¿Qué dicen los expertos en educación del plan de Delgado de dar US$ 6.000 a jóvenes que terminen el liceo?

Virginia Cáceres, Robert Silva, Juan Pedro Mir, Héctor Florit, Renato Opertti y Pablo Cayota analizaron la medida que anunció el candidato nacionalista este sábado, que derivó en varias opiniones.

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Valeria Ripoll y Álvaro Delgado
Valeria Ripoll y Álvaro Delgado
Foto: Leonardo Mainé

La propuesta del candidato blanco Álvaro Delgado de transferir unos US$ 6.000 a alumnos de los quintiles 1 y 2 que culminen el liceo o UTU, derivó en comentarios y cuestionamientos, incluso del oficialismo, sobre el "premio económico" con el que se busca revertir la deserción en Educación Media Superior (EMS). El País consultó a expertos en educación sobre su valoración de la medida anunciada por el nacionalista este sábado.

Diego Labat, futuro ministro de Economía de Delgado, dijo este lunes a Canal 12 que el plan es inyectar a alumnos más desfavorecidos $ 240.000, o US$ 6.000, divididos en “$ 80.000”, al terminar quinto año, y “unos $ 160.000”, en sexto año. Estimó que el plan costaría entre “US$ 30 millones y US$ 35 millones” al año.

"La lógica es motivar a jóvenes que hoy no quieren, no pueden o no tienen las condiciones, a terminar", añadió Labat, en un escenario donde solo la mitad de los jóvenes de entre 21 y 23 años acabó la educación obligatoria. Puntualizó que no se entregaría el dinero a quien quiera egresar "a cualquier edad", sino a quienes "terminen pronto”.

“No voy a hablar de la propuesta específica porque estoy inhibida de hacer política, y no corresponde que me meta en la campaña. Pero, en términos generales, si bien venimos aumentando la tasa de egreso de EMS todavía tenemos desafíos. Pensando en la integralidad de la persona, no hay que descartar ninguna medida que pueda ayudar a mejorar el egreso”, dijo Virginia Cáceres, presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Virginia Cáceres Batalla, presidenta de ANEP
Virginia Cáceres Batalla, presidenta de ANEP.
Foto: Francisco Flores

Valorando que el egreso “está asociado a ingresar al mundo del trabajo o al mundo académico, ayudar desde el Estado para que puedan acceder a cualquiera de esos dos esos mundos es una buena herramienta”, dijo la jerarca, que puntualizó que ya “hay un sistema de becas” para la culminación.

El extitular de ANEP y candidato a vicepresidente colorado, Robert Silva, se manifestó “en contra” del plan. “No soy amigo de las transferencias directas. En Uruguay ya hubo y no funcionaron”, sostuvo, considerando un estudio del experto Pablo Menese, que arrojó que las transferencias en bachillerato tuvieron resultado “negativo”. “En Educación Media Superior las Asignaciones Familiares tuvieron un efecto nulo previo a 2008, y negativo posteriormente”, se afirmó en la investigación de 2019.

Para revertir la situación, Silva planteó que se debe hacer “mucho acompañamiento” a los jóvenes, destacando el trabajo de 180 profesores orientadores pedagógicos (POP) que se instalaron en bachillerato en este gobierno, para “motivar a los estudiantes”. Y “atender” otras necesidades más allá de la alimentación, como la compra de zapatos o abrigo, que de no tenerlo, “puede ser estigmatizante”.

El exdirector de Educación Juan Pedro Mir calificó de “disparate” la medida de Delgado. “La asignación de dinero como contraprestación para recibirse no es algo que esté demostrado que sea suficiente. Por el contrario, desde el punto de vista pedagógico, lo que hace es depositar en el estudiante la responsabilidad de la exclusión que genera la institución”, dijo. “No hay evidencia internacional de efectividad de que se inyecte dinero y aumente la aprobación de Secundaria, y ni hablar de los aprendizajes”, añadió.

“Si van a destinar esos millones para subsidiar los egresos, otros preferiríamos fortalecer las instituciones para mejorar los egresos y sus aprendizajes”, agregó el dirigente del Partido Independiente. “La clave para mejorar la enseñanza es mejorar la oferta, las propuestas, hacerlas más coherentes y adaptadas al contexto, con instituciones más fuertes”, resaltó.

Robert Silva, precandidato del Partido Colorado.
Robert Silva, extitular de la ANEP
Foto: Archivo El País

El exconsejero de Primaria Héctor Florit consideró que el plan “premia Ex Post a los que ya tienen recursos”. “Los pobres en serio, aquellos no pueden terminar porque no tienen los recursos no pueden esperar un año para recibir el dinero”, dijo. No obstante, valoró como “bueno” que haya “un incentivo al final”. Y planteó pagar “unos US$ 200 por mes como tope, y la diferencia brindarla al final de cada año, con tal de que rendir exámenes tenga un incentivo”.

“Pensar que alguien que está en situación de extrema vulnerabilidad puede esperar un año entero para recibir el dinero (es que) no está pensado, no habla de los gurises que están en la peor situación”, añadió Florit, que remarcó el “acompañamiento mensual y un plus al final”.

El experto en Educación Renato Opertti si bien dijo que el egreso “es uno de los talones de Aquiles” de Uruguay, marcó sus matices con el plan. “No me parece que el camino sea el estímulo económico, sino una nueva educación sociocomunitaria que incorpore una atención integral del joven a partir de conocer mejor sus necesidades y expectativas”, dijo.

Los premios económicos, añadió, “pueden tener algún impacto sobre la asistencia, inclusive sobre el egreso, pero dudosamente tienen impacto de larga duración sobre los aprendizajes”. Y apuntó que “diferenciar a los jóvenes en la educación por la vía de que unos reciben un estímulo económico y otros no, no es el camino”. “Hay que igualar en darles todos los apoyos necesarios desde el punto de vista sociocomunitario para que puedan educarse, no por la vía de un estímulo económico per se”, remató.

El especialista Pablo Cayota dijo “compartir” la intención, pero no el “instrumento”. “Habría que mostrar evidencia de que los incentivos económicos directos son un buen instrumento para lograr la culminación”, destacó. Y recordó que el expresidente de EE.UU Barack Obama aplicó un plan similar que fue “un fracaso rotundo”. “Generar estímulos económicos, incentivando justamente las conductas que se quieren desalentar, es un contrasentido”, añadió.

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