La batalla entre el Estado laico y la Iglesia se saldó con un “camuflaje” para las principales fiestas religiosas.

El 23 de octubre de 1919 se sancionó la ley que determinó los días festivos en Uruguay. Desaparecían para siempre del calendario oficial las festividades católicas, reconocidas y practicadas por el Estado desde la colonia: Semana Santa, el Día de la Virgen, el Día de Reyes y la Navidad.

Aparecían entonces la Semana de Turismo, que se celebrará en la "la sexta semana siguiente a la de Carnaval"; el Día de los Niños, en lugar de Reyes; el Día de las playas (8 de diciembre) y la Navidad pasaba a llamarse "Fiesta de la Familia".

Habían pasado pocos meses de la asunción del presidente Feliciano Viera, pero la discusión venía desde el gobierno de José Batlle y Ordóñez, uno de los impulsores de la separación de la Iglesia del Estado.

En su primera presidencia, Batlle y Ordóñez mandó quitar los crucifijos de las escuelas públicas y hospitales en el año 1905. En 1909 su primer sucesor, Claudio Williman, resolvió la prohibición de la enseñanza de religión en las escuelas.

Aquel calendario festivo incluía un total de 18 celebraciones (algunas de ellas ya no existen) pero la Navidad nunca volvió a ser una celebración para el Estado uruguayo.

El mes de mayo tenía cuatro feriados: el primero, Día de los Trabajadores; el dos, Homenaje a España; el 18, Batalla de Las Piedras, y el 25, Día de las Américas.

Además, la norma que se aprobó definía como jornadas "festivas" en Uruguay los días 4 de julio, Día de la Democracia; 14 de julio, Día de la Humanidad; 20 de septiembre, Día de Italia; 21 de Septiembre, Cabildo Abierto; 12 de Octubre, Día de la Raza y 8 de Diciembre, Día de las Playas.

El debate parlamentario provocó choques durísimos entre representantes del batllismo, el coloradismo y los legisladores afines a la Iglesia.

La Comisión de Legislación de Diputados, integrada por los colorados José Salgado, Carlos Sorín y Francisco Schinca, y los nacionalistas Juan Andrés Ramírez y Washington Beltrán Barbat, presentó el proyecto que luego se aprobaría.

Los batllistas Sorín y Schinca se oponían al proyecto en el entendido que la norma "camuflaba" las festividades religiosas. En un libro llamado "¿Santa o de Turismo?", publicado en el año 2010 y centrado en el debate por la secularización en el Uruguay, el actual cardenal Sturla estima que para la visión de los batllistas las celebraciones religiosas habían caído como tales con la Constitución que regía desde el 1° de marzo de 1919, que terminó de separar la Iglesia del estado.

Sturla recuerda que el diputado Salgado, "ante las primeras críticas, se apresuró a decir que la ley no tenía caracter religioso alguno. Pero los diputados más radicales, que daban por abolidas esas fiestas, no querían volverlas a declarar feriados".

Durante el debate se presentaron dos proyectos: uno del nacionalista Enrique Andreoli y otro del batllista José Arias. En el primero se incorporan los conceptos de "Día de los Niños", el "Día de las Playas" y el "Día de las Familias", y se quitaba la Semana Santa del calendario oficial.

La propuesta del batllista Arias hacía otro tanto y directamente suprimía la Navidad, haciendo del 22 de diciembre el último festivo del año, jornada a la que llamó "Fiesta del Verano". Al mismo tiempo, el legislador sumaba celebraciones como el "Día de la Libertad"; la "Fiesta del Otoño" y el "Día de la Humanidad", entre otros.

El concepto de Navidad nunca desapareció del todo de la visión popular. En 1968, casi medio siglo después de aprobada la norma, el diputado blanco Enrique Beltrán propuso retomar el nombre de Navidad para el Día de la Familia. En su argumentación, señalaba que "un erróneo criterio, que pudo, no obstante tener aplicación en una época, cambió en nuestro país ese nombre". Para el legislador de la bancada opositora "mientras el lenguaje oficial sigue invocando el Día de la Familia para el más lejano y el más incrédulo de los habitantes del país, en él está presente la Navidad".

Las batallas entre la Iglesia y el Estado son muy anteriores. Antes de la separación, los gobiernos de turno tomaban decisiones dentro de la organización religiosa y eso generaba serios conflictos.

Uno de los episodios más contudentes ocurrió en 1861, cuando se produjo el "caso Jacobson". El médico y masón católico de San José, Enrique Jacobson, se negó a abjurar de su condición en su lecho de muerte y la Iglesia no permitió que se le enterrara en su cementerio local. La polémica generó una batalla interna en la Iglesia que terminó con un duro enfrentamiento entre el presbítero Juan José Brid, (senador blanco y afín a la Masonería) y el administrador apostólico de Montevideo, Jacinto Vera. El jerarca eclesiástico fue expatriado por el Poder Ejecutivo de la época, presidido por Bernardo Berro.

Antes de la inauguración del Palacio Legislativo, llevada a cabo en el año 1925, las Cámaras Legislativas funcionaban en el edificio del Cabildo (arriba). Desde allí los legisladores de José Batlle y Ordóñez terminaron de romper los vínculos entre la Iglesia y el Estado. El enfrentamiento venía de tiempo atrás y no es patrimonio exclusivo del batllismo. El Estado venía tomando decisiones en la Iglesia Católica merced a su condición de "patrón" heredada de la monarquía española. Prueba de ello fue el conflicto entre Bernardo Berro (blanco fusionista) y el administrador apostólico Jacinto Vera, que terminó exiliado.

LA SECULARIZACIÓN DE LAS FIESTAS