La Justicia uruguaya tramita un exhorto que envió Argentina solicitando 230 grabaciones de audio del FBI y sus transcripciones vinculadas al "caso de la valija", que tuvo como protagonista a Guido Alejandro Antonini Wilson, quien en agosto de 2007 llegó en un vuelo privado al aeropuerto de Ezeiza, con una maleta que contenía casi US$ 800.000, presuntamente destinados a financiar la campaña electoral de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El material estaba en poder de Rodolfo Wanseele, el uruguayo que estuvo casi dos años preso en Miami por su vinculación al caso, que se declaró culpable de actuar en territorio estadounidense de forma ilegal como agente encubierto de Venezuela, y que cuando llegó a Uruguay en 2011 lo desmintió rotundamente.

Wanseele compareció ante la Justicia argentina por última vez en septiembre de 2014 en calidad de testigo. Allí reconoció tener las grabaciones y sus transcripciones, que son del año 2007, y a las que accedió en su proceso judicial en Estados Unidos en ese entonces.

La Justicia argentina le solicitó el material, él aceptó entregarlo y el exhorto llegó a principios del mes de agosto, casi un año después.

Wanseele, que vendía desde Miami materiales electrónicos para Latinoamérica, entregó los audios y transcripciones en el juzgado de Crimen Organizado, según confirmó él mismo a El País, aunque evitó dar detalles sobre el contenido. "No sé qué harán con esa información. Si la Justicia encuentra algo para investigar que lo investigue", dijo.

El juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, aseguró que está en trámite y que dependiendo de lo que se encuentre se evaluará "si amerita una investigación en Uruguay" y que, de lo contrario, la sede se "limitará a contestar" el pedido de colaboración de Argentina.

"Además de cooperar, se analiza si acá se cometió algún delito", explicó Valetti.

Según dijeron a El País fuentes que conocen el material, figuran allí nombres de personas poderosas tanto de Uruguay, como de Argentina y Venezuela.

"Hay grabadas hasta conversaciones de consulados. Está nombrado medio mundo. Es material secreto", dijo la fuente.

En su momento se informó que estaban mencionados en los audios del FBI uno de los hijos del presidente Tabaré Vázquez, Javier Vázquez, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, así como otros legisladores; negocios que se realizaban en Uruguay, principalmente el de las casas prefabricadas que se construían a través de la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A. (Umissa).

Esta firma era una de las principales beneficiadas con las oportunidades comerciales abiertas tras la creación del Fondo Bolívar-Artigas, que de los 230 millones de dólares de ese fideicomiso creado por los presidentes Hugo Chávez y Vázquez, la empresa recibía unos 150 millones.

Ese negocio terminó muy mal. El gobierno de Nicolás Maduro reclamó que la empresa contratada, con la que rescindió contrato en forma unilateral, devuelva US$ 6 millones que le adelantaron.

La causa por la valija de Antonini Wilson en Argentina estaba en stand by a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que tras un recurso extraordinario de la fiscal Gabriela Baigún, debía establecer si prescribió o no, según publicó en abril de este año el diario La Nación.

En el expediente está imputado el exresponsable de los peajes y hombre de máxima confianza del expresidente Néstor Kirchner y el ministro Julio De Vido, Claudio Uberti.

En Uruguay, el "caso de la valija" lo investigó en su momento el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, a raíz de una denuncia que presentaron los en ese entonces legisladores Pablo Abdala, Gustavo Novales y Rodolfo Caram, después que el jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, manifestara públicamente que los US$ 800 mil incautados a Antonini Wilson en agosto de 2007 tenían como destino Uruguay. El juez tomó declaraciones a varios representantes de Pdvsa para avanzar en el expediente, y estos negaron en todo momento tener alguna vinculación con Antonini Wilson.

En septiembre de 2010 el juez entendió que no había elementos probatorios que vincularan al empresario con hechos irregulares en Montevideo. Después de chequear nuevamente los documentos, que en ese entonces estaban sobre la mesa, decidió dar clausura al caso.

Cuando Wanseele llegó a Uruguay la causa estaba cerrada y no se volvió a abrir ni nunca se le tomó declaración.

También trabajó en el caso la jueza penal Fanny Canessa, quien estuvo a cargo del trámite surgido a raíz de una denuncia presentada ante el Departamento de Delitos Económicos de la Jefatura de Policía, por el padre de Franklin Durán, exsocio de Antonini y coprotagonista de las escuchas del FBI.

Durán aseguraba que de la cuenta de Umissa se transfirieron 18 millones de dólares a una cuenta sobre la que había sospechas, y que de allí se trasladaron 870 mil dólares a otra cuenta en Miami a nombre de Antonini y su esposa. Además, el venezolano afirmó que pagaba a su abogado con dinero de emprendimientos empresariales en Uruguay, lo que nunca fue dilucidado.

A través de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, una oficina que depende del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Justicia uruguaya recibe decenas de pedidos de colaboración de otros países.

Según el juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, "no siempre son fáciles y no siempre la Justicia uruguaya recibe la misma reciprocidad".

"Nosotros también pedimos colaboración al exterior. Recientemente en esta sede se solicitó, por ejemplo, una extradición por tráfico de un empresario chino y se nos negó sin ningún tipo de fundamentos", relató.

Las cosas son aún peores en casos con Argentina en los que está implicada alguna persona cercana a la Casa Rosada, porque es la Cancillería de ese país la que se encarga de darle trámite. Valetti recuerda perfectamente, por ejemplo, el caso de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boubou.

"El juzgado argentino nos solicitó cosas que fueron rechazadas por nosotros, por ejemplo, que remitamos todas las actuaciones. Cosa que es un despropósito, no corresponde. Si no lo quieren extraditar que nos digan que no, pero no hacer un juicio de fondo cuando no corresponde. Nosotros no lo hacemos cuando es a la inversa", se quejó Valetti. El juez explicó que en casos que requieren de cooperación extranjera, la investigación se va llevando de forma "reservada" y el Estado requerido (en este caso Argentina) "no tiene la competencia para examinar el tema de fondo porque el juzgamiento corresponde al Estado requirente (Uruguay en este caso)". "El Estado requerido lo que debe juzgar solamente es si se respetaron las formas que establece el tratado de extradición, las garantías y nada más", agregó.

El juzgado de Crimen Organizado tramita un exhorto que llegó en agosto