Las prerrogativas de las que gozarán los miembros del Parlamento del Mercosur generaron un intenso debate en el legislativo uruguayo que advirtió sobre el riesgo de reeditar situaciones del pasado, como el caso de los "colachatas" baratos.

"Lo único que falta es que alguien salga diciendo que montamos la gran currología nacional para los parlamentarios del Mercosur", dijo el miércoles el diputado colorado Washington Abdala mientras la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados discutía el Acuerdo de Sede para el legislativo del bloque.

En el artículo 10 del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo se establece que aquellos parlamentarios y sus familiares que fijen residencia en Uruguay gozarán de las facilidades, la inviolabilidad personal, las inmunidades, los privilegios, las franquicias y las exenciones tributarios otorgadas a los Representantes Permanentes ante los Organismos Internacionales.

Según planteó Abdala lo único que falta es que en Uruguay, "parlamentarios que van a estar viniendo de manera itinerante, que no van a estar más de veinticinco días a lo largo de un año, importen un auto" y recordó que antiguamente el sistema político fue criticado por este tipo de beneficios.

Nelson Fernández, subdirector para Asuntos de Integración de Mercosur de la Cancillería, aclaró que según el texto del Acuerdo de Sede quienes van a poder importar automóviles serán quienes fijen residencia en el país. Acto seguido Abdala se refirió al funcionamiento del Parlamento Europeo y dijo que teniendo en cuenta la dinámica de este tipo de organismos es imposible que los legisladores fijen su residencia en Uruguay pues no trabajarán en el país más de diez días al mes. "La opinión pública nos mataría y tendría razón en decir: volvimos a los colachatas", advirtió.

El representante del Ministerio de Economía, Fernando Serra, explicó que a partir de la entrada en vigencia de la ley de reforma tributaria, existe un concepto de residencia fiscal que determina que para que exista residencia en territorio nacional el sujeto debe permanecer por más de 183 días en año civil. Abdala sostuvo que si se incorpora ese criterio habrá más certeza jurídica y se acotan los privilegios, pero teme que cada país haga una interpretación libre del concepto de residencia habitual tal como está planteado actualmente en el texto. Además propuso que directamente se prohíba la venta de los automóviles de uso personal de los parlamentarios pues sostuvo que la "currología" está armada en la región y en el mundo para que la gente se abuse y hay que ponerse "anteojeras" ante eso. "No tengo por qué recordar a los funcionarios diplomáticos algo bastante desagradable que fue que se importaban vehículos y muchas veces terminaban sobre cuatro tacos en los garajes, como instrumentos de venta. Eso lo sabe todo el mundo en el país; triste ejemplo que tampoco quisiera se repitiera con los parlamentarios".

La Ley 12.183 de 1955 conocida como la "ley de autos baratos" fue aprobada en 1955 y se mantuvo vigente hasta 1967. En aquel Uruguay todo lo importado era caro, especialmente los automóviles, que tenían precios prohibitivos. La norma daba derecho a los legisladores a importar los vehículos sin impuestos, en similares condiciones a la de los diplomáticos.

Esta ley de privilegio generó intensos debates y cuestionamientos, al igual del famoso artículo 383 que se deslizó en una ley de rendición de cuentas para favorecer las jubilaciones de los legisladores y que les otorgaba un sistema de reajuste asociado al sueldo de los parlamentarios en actividad.

A partir de una de las tantas confrontaciones por la ley de los "colachatas" se produce el choque del dirigente blanco Javier Barrios Amorim con dirigentes de su propio partido que deriva en la fundación del Movimiento de Rocha en 1964.

"Los Parlamentarios no podrán ser juzgados civil o penalmente en le territorio de la República, en ningún momento, ni durante, ni después de su mandato por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones".

"Los Parlamentarios que fijen su residencia en el territorio de la República, gozarán de las facilidades, la inviolabilidad personal, las inmunidades, los privilegios, las franquicias y las exenciones tributarios otorgadas a los Representantes Permanentes ante los Organismos Internacionales con sede en la República. Ellas se extenderán a los miembros de su familia que dependen económicamente de ellos".

"Podrán además transferir sus bienes, libres de todo tributo al término de sus funciones".