El 1° de julio la Cámara de Diputados aprobará el proyecto que habilita la construcción de la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo. La intención del oficialismo es que el 7 de julio se apruebe en el Senado, tras las modificaciones que se realizaron en la cámara baja.
Ayer, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Fernando Puntigliano, concurrieron a la comisión de Transporte de Diputados, para plantear la necesidad de que se apruebe la iniciativa a la brevedad.
En la reunión, Puntigliano resaltó la necesidad de construir la segunda terminal, luego de explicar que por la proyecciones de tráfico de mercaderías, el puerto colapsaría en 2014. En diálogo con El País, Puntigliano expresó que a la comisión asistieron además "integrantes del equipo jurídico, personas especializadas en la parte de tráfico, planes de negocios y temas ambientales".
Por su parte, Rossi subrayó que el gobierno belga le solicitó a la administración del Frente Amplio información respecto a la segunda terminal y adelantó que se le responderá.
En la reunión, se insistió en la posición del gobierno de que cuando se concedió la primera terminal, no se otorgó "un monopolio", y que por lo tanto no existen impedimentos para convocar a una nueva licitación para un nuevo operador.
Participantes de la reunión indicaron a El País que la actual concesionaria de la primera terminal -TCP, cuyo socio mayoritario es la belga Katöen Natie- ya anunció que está dispuesta a convocar a un arbitraje para que se cumpla con el tratado suscrito entre Bélgica y Uruguay.
En otro orden, en la comisión se aceptaron las modificaciones realizadas al proyecto, referidas a eliminar el requisito de que el 70% de los trabajadores de la segunda terminal deben ser uruguayos.
Otra ley. El diputado oficialista Eduardo Brenta, informó que se resolvió eliminar el porcentaje. Agregó que se procurará mejorar la capacitación de los trabajadores del puerto. Anunció que la bancada del Frente Amplio se comprometió a promover una ley independiente para "establecer las normas laborales de los trabajadores portuarios".
De acuerdo al proyecto, una vez aprobada la iniciativa en el Parlamento, el gobierno realizará el llamado a licitación.
Si bien todo el proceso se realizará durante los siete meses en que continuará el Frente Amplio en el gobierno, la subasta de la concesión se llevará a cabo luego de la asunción del próximo gobierno. Esta deberá realizarse en un plazo no mayor a los tres meses, a partir de marzo de 2010, a los efectos de asegurar que la terminal esté operativa antes de 2014.
El requisito de que la subasta se realice el año próximo fue una de las condiciones impuestas por la bancada del Espacio 609, para aprobar la iniciativa.
Puntigliano y Rossi aspiraban a que el proceso de licitación y la adjudicación se concretara antes de la finalización del mandato del presidente Tabaré Vázquez.