Eduardo Delgado

El gobierno prepara un paquete de medidas para el descongestionamiento carcelario, incluye la liberación de casi 2.000 presos, entre ellos 1.100 sin condena que cumplieron más de dos tercios de la pena del delito por el que fueron procesados.

El presidente José Mujica y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, han dicho públicamente y en repetidas ocasiones que el Poder Ejecutivo hará todos los esfuerzos posibles por reducir el hacinamiento en las cárceles.

La secretaría de Interior, en coordinación con la Presidencia, trabaja en ese sentido en un conjunto de medidas que implicarán la libertad de aproximadamente 2.000 reclusos y que su sumará a la ley de emergencia carcelaria ya aprobada (que otorga US$ 15 millones al Ministerio para mejorar las condiciones de reclusión y habilita a trasladar presos a unidades militares).

La principal de estas medidas pasa por el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanas (conocida como el Pacto de San José de Costa Rica) y del informe 86/09 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (que derivó en la libertad de los hermanos Peirano Basso en mayo de 2007 y tras casi cinco años de prisión sin condena), que el gobierno entiende se están violando.

Esto implicará que los presos que hayan cumplido los dos tercios de la pena mínima prevista para el delito por el que fueron procesados -y que por ende no tengan sentencia de condena- deban ser liberados. En esa situación se encuentran 1.100 reclusos, según un relevamiento que realizó el Ministerio del Interior, dijeron fuentes gubernamentales a El País.

La libertad de estos reclusos no guardará relación con la gravedad de los delitos que cometieron, sino con que hayan pasado ese tiempo detenidos sin condena. Esta cuestión se relaciona con la eficacia de la administración de Justicia, lo que incluye el tiempo que insume un expediente penal en tener una sentencia definitiva, puesto que hasta que exista condena un individuo procesado mantiene su presunción de inocencia.

El ministro Bonomi dijo ayer jueves que "hay un enlentecimiento muy fuerte que lleva a que gente que tendría que estar en libertad no lo está" y que "esto pasó en Rocha", refiriéndose a varios de los 12 reclusos que fallecieron en la cárcel de ese departamento en un incendio el 12 de julio. "Hay gente con delitos muy graves que está con gente con delitos leves, juntos. Y otros que si no fuera por la feria judicial ya estarían libre. Estamos tratando de achicar el enlentecimiento", agregó.

El Poder Ejecutivo analiza cómo concretar esta medida y baraja dos alternativas: por decreto o por ley. Esto dependerá en gran medida de las negociaciones política que por este tema se entablarán con la oposición, agregaron las fuentes.

Parte de las otras medidas para el descongestionamiento de las cárceles que el gobierno elabora son para liberar a presos primarios, menores de 28 años y con registros de buena conducta en los centros donde estén detenidos, informaron las fuentes.

Se estudia si estos reclusos primarios que serán liberados deben quedar bajo supervisión de la Oficina de Supervisión de la Liberad Asistida (OSLA) creada en esta administración.

En el Ministerio del Interior prima la posición de que esta oficina se vería desbordada si se le encomienda el seguimiento de cientos de presidiarios que serán liberados.

En cada caso, el gobierno se basará en privilegiar ciertos principios: no violar la legislación internacional ratificada por el país, y en el caso de los primarios menores de 28 años darles una oportunidad.

El total de privados de libertad en los establecimientos metropolitanos, según cifras de 2009, es de 4.267 hombres, (entre procesados, condenados, primarios y reincidentes).

El total de mujeres recluidas a la misma fecha en cárceles metropolitanas es de 373, también entre procesadas, condenadas, primarias y reincidentes.

En todo el país, hay unos 9.000 presos.