Tenemos la certeza de que las cosas están mucho mejor que antes y el servicio está bien atendido”, destacó ayer el consejero del Codicen Juan Gabito durante la presentación de datos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que mostró la evolución entre 2020 y 2023 de la cobertura e inversión para atender las comidas de unos 200.000 niños de Primaria, y poco más de 8.000 de Secundaria y UTU.

Gabito señaló esto tras recordar que al comienzo de la administración, que encabezaba Graciela Fabeyro -cesada en abril- tuvieron un “sacudón importante” tras un auditoría externa, de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que marcó “muchas debilidades”.

Un informe de AIN, de abril de 2021, señaló “debilidades de control significativas”. Para graficarlo, cuatro de siete ítems evaluados presentaban un nivel de debilidad “extremo” (más alto). Entre ellos, la “ausencia de controles en la cantidad de porciones diarias solicitadas a las empresas” y la “deficiencia en los controles realizados por el equipo técnico”.

Dos años después de este diagnóstico grave, Gabito, la directora de Primaria Olga de Las Heras, así como la directora del PAE, Rosa Lezué, y otras autoridades mostraron otro panorama, y destacaron que no solo se mejoró el sistema, sino que se aumentó la cobertura, y la inversión, que se sustenta con el Impuesto de Primaria y aportes de Rentas Generales.

Mirando la evolución entre 2020, de inicio de pandemia, a este año, los niños que recibieron el almuerzo en todo el país pasaron de 159.113 a 194.829 en 2023, en las tres modalidades. Estas son tradicional, que se elabora por auxiliares de servicio en el centro; y tercerizado por una empresa, dentro o fuera de la escuela.

Quienes recibieron el almuerzo “tradicional” pasaron de 129.686 a 155.422. Y lo recibieron “tercerizada” 29.427 en 2020 y 39.407 este año. En 1.383 centros, entre ambos formatos.

A su vez, quienes recibieron la copa de leche fueron aún una cifra mayor, pasando de 123.725 en 2020 a 203.974 este año, en 920 escuelas, entre la vía tradicional o tercerizada.

Lezué destacó que tras el diagnóstico del funcionamiento del PAE se aplicaron cambios. No solo en trabajar para “tener claramente identificado quiénes son” los usuarios, y “qué servicio reciben”, sino que una de las modificaciones más grandes fue en ampliar la cobertura, en varios niveles.

Para ello, se derogó un criterio de 2014 que “le adjudicaba al director de la escuela la responsabilidad de seleccionar quién podría hacer uso del servicio de alimentación”. Ahora, los directores “no tienen esa responsabilidad” y “no hay restricciones”. Esto implica que cada familia que considere necesario acceder a la alimentación escolar, “se presenta a la institución que va su niño y simplemente pide el servicio”.

Además, en este período de gobierno el PAE no solo se hace cargo de la alimentación de Primaria, sino de algunos alumnos de Secundaria y UTU, pasando de 5.486 jóvenes en 2020 a 8.133 este año, que incluye todos los Centros María Espínola, Centro Educativo Asociado (CEA), entre otros.

“Es un programa de alimentación que se integra a la currícula. No tiene un enfoque asistencialista, sino pedagógico muy fuerte”, destacó a su turno la directora De Las Heras.

No solo hubo “cambios normativos, de buenas prácticas en el registro de los usuarios, y en la preparación y distribución de los alimentos, como del personal”, señaló Gabito, sino que también se amplió el presupuesto en estos tres años.

ANEP pasó de destinar US$ 47,8 millones en 2020, a US$ 89,8 millones este año, con eventos extras incluidos. El organismo proyectó US$ 89,9 millones de inversión para 2024.

“Prácticamente se ha duplicado la inversión en la satisfacción de esta necesidad básica alimentaria, que no es lo esencial de un servicio educativo, pero que tenemos internalizado como un cometido propio, que lo hacemos con muchísima satisfacción”, acotó Gabito.

Lezué valoró el aporte que hace la sociedad a través del pago del Impuesto de Primaria para alcanzar este objetivo. Y enfatizó que Uruguay “se destaca totalmente del resto de los países de América Latina y el Caribe” tanto por los “diferentes tiempos de comida”, planificado por nutricionistas, y el despliegue para la tarea.

En un año particular, con crisis hídrica y el adelantamiento de las vacaciones de invierno por las infecciones respiratorias, que insumieron partidas extras de agua y alimentación, también se anunció un informe sobre la inseguridad alimentaria.

El estudio, elaborado por el INE, MSP y el Mides, presentado el mes pasado mostró que los niveles se mantienen respecto a 2022. Cuando el año pasado los hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave llegaban al 15%, en esta edición fueron el 14,6%. Y los hogares con inseguridad alimentaria grave eran el 2,6% en 2022 y este año se redujeron un 0,1%.