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D. ISGLEAS / P. MELÉNDREZ

Las presuntas irregularidades en la Armadas sacudieron la interna del Frente Amplio. Además, el ministro Rosadilla informó ayer que hay un ex ministro anterior a 2005 que está siendo investigado por la Justicia por otros hechos.

Independientemente del proceso judicial y la investigación a nivel administrativo abiertos, el caso de las irregularidades en la Armada tomó ayer un cariz político a raíz de la sugerida imputación de responsabilidad que el martes 20 hiciera el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, sobre sus antecesores Azucena Berrutti y José Bayardi.

Sumado a eso, ayer Rosadilla dio a conocer que ordenó entregar a la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti documentos que podrían involucrar en presuntas irregularidades a un ex ministro de Defensa anteriores a la administración de Tabaré Vázquez.

"Hay un ex ministro que en este momento está en la Justicia, y va a ser investigado. No es del período pasado (de Tabaré Vázquez, del Frente Amplio), es de períodos anteriores", afirmó ayer Rosadilla. Agregó que la jueza Gatti valorará "si la documentación que se le aportó tiene sentido para convocar a ese ex ministro o no".

Los ministros de Defensa durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) fueron Luis Brezzo (fallecido) y Yamandú Fau. Consultado anoche por El País, Fau dijo que no recuerda que durante su gestión hayan existido manejos irregulares de fondos de las Fuerzas Armadas.

Anteriormente, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000), el cargo fue ocupado por Raúl Iturria y Juan Luis Storace.

CRUCE. Rosadilla, tras escuchar la fuerte réplica que Bayardi le dispensó ayer al mediodía, por la tarde trató de relativizar el sentido de sus declaraciones del martes 20, en las que dejó entrever que hubo responsabilidades políticas de sus antecesores -Berrutti y del propio Bayardi, ambos ministros de Defensa durante el gobierno de Tabaré Vázquez-.

"Las responsabilidades son de todos, también de los ex ministros y las ex ministras. Las responsabilidades nunca se eluden", precisó Rosadilla.

Ante los comentarios del ministro, Bayardi (diputado por la Vertiente Artiguista) defendió lo hecho durante la pasada administración para echar luz e indagar situaciones irregulares constatadas en dependencias del Ministerio de Defensa.

"El gobierno del Frente Amplio en el Ministerio de Defensa empezó el 1° de marzo de 2005, y no el 1° de marzo de 2010. Esta fuerza política cuando asumió con Azucena Berrutti, hizo entrar a la Auditoría Interna de la Nación (AIN) por primera vez al Ministerio de Defensa y a todas sus unidades ejecutoras, lo que es un hecho a destacar", dijo Bayardi.

"Asumimos las responsabilidades políticas y administrativas, como corresponde, y estamos dispuestos a asumir todo tipo de responsabilidad", señaló el legislador en una rueda de prensa en el Parlamento.

Agregó que tanto él como Berrutti -quien lo antecedió en el cargo- actuaron con "responsabilidad" cuando recibieron los informes de la AIN porque "los ministros tienen responsabilidades administrativas y políticas", dijo. Y recordó que en marzo de 2005 el manejo de fondos de la ONU en el Ministerio de Defensa "era por lo menos irregular".

Bayardi dijo que tanto en su gestión como en la de Berrutti se dio cuenta de varios hechos a la Justicia, pero "como no hacemos política con la Justicia, muchas de esas cosas no trascendieron".

Sobre la compra de una grúa hidráulica y el banco de pruebas para motores que son el principal eje de la indagatoria a cargo de la jueza Gatti, Bayardi recordó que esa indagatoria se inició tras la presentación de una denuncia anónima.

Ayer, Rosadilla cambió sus declaraciones, y dijo que respalda la actuación de los ministros durante la administración Vázquez. "Sin imputarle nada a nadie, soy responsable en la medida en que conozca el hecho. Berrutti, Gonzalo Fernández y Bayardi actuaron disponiendo lo que se debía. Investigaciones administrativas, pase a la Justicia… No tengo sospecha en el procedimiento de ellos", indicó.

Esta semana, cuatro oficiales de la Armada fueron separados de sus cargos porque están siendo investigados por estos hechos.

