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El plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal se meterá de lleno en la elección de 2014 y enfrentará a la línea más opositora de los partidos tradicionales con la izquierda. El Frente Amplio se niega a adelantar la consulta.

La campaña de recolección de firmas para plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años culminó ayer con la entrega de 367.609 rúbricas al Parlamento y la Corte Electoral y promete convertirse en eje de la próxima campaña electoral.

El senador Pedro Bordaberry, una de las caras más visibles de la campaña, reclamó que el Parlamento "pueda votar las leyes sin que se presente esta cantidad de firmas". Y acotó: "Nos parece que es un grito muy fuerte que está pegando la sociedad. Esto fue presentado por 367.000 uruguayos".

La izquierda rechaza bajar la edad de imputabilidad mientras la inseguridad se ha convertido en el principal tema de preocupación de la opinión pública. La oposición, en tanto, cuenta con una propuesta concreta con la que puede dominar el debate en campaña electoral.

En junio de 2011, una encuesta de Cifra reveló que 65% de los uruguayos estaba de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, contra 28% que estaba en desacuerdo y 7% que no opinó en ese momento. La aprobación a esa medida, incluso, era mayoritaria entre los votantes al FA (55%). Entre los simpatizantes blancos el nivel de apoyo era de 73% y entre los colorados de 84%.

Frente a ese escenario de preocupación por la inseguridad instalado en el corazón de la sociedad, el Partido Colorado y Unidad Nacional plantearon la recolección de firmas para frenar a la minoridad infractora. En la coalición de izquierda ya se asumió que la imputabilidad será un elemento clave de la contienda electoral y se rechaza, a la vez, adelantar la consulta popular, tal como lo reclaman los impulsores de la iniciativa.

"Por supuesto que va a incidir, si coincide con la elección será un tema importante de campaña, porque todo el mundo va a debatir sobre eso", aseguró ayer a El País la senadora y politóloga Constanza Moreira (Espacio 609).

Para algunos analistas el plebiscito puede "contaminar" la campaña y "pesar" a favor de la oposición. "Al gobierno no le sirve un plebiscito de este tipo junto con las elecciones, porque lleva el tema de la seguridad al primer plano, y a ningún gobierno le sirve eso. El tema de la seguridad va a estar en la próxima elección, pero si es a través de un plebiscito favorece a los sectores de la oposición", dijo a El País el director de la empresa Interconsult, Juan Carlos Doyenart. Para el politólogo, la izquierda debería buscar una forma de "evitarlo" con sus mayorías parlamentarias.

Doyenart entiende que las firmas se pueden convertir en un "problema electoral" para el gobierno. "Uno de los temas por los cuales la popularidad de (José) Mujica cayó fue la ineficacia del gobierno en materia de seguridad pública. Por lo menos en la percepción de la gente, que se muestra en las encuestas. Existe la sensación de que este gobierno ha hecho poco en materia de seguridad, que el problema de inseguridad ha crecido, y esta va a ser una de las piedras en el zapato de la izquierda, como también lo será la educación", dijo.

A juicio del profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, Daniel Chasquetti, parece "bastante claro" que la imputabilidad se suma a la campaña electoral. Todo dependerá de cuánta centralidad gane en el debate, pero Chasquetti no duda que la oposición intentará "sacar rédito".

TÁCTICA. Los legisladores del Frente Amplio que consultó ayer El País anunciaron que van a dar batalla de aquí a octubre de 2014 para convencer a la opinión pública. Para el diputado socialista Julio Bango, hay elementos para hablar de "oportunismo político" por parte del expresidente Luis Alberto Lacalle y el senador Pedro Bordaberry. "Tenemos que desenmascarar una operación que tiene un alto contenido político, porque de las tres cuestiones que plantea el plebiscito, dos de ellas están resueltas y laudadas", dijo. Aludía a que la reforma constitucional impulsada también propone mantener los antecedentes de los menores al cumplir los 18 años y crear un instituto de rehabilitación por fuera del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). "Va a ser un elemento de la elección, indudablemente. La seguridad está instalada en la agenda de la derecha uruguaya y preocupa legítimamente a la población", agregó.

El exministro de Defensa y actual diputado de la Vertiente Artiguista, José Bayardi, considera "imposible" que el oficialismo acepte adelantar la consulta. "En realidad es una invocación a la nada lo que se hace", comentó. A su entender, la recolección de firmas "es de cara a la acumulación electoral, trabajando sobre la sensibilidad y los miedos de la gente". Para Bayardi, el tema pesará en la elección si se entiende que la ciudadanía es "llevable o manejable por sus miedos". "Si es así, de pronto les doy algún rédito. Creo que la ciudadanía ha ido madurando para entender el problema de los menores infractores en su dimensión global", consideró.

La diputada de Asamblea Uruguay, Daniela Payseé, entiende que la enmienda constitucional planteada es una "táctica" de la oposición, y que el proceso fue "falaz" al convocar una campaña "por más seguridad". "En general, y a pesar de que el FA ha impulsado plebiscitos que coinciden con elecciones, a mí no me gusta contaminarlas con consultas plebiscitarias, pero es una de las formas que la Constitución permite. Me parece que se juegan demasiadas cosas", dijo.

BLANCOS. El plebiscito de la imputabilidad le plantea al Partido Nacional un escenario complejo. Mientras Unidad Nacional, la coalición de sectores que comanda el expresidente Luis Alberto Lacalle, e integran además del Herrerismo grupos como Correntada Wilsonista del senador Francisco Gallinal, apoyó la campaña junto a los colorados, Alianza Nacional de Jorge Larrañaga mantuvo un firme rechazo a la iniciativa.

Luego de la elección interna de 2014, previo a la nacional de octubre, es de esperar que los blancos conformen una fórmula con candidato a presidente de uno de los grupos grandes y un candidato a vice del otro.

Para Chasquetti, ello puede generar un problema o ser una virtud, aunque todo depende de cuánta "centralidad" gane el tema en la campaña. Allí podrían enfrentarse discursos contradictorios en la misma oferta electoral, pero también puede ser "una oportunidad para el Partido Nacional, porque será el único partido donde se pueden votar las dos opciones", apuntó el analista.

PROCESO. La Corte Electoral recibió ayer a media tarde los 369 paquetes con firmas, que fueron depositadas en un cuarto previamente acondicionado. Según dijo a El País el ministro de la Corte, Gustavo Silveira, las rúbricas quedaron guardadas bajo dos cerraduras y la custodia permanente de cámaras de seguridad.

La Corporación acordó ayer un plan de trabajo para validar las firmas. Se estima que trabajarán 80 funcionarios durante tres meses, siempre y cuando el Poder Ejecutivo habilite un refuerzo presupuestal. Silveira explicó que habrá jornadas de diez horas, con cuatro horas extras de lunes a viernes, y de ocho los sábados y domingos. El proceso comenzará con la numeración de las cajas y la clasificación de las firmas según el departamento de origen. Luego, equipos de dos delegados, representantes de partidarios y opositores a la iniciativa, las numerarán y verificarán si el nombre del firmante coincide con la credencial cívica. También se coteja que la firma sea similar a la que estampó cuando tramitó el mencionado documento.

El trabajo se hace a mano, a excepción de seis departamentos con registros electorales digitalizados. A cada papeleta que es validada se le adjudica un número, si la firma no coincide y hay acuerdo entre los delegados se descarta. Si discrepan la papeleta se deriva a otro grupo y si tampoco acuerdan resuelve la Corte.

funcionarios de la Corte Electoral trabajarán diez horas de lunes a viernes durante tres meses para validar las firmas.

La comisión llevó ayer de tarde a la Corte Electoral 369 cajas con 367.609 firmas para plebiscitar la baja de la imputabilidad, recolectadas durante 11 meses.

El padrón electoral se ubicaba ayer en 2.590.441 ciudadanos, por lo que se deben validar 259.045 (10%) de las papeletas con rúbricas para habilitar el plebiscito junto a las próximas elecciones de octubre de 2014.

La Corte solicitará al Poder Ejecutivo un refuerzo presupuestal para pagarle 4 horas extras por día a 80 funcionarios encargados de realizar la tarea. Las jornadas serán de diez horas de lunes a viernes y de ocho los sábados y domingos.

Con este cronograma diseñado por la Corporación electoral, en tres meses estaría terminado el trabajo.

Las cajas fueron guardadas en un depósito con doble cerradura y custodia permanente de cámaras de seguridad adentro y fuera del cuarto.

Para validar las firmas se conforman grupos de dos delegados partidarios de distinto pelo político. Primero se numeran las cajas y se clasifican las firmas según departamento de origen. Luego, los grupos cotejan a mano la veracidad de las firmas. Cuando se alcancen las 259.045 se deja de contar y se da lugar a la consulta.