El canciller argentino Jorge Taiana debió rectificar ayer la posición de su gobierno en torno a los cortes de ruta. La contestación a la demanda uruguaya ante el Tribunal de Controversias del Mercosur incluía una suerte de legitimación del bloqueo que durante cuatro meses afectó a Uruguay. La declaración provocó más problemas en lo interno que ante la posición uruguaya, ya que el movimiento piquetero argentino tomó nota de la posición del gobierno de Néstor Kirchner como un dato a favor de su causa.

Actualmente hay unos 1.000 piqueteros procesados en Argentina y sus abogados defensores ya comenzaron a incorporar a sus defensas la declaración sobre los cortes de Gualeguaychú.

"El gobierno buscó disuadir. Hubo manifestaciones en rutas argentinas, no organizadas ni auspiciadas por las autoridades argentinas. Es más: nosotros las desestimulamos, las desalentamos", aclaró Taiana ayer al matutino Clarín.

Pero la suerte de la demanda uruguaya ante el tribunal arbitral del bloque es seguida con especial atención desde Uruguay. Concretamente, por parte de un grupo de 30 empresarios que se aprestan a llevar sus demandas por daños ante la Justicia argentina. "Hay fuerte expectativa, sobre todo por saber si el tribunal del Mercosur fallará a favor de Uruguay, lo cual daría un fuerte respaldo a las demandas", explicaron allegados a los empresarios uruguayos.

RECTIFICACION. Taiana sostuvo que "Uruguay planteó una demanda sobre el libre tránsito de bienes que Argentina consideró abstracta". Según esta argumentación la demanda no llegó a "probar" que el daño haya existido. Uruguay argumentó que el bloqueo de los puentes internacionales - los de Fray Bentos-Puerto Unzué y Paysandú-Colón- ocasionaron pérdidas del orden de los U$S 500 millones.

Pero la argumentación que más desconcertó al gobierno uruguayo fue aquella que avaló los cortes como parte de la libertad de expresión, por encima de la libertad de circulación.

"Un examen elemental de estas afirmaciones hace totalmente rechazable esta tesis incomprensible. Ambos derechos son indisociables de la condición humana y están protegidos por la legislación nacional, regional e internacional. Es inconcebible que en función de ejercer un pretendido derecho a la libre expresión del pensamiento se conculque otro derecho humano básico", opinó el canciller Reinaldo Gargano.

DEMANDAS. Un comerciante de Paysandú es el primero en haber completado la demanda por "varios cientos de miles de dólares". El grupo de empresarios es representado por los estudios jurídicos De Freitas, Aguerre, Balsa, Bugallo y Asociados, en Montevideo; y el estudio Iofrida & Asociados en Buenos Aires.

"Además de la demanda del empresario de Paysandú, ya hay prácticamente prontas otras tres de empresarios de Fray Bentos", indicaron a El País fuentes ligadas al grupo. La cifra que sumarían sólo estas 30 demandas son mantenidas en reserva, aunque las fuentes anticipan que se trata de "varios cientos de miles de dólares". De todas formas, los demandantes aguardarán a conocer los resultados del Tribunal de Controversias del Mercosur. Ello podría diferir las presentaciones un par de meses.

"Lo contrario supondría quedar librados a un fallo de la Corte Suprema argentina en contra del gobierno, lo cual parece muy difícil de esperar. En cambio, si hay un fallo favorable del Mercosur, la Justicia argentina podría tener otros elementos en los que respaldar un fallo", explicaron.

ACCION Uruguay reclamó la formación del tribunal de arbitraje para reclamar por los daños ocasionados por los cortes a los puentes internacionales, pérdidas que se estiman en los 500 millones de dólares. Asimismo, reclama la responsabilidad del gobierno argentino por haber omitido "para prevenir y/o hacer cesar" los cortes.

TRIBUNAL El Protocolo de Olivos para la Solución Pacífica de Controversias establece la conformación de una terna arbitral, con jueces designados por los dos países involucrados y un tercero neutral. Uruguay está representado por el jurista José María Gamio, Argentina por Carlos Barreira, y la presidencia corresponde al español Luis Martí Mingarro.

IMPUGNACION Argentina objetó la designación del árbitro español, por entender que es de la misma nacionalidad que una de las empresas constructoras de las plantas. Dado que el Tribunal de Revisión del Mercosur rechazó la impugnación, el representante argentino anterior, Héctor Masnatta, presentó su dimisión al cargo.

DECLARACION Superadas estas objeciones, Argentina presentó sus descargos. En la declaración sostuvo que la demanda uruguaya es "abstracta" y que no logró probar la existencia de daños económicos.

LAUDO El tribunal tiene un plazo de 60 días, prorrogable por otros 30, para llegar a un laudo. El plazo vencería el próximo 7 de setiembre. Previo al mismo deberá tener lugar una audiencia en la sede administrativa de Montevideo, con la comparecencia de las dos partes. El fallo del tribunal es apelable, por lo que aun si fuera favorable para Uruguay, Argentina podrá apelar ante el Tribunal Permanente del Mercosur, con sede en Asunción, y que, llegado este caso, tendría su primera actuación en una controversia.