentivará la creación de los Consejos de Participación”.

“A nivel de ANEP se prestigiarán las Asamblea Técnico Docentes (ATD) como órgano asesor en las definiciones técnico-pedagógicas de cada subsistema”, resalta el documento entregado por ANEP, que ha cuestionado que el gobierno previo no consideró las críticas a la llamada Transformación Educativa.

Además de “profundizar” los procesos de acompañamiento de las trayectorias educativas, la nueva gestión se apresta a “dotar a los centros educativos de la ANEP de condiciones suficientes para la creación de comunidades con independencia en el marco de políticas educativas nacionales e integrales”.

En tal sentido, “se impulsarán políticas de descentralización que transfieran algunas decisiones a las comunidades educativas en cada territorio en dimensiones tales como la definición de propuestas educativas y las adaptaciones curriculares que se entiendan necesarias”.

El nuevo gobierno también se comprometió a convocar el Congreso Nacional de Educación, con el fin de recoger insumos para “elaborar una Estrategia Nacional de Educación” que respondan a “acuerdos sociales e interpartidarios amplios”, para que perdure en el tiempo.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahí, dijo a El País que se prevé convocar dicho congreso en 2026, y no este año, con la intención de hacerlo luego de que se vote el presupuesto quinquenal. Entre varios puntos, se pondrá en consideración de las partes la reforma educativa del gobierno anterior.

El cuarto objetivo refiere a la “educación para la justicia social, el crecimiento económico sustentable y la convivencia democrática”. El diagnóstico es que Uruguay “tiene desafíos importantes en materia educativa”, dado, entre otras cosas, “los efectos de la pandemia” y el “avance de la violencia y el crimen organizado”.

Una de las líneas de acción buscadas será “la extensión del tiempo pedagógico en los niveles de educación en la primera infancia, primaria y media básica con propuestas que abarquen la educación artística, el deporte, la educación física, el aprendizaje de segundas lenguas, la educación científica y tecnológica, y el pensamiento computacional”.

“Las políticas educativas promoverán mecanismos que mejoren la asistencia diaria a clase en todos los niveles”, lo que incluirá la “revisión y modificación” de las reglamentaciones y los controles para que “contribuyan a la asiduidad”.

“Para aprender y para la construcción social y ciudadana es necesario que niñas, niños y adolescentes concurran regularmente a los centros educativos”, remarcó el nuevo gobierno.

También se buscará “avanzar en la cobertura universal y la diversificación de la atención y educación en uno y dos años de edad y lograr la universalización a los tres años con propuestas flexibles, adaptadas a las necesidades de familias y los diferentes territorios”.

En Primaria, “se multiplicará la oferta de becas estudiantiles con el propósito de contribuir —junto con otras políticas sociales y educativas— a la continuidad educativa y a que todas las personas jóvenes de las próximas generaciones culminen el ciclo de educación media superior”.

“Se procurará que aquellas personas que accedan a una beca tengan un seguimiento y apoyo, al mismo tiempo que se realizará un monitoreo y evaluación de su verdadero impacto para revisar y ajustar tanto la selección de personas beneficiadas como los mecanismos aplicados”, agrega el documento.

Otro aspecto que informó el gobierno es que se “elaborará un plan de creación y mantenimiento de edificios educativos que tenga en cuenta los procesos ya existentes, las necesidades de cada nivel educativo y las posibilidades presupuestales”.

Entre otras medidas, se añade, se buscará fortalecer el el papel del Ineed, procurando “la articulación de sus estudios con los realizados en otros ámbitos educativos”. Así como también que Ceibal “se amplíe, especialmente" a educación media superior. Y “promover la educación de la población adulta”, llegando a “colaborar” con la educación en cárceles.

El quinto objetivo trazado por las autoridades implica “fortalecer y prestigiar la tarea de educar”, lo que incluiría varios cambios. Por un lado, la “reinstalación” de los Consejos de Educación en ANEP con la participación de docentes electos. Esto es fuertemente rechazado por la oposición.

“Con el propósito de avanzar en la consideración de la formación de carácter universitario se revisará el programa de Docente Acreditado y se realizarán los máximos esfuerzos para la creación de la Universidad de la Educación garantizando las mayorías especiales que requiere la Constitución de la República para la creación de un nuevo ente de enseñanza”, agrega el informe, en otro punto que se espere genere un conflicto con el Partido Nacional y el Colorado.

El último compromiso de la nueva administración supone “avanzar en un Plan Nacional de Educación que establezca líneas de acción a mediano y largo plazo”, adelantando que el MEC presentará el Plan de Política Educativa Nacional antes de que se envíe la Ley de Presupuesto.