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EDUARDO BARRENECHE

Unos 600 soldados se encargarán de la custodia perimetral y de los controles de ingresos a las cárceles, según un proyecto de ley que elabora el gobierno. La iniciativa establecerá mejoras salariales de hasta un 50% para esos efectivos militares.

"La vigilancia en las puertas de las cárceles incluye todo control de personas y bultos que ingresen", dijo a El País el ministro de Defensa, Luis Rosadilla. Por su parte, la diputada del MPP, Susana Pereyra -esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi- informó que se comprarán scanners "muy sofisticados" para la Dirección de Cárceles a fin de mejorar el control de ingresos a los penales. Según la parlamentaria, la iniciativa en discusión por parte del gobierno, que dará status de ley a las custodias de militares en las cárceles, pretende ser una de las herramientas para resolver el problema de la sobrepoblación en los penales.

Los principales conceptos del proyecto de ley fueron discutidos en una reunión mantenida ayer entre la bancada del Frente Amplio y los ministros Bonomi y Rosadilla.

En el encuentro, Bonomi manifestó a los legisladores su preocupación por la presencia de "cortes" (cuchillos carcelarios), celulares, drogas y armas de fuego en los penales, dijo a El País el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Aníbal Pereyra (MPP). "Cada vez que hay una iniciativa de ley por parte del Poder Ejecutivo, la bancada de gobierno tiene un intercambio relacionado con esa iniciativa", explicó Pereyra.

Ante los legisladores, Bonomi no estableció un plazo para el envío al Parlamento del proyecto de ley que reglamentará el accionar de los militares en los penales -vigilancia perimetral y control de ingresos-, aunque advirtió que el tema carcelario era acuciante para su Ministerio.

La Policía, por su parte, mantendrá el control interno de los penales.

Soldados. En tanto, el diputado de la CAP-L, Carlos Souza, indicó que se estima que unos 600 soldados estarán destinados a las tareas de vigilan- cia y controles de ingresos en las cárceles. "Además, se habi-lita a Rentas Generales a entregar una partida para otorgar aumentos salariales de hasta un 50% a los soldados asignados a esta misión", dijo Souza.

CAMBIOS. El proyecto de ley vinculado a la vigilancia militar será el segundo que enviará el gobierno sobre el tema carcelario. El primero fue el proyecto de Ley de Emergencia Carcelaria. Este ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado (está previsto que lo vote en la sesión de hoy martes). El proyecto prevé el uso provisorio de instalaciones militares para alojar reclusos y la contratación de 1.500 nuevos funcionarios de Cárceles, entre otras medidas.

Según el diputado Souza, los militares comenzarán a ejecutar tareas de vigilancia en las cárceles cuando el Ministerio del Interior se haga cargo de las instalaciones castrenses que serán destinadas a centros de reclusión. "Se estima que el plazo transitorio que estarán los militares en las cárceles será de un año o un año y medio", dijo Souza.

Además de contar con más plazas por el traspaso de instalaciones militares, el Ministerio del Interior tiene en cursos obras de ampliación de los penales Libertad, Comcar y Las Rosas (Maldonado).

En este mes o a principios del próximo, el Ministerio del Interior espera que terminen las obras de remodelación del ex penal de mujeres de Punta Carretas.

Allí se alojarán unos 800 presos de baja peligrosidad provenientes de las cárceles Comcar y La Tablada.

El coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Aníbal Pereyra, afirmó que, para descongestionar las cárceles, el Ministerio del Interior trabaja en dos planos: palear la emergencia carcelaria a corto plazo con 1.500 cupos nuevos, y la construcción de 3.500 nuevas plazas penitenciarias a mediano plazo.

"El hacinamiento en los establecimientos lleva, entre otras cosas, a la falta de planificación para la rehabilitación de los reclusos", dijo Pereyra.

En varias oportunidades, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que primero habrá que disminuir el hacinamiento en las cárceles para después pensar en políticas de recuperación de esos individuos que se encuentran tras las rejas.

Según el comisionado parlamentario Álvaro Garcé, en el tope del ránking de hacinamiento carcelario se encuentra la cárcel de Rocha con un 300% de hacinamiento. Es decir, hay tres reclusos por cada plaza. En este momento, el Comcar se encuentra en su máximo histórico: 3.100 presos. Fue creado para alojar a 1.600 presos.

El Ministerio del Interior ya anunció que cerrará las cárceles de Rocha y de Lavalleja por considerar que no están en condiciones de