PANDEMIA

Las nuevas medidas del gobierno para combatir la pandemia del coronavirus que limitan el derecho de reunión, prohiben las aglomeraciones y cierran las fronteras, comienzan a regir hoy en todo el país, luego de que el Poder Ejecutivo definiera este fin de semana los protocolos de actuación ante cada caso.

Durante cuatro horas, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, junto a los ministros del Interior, Jorge Larrañaga y de Defensa Nacional, Javier García, trabajaron en el decreto reglamentario a fin de que las nuevas disposiciones se apliquen gradualmente y en línea con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed).

En el caso de la instrumentación del artículo 38 de la Constitución, las autoridades resolvieron que las intervenciones para disolver aglomeraciones recaigan en los integrantes de los Cecoed: los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Salud Pública, las intendencias y la propia Fiscalía, que pasará a tener un representante en estos organismos.

Luego de la reunión, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, explicó en conferencia de prensa que las medidas buscan evitar que se perjudique a la salud; por eso, el gobierno no delimitó los procedimientos en base a un determinado número de personas reunidas. En su lugar, las autoridades remarcaron que se actuará cuando se identifique un “notorio riesgo para la salud de la gente”, anotó Larrañaga.

En caso de desobediencia, el ministro del Interior anunció que se dispondrán multas que podrán ir desde las 30 a las 1.000 UR (de $ 38.730 a $ 1.291.000) y que incluso podrá intervenir la Fiscalía bajo la figura de “desacato” a pedido de las autoridades.

Larrañaga consideró que “todo esto implica la responsabilidad de cada uno de los uruguayos” dado que “la ley es para cuidar a la gente, la salud y la vida, y por eso hay que asumir una decisión frente a los intereses en juego”. Por este motivo es que el Poder Ejecutivo resolvió otorgarle “temporalidad” a las nuevas medidas , que en este caso tendrán una vigencia de 60 días y que podrían ser prorrogadas por otros 30.

La actuación de la Policía será solo cuando así se solicite. Larrañaga explicó que si bien disuadirán y terminarán con las aglomeraciones, el proceso será gradual y apelarán a que “no se generen las dificultades de una intervención directa de la Policía”. De todas maneras, anticipó: “Si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer”.

Las nuevas disposiciones anunciadas anoche también comprenden el cierre de las fronteras. Las únicas excepciones serán para ayudas humanitarias, transporte comercial o de carga y correo.

En este caso, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció que se colocarán 25 puestos de control a lo largo de la frontera: 15 en el límite con Brasil y 10 con Argentina. En tanto, los operativos contarán con más de 500 efectivos del Ejército Nacional y de la Prefectura Nacional Naval.

En el caso de las ciudades binacionales, como Rivera o Chuy, donde es muy común que las personas vivan de un lado de la frontera y trabajen del otro, se les solicitará la documentación y la misma será cotejada con Migraciones.

García señaló que el cierre de fronteras será a nivel de tierra, mar y aire, y que en este caso, incluso los vuelos o viajes en yates particulares quedan prohibidos. El ministro aseguró que “estas medidas nadie las adopta con alegría, mucho menos en las circunstancias en las que estamos viviendo”.

En el Poder Ejecutivo hace tiempo que se pensaba en otorgarle mayor potestades a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) en el combate a la pandemia del coronavirus. De hecho, hace meses que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, había anunciado que se integraría a representantes de la Fiscalía en los mismos para otorgar mayor respaldo en las actuaciones. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales es la base sobre la que se pondrá en marcha la intervención estatal. El decreto “precisa lo estipulado en la ley en cuanto a la determinación del rol de los ministerios, los gobiernos departamentales, y sobre todo la implementación de los Cecoed permanentes y ampliados con representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Salud, jefes de Policía, más los intendentes, representantes de los ministerios de Interior y Defensa, entre otros”, adelantó Ferrés.

En Presidencia ponderan el valor “operativo” de los Cecoed. Estos comités serán los encargados de controlar y fiscalizar las nuevas disposiciones.

Desde el jueves, Delgado está trabajando en el armado de estas unidades de monitoreo junto con los intendentes, los ministerios y la Fiscalía General de la Nación, ya que cada comité estará integrado por un fiscal departamental. Ahora, con el decreto queda especificado por escrito el funcionamiento de los mismos.

El crecimiento exponencial de los contagios de COVID-19 durante los últimos 10 días aceleró la redacción del decreto reglamentario y la coordinación entre Presidencia, los ministerios y las intendencias. Delgado se reunió el jueves con los intendentes Andrés Lima, frenteamplista de Salto; Carmelo Vidalín, nacionalista de Durazno, y Richard Sander, colorado de Rivera. Cada uno, en su feudo, está trabajando en los controles sobre las aglomeraciones. Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi (FA), dijo que prioriza la red de municipios y los Comités Locales de Emergencia.