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La Universidad de la República (Udelar) tomó posición ayer de noche sobre el proyecto de ley de Universidad Virtual del Uruguay (UVU), presentado hace tres meses por el diputado colorado Felipe Schipani, que fue corredactado con el especialista en Educación Superior Claudio Rama.

El Consejo Directivo Central (CDC) validó el asesoramiento que hizo la Asamblea General del Claustro (AGC) hace una semana, que tuvo 33 votos afirmativos y una abstención. Y a partir de dicho informe indicó que la propuesta “no tiene autonomía ni cogobierno”, así como que presenta “importantes falencias”.

El informe del 16 de agosto, concluyó que la redacción “no cuenta con fundamentos sólidos según los estándares requeridos para la creación y desarrollo de instituciones públicas de educación superior en nuestro país”.

El análisis, que ya pasó por el máximo órgano de Udelar, fue a pedido de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. Según el artículo 202 de la Constitución, los entes de Enseñanza Pública “serán oídos, con fines de asesoramiento” en la elaboración de leyes “relativas a sus servicios”.

“Si se quiere realmente impulsar con fuerza la enseñanza en formato virtual en el Uruguay, lo más eficiente es reforzar las instituciones existentes con recursos específicos para dicho fin más que empezar de cero una nueva institución, debilitando los esfuerzos que están en curso tanto en cuanto a la enseñanza virtual como al despliegue territorial”, remarcó el informe de la AGC.

Udelar apuntó que si bien se habla de “enseñanza, investigación, extensión”, no se presentó de “manera clara y precisa” los formatos para llevar a cabo las funciones, así como que el texto “carece” de antecedentes “serios” que permitan fundamentar la función universitaria en su versión virtual.

Otro elemento que cuestionó la universidad pública es que el formato de gobernanza “no tiene autonomía ni cogobierno”, porque “se propone que el Consejo Directivo Central que la dirija sea nombrado por el poder político y no incluya representantes de docentes, estudiantes y egresados/as”.

Esto, valoraron, “contraviene el espíritu y la forma” que dio la Constitución a la gobernanza para la educación superior pública “en su momento representada solo por la Universidad de la República”. El informe citó el art. 203 de la Carta Magna que indica que el Consejo Directivo de Udelar “será designado por los órganos que la integran, y los Consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y egresados, conforme a lo que establezca la ley”.

Para Udelar, “toda la gobernanza que plantea la ley disminuye o elimina espacios de participación de los órdenes y cuando los mantiene, como en el Consejo Consultivo, los reduce a un carácter marginal y testimonial”. Entre los elementos que generaron críticas, se apuntó al artículo 33, que busca cobrar los cursos a los no residentes por considerar que se estaría “violentando el principio de gratuidad para estos estudios”.

Tras la votación, El País consultó a Rama, quien señaló que “la posición de Udelar es que solo aceptaría cualquier institución que sea un clon de ella misma”.

El texto aprobado, acotó, es un “informe publicitario y propagandista”, que no hace un “análisis de las necesidades del país”. Udelar, afirmó, “no tiene una educación virtual, sino una de emergencia de baja calidad que no tiene evaluación”.

En esa línea, aseguró que la UVU “tendrá un mejor nivel que Udelar”, y que “por eso se la critica”. Rama agregó que la Constitución “no obliga al cogobierno”. Ante las críticas de que el proyecto no tenga más detalles, planteó que “no se entiende la diferencia entre una ley y su reglamento”, y enfatizó que el texto “no fue bien leído”.

Para el experto, frente a la postura de Udelar se “busca pedir más recursos cuando es la universidad que tiene mayor porcentaje del PIB de su país en toda América Latina”.