ANTES Y AHORA. Entre agosto de 2007 y mayo de 2008, el Partido solicitó el inicio de dos investigaciones sobre compras militares, pero en ambos casos el Frente Amplio se opuso a ello. El ministro Rosadilla votó en contra de esas investigaciones cuando era diputado.

En agosto de 2007, el diputado de Alianza Nacional Javier García pidió indagar sobre supuestas irregularidades en la compra de proyectiles para las Fuerzas Armadas que se pretendía trasladar desde Venezuela a Montevideo en un buque de la Armada, hecho ocurrido durante la gestión de Berrutti; y en segundo lugar, en mayo de 2008, José Carlos Cardoso (Unidad Nacional) pidió indagar formalmente sobre el pago de sobreprecios en la compra de lanchas para desplegar en Haití, bajo la gestión de Bayardi.

El martes 20, varios diputados se reunieron con Rosadilla para recibir información sobre las investigaciones. García le recordó al ministro que dos años antes se opuso a investigar. "¿Viste? No hay que rechazar todo por provenir de la oposición, ni decir todo que sí cuando lo plantea el gobierno. Nosotros teníamos los indicios" que sugerían investigar, le dijo García al ministro Rosadilla.

José Bayardi

DIPUTADO Y EX MINISTRO DE DEFENSA

"Para enfrentar los medios de comunicación hay que estar informado, porque si no uno hace películas con monedas de escaso valor", dijo el diputado y ex ministro de Defensa, José Bayardi (Vertiente Artiguista), respecto a los comentarios de su sucesor, Luis Rosadilla, quien dejó entrever que la existencia de responsabilidad de parte de las anteriores autoridades de la secretaría de Estado en las irregularidades en la Armada. Bayardi destacó que él como su antecesora Azucena Berrutti, dispusieron varias investigaciones administrativas.

Luis Rosadilla

MINISTRO DE DEFENSA

El martes, Rosadilla dijo que tras la investigación habría consecuencias sobre los responsables. "Las responsabilidades son de todos, también de ex ministros y ex ministras. Las responsabilidades nunca se eluden", precisó, refiriendo en forma elíptica a Bayardi y Berrutti. Veinticuatro horas más tarde, aclaró que no desea "imputar nada a nadie. Soy responsable en la medida en que conozca el hecho". Ellos "actuaron disponiendo lo que se debía. Investigaciones administrativas, pase a la Justicia. No tengo sospecha en el procedimiento de ellos", indicó.

La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti pretende cruzar información entre el caso que indaga las presuntas "compras fantasmas" en la Armada y otro caso que también está a su cargo y en el cual se investiga el manejo irregular de fondos de la ONU por parte de las Fuerzas Armadas. Ese segundo caso, que se inició en octubre de 2009, estaba a estudio del fiscal Ricardo Perciballe, pero la magistrada le reclamó el expediente con el objetivo de analizar si en esa causa surgen elementos que tengan relación con la indagatoria sobre las presuntas compras fraudulentas en la Armada.

Una tercera investigación en curso llevada a cabo por las actuales autoridades del Ministerio de Defensa Nacional tiene que ver con una irregularidad ocurrida en el manejo de viáticos percibidos por un funcionario civil de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) que se trasladó al exterior. Según el expediente, esta persona ya fue separada de su cargo. El ministro Rosadilla informó a los medios que se iniciaron los trámites correspondientes ante el Poder Legislativo para su destitución como funcionario público.

En marzo, cuando asumió Rosadilla, en el Ministerio había una investigación interna -en paralelo con la Justicia sobre el manejo de fondos en el exterior. Se levantó el secreto bancario sobre una cuenta radicada en el Dresdner Bank Lateinamerika AG, de Alemania, que era manejada por oficiales navales en el exterior. Según una investigación de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) la fuerza naval administró unos US$ 30 millones recibidos entre 2006 y enero de 2009 por su participación en las fuerzas de paz de ONU.

El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, anunció que cuatro oficiales navales fueron apartados de sus cargos al encontrárselos implicados en la supuesta compra de una grúa y una máquina de prueba de motores que nunca llegaron a la institución. El comandante en jefe de la Armada, Óscar Debali, admitió que la imagen de la institución "está dañada" debido a este caso. La jueza de crimen organizado Graciela Gatti solicitó el levantamiento del secreto bancario de los oficiales de la Armada involucrados en estas irregularidades.