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EDUARDO DELGADO

La Justicia de Crimen Organizado investiga un caso de espionaje telefónico a un exdiputado del Partido Nacional. Una funcionaria de Antel reconoció el hecho, pero el ente aún no presentó la denuncia penal.

Los números de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes y su ubicación geográfica -en función de la información de las radiobases de Antel-, fueron la información que una funcionaria de Antel extrajo de un exdiputado blanco y actual asesor en un ente.

El juez en Crimen Organizado Jorge Díaz indaga cómo esta funcionaria obtuvo esos datos, por qué hizo esa irregularidad, si se debió a motivos políticos o de otra índole, si recibió dinero a cambio, si el Directorio del ente de las comunicaciones estaba al tanto y lo autorizó, y si tomó medidas para evitarlo.

El magistrado citó para hoy jueves a varios gerentes de Antel por este expediente iniciado a partir de una denuncia del damnificado, puesto que el organismo hasta el momento no la había presentado.

"De los hechos investigados se pudo conocer fehacientemente que la contratada a termino utilizaba las potestades de su usuario ACM (sistema informático que registra movimiento de funcionarios en la red de Antel) para investigar los datos relacionados con el celular mencionado", expresan las conclusiones de la investigación administrativa realizada, a las que accedió El País.

Agrega el informe que realizó "irregularmente estos hechos en el período comprendido entre el 15 de junio y el 18 de agosto de 2009", y que 691 funcionarios de Antel pueden investigar los listados de llamados de celulares (ver recuadro).

El escrito sostiene que no surge del sistema ACM pesquisa de tráfico de llamadas o ubicación geográfica anterior o posterior a las fechas referidas. Aunque aclara que ese sistema tiene auditoría a partir de marzo de 2009, "por tanto no se puede afirmar ni desestimar que haya o no habido pesquisa antes de esa fecha, pero no es posible descartar absolutamente a posteriori".

La funcionaria admitió en su declaración "haber investigado los listados de tráfico del celular de marras" a pedido de la esposa" del denunciante. Si bien confesó haberlo hecho durante un mes o dos, "resultó probado que lo hizo por tres meses y tres días".

En la denuncia que el damnificado hizo a Antel manifestó la sospecha de que su expareja recibía información confidencial relacionada a su servicio celular, a través de un empleado de Antel. Pero no descartó otros propósitos y es uno de los puntos que solicitó al juez Díaz que indague. La sumariante concluyó que la funcionaria investigada "violó la Política de Seguridad de la Información" por lo que configuró "notoria mala conducta".

Llamadas. Primero en 2008 y luego en 2009, este exlegislador nacionalista solicitó a Antel que se investigue si su celular estaba siendo interceptado -puesto que tenía sospechas de ello-, pero no tuvo respuesta del ente. En agosto de 2010, reiteró el pedido al Directorio de Antel, el que ordenó una investigación administrativa que demostró la irregularidad.

La funcionaria investigada se desempeña en la empresa desde 2008, en calidad de "personal provisto" hasta el año 2010, cuando suscribió un contrato a termino. Desde su ingreso cumplió tareas relacionadas con los agentes de ventas.

En la investigación interna de Antel, declaró que se ocupa de ingresar "todo lo referente" a los agentes en el sistema ACM. No tiene trato directo con el público, expresó no recordar haber hecho el curso de Seguridad de la Información y dijo desconocer la normativa de protección de datos. En sus tareas no está incluida la recepción de reclamos por parte de los agentes respecto a llamadas mal facturadas. Preguntada por los hechos investigados, expresó que conoce a la esposa del denunciante y reconoció que fue ella quien le solicitó información referente al móvil.

Declaró que la pesquisa se siguió por uno o dos meses, lo que dijo no puede reconocer con exactitud. Justificó sus dichos en que desconoce que los datos que informaba tenían carácter confidencial. Sin embargo, la investigación administrativa corroboró que su contrato establece un compromiso de confidencialidad.

Comprobado. La gerencia del área comercial de Antel informó en la investigación administrativa que se indagaron los movimientos ingresados y relacionados con el servicio celular que fue denunciado, y "se pudo conocer que, en varias oportunidades se consultaron listados técnicos de tráfico del celular de marras". Agregó esa gerencia que surgió el nombre de la funcionaria a quien pertenecía el usuario utilizado para recabar esa información.

"Los listados incluían datos de radio bases y detalle de llamadas", indicó el informe. Además, señaló que "por razones técnicas del sistema ACM se pudo informar desde marzo de 2009, no surgiendo información por el período anterior".

A una contadora que desde diciembre de 2010 fue la superior inmediata de la funcionaria que cometió la irregularidad, se le preguntó si la investigada gestionaba solicitudes de detalles de llamadas y rastreos geográficos, a lo que respondió "categóricamente que no". Añadió que sus tareas eran trámites respecto a agentes de ventas, cambios de plan y migraciones.

Hay 691 funcionarios del sistema informático de Antel que tienen acceso a los listados de llamadas de los teléfonos celulares, sostuvo un informe de una contadora que es jefa de unidad del ente y que fue la jerarca inmediata de la funcionaria investigada.

La información está incluida en la investigación administrativa, donde la contadora dijo: "También se pudo saber que existen 691 usuarios con potestades de indagar o investigar listados de llamados de los servicios móviles".

Indicó que "además de la normativa vigente, se ha instrumentado últimamente un contrato de confidencialidad" y que la instrucción en Seguridad de la Información prevé que, antes de obtener la pantalla con la información requerida, "se debe llenar un campo exponiendo el motivo de la consulta". Pero agrega que "dicho campo no es obligatorio".

Declaró en la investigación que las tareas de esta empleada consisten en realizar trámites respecto a los agentes de ventas, cambios de plan y migraciones.

La investigación incluye sugerencias de control "para minimizar la probabilidad de riesgo", aunque señala que las políticas de seguridad "son claras, han ido aumentando los mecanismos de control y se exige la suscripción de contratos de confidencialidad.

El informe sugiere encomendar a las gerencias de la División Gestión de Canales y de la División Gestión de Clientes, en conformidad con lo manifestado por dos contadoras consultadas en la investigación, crear una categoría especial que habilite consultar la información de tráfico telefónico y ubicación geográfica solo a los usuarios que efectivamente necesitan los datos referidos.

También propone dar de baja a todos los demás usuarios y establecer como obligatorio completar el campo "motivo auditoría" previo a dar la información.

3 Los meses que una funcionaria de Antel investigó las llamadas que hacía y recibía un exlegislador desde su celular.

"Tranquila, trabajadora e introvertida", así definió una contadora, jefa de unidad de Antel, a la funcionaria investigada.

Esta profesional fue la superior de la funcionaria indagada hasta el 1° de diciembre de 2010 y fue una de las consultadas en la investigación administrativa del ente.

Respondió "rotundamente no" cuando fue interrogada si la empleada gestionaba detalles de llamadas y rastreos geográficos, los que dijo no se realizaban en la unidad a su cargo.

Desde hace varios meses, la posibilidad de que se registren escuchas telefónicas ilegales es un tema que genera inquietud entre dirigentes políticos, sobre todo, de la oposición.

En julio de 2010, el senador y líder del sector colorado Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, cursó un pedido de informes al Ministerio del Interior y otro ante Antel para saber si entre marzo de 2005 y marzo de 2010, los teléfonos de su estudio jurídicos y sus líneas particulares fueron intervenidas por algún organismo estatal.

Ese pedido de informes de Bordaberry fue la ampliación de una consulta que había realizado antes y cuya respuesta no lo conformó, ya que el Ministerio del Interior le indicó solamente que la cartera "se manejó dentro de la ley y por lo tanto "no dispuso escucha alguna" y "menos sobre un senador que tiene inmunidad prevista en la Constitución".

El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, contó que tiempo atrás, estando reunido con un militar de alto rango, se disponía a apagar su celular. Entonces, el oficial le indicó que era innecesario, porque igual podía ser escuchado. "¿Se cree que a usted no? Está muy equivocado", le dijo el militar a Mieres.

Otro episodio tuvo como protagonista al diputado nacionalista Jaime Trobo, quien desde el teléfono de su despacho, realizó varias llamadas a personas que se encontraban en el exterior. Poco después, un representante del gobierno cubano visitó Montevideo y le dijo que sabían que él había realizado esas llamadas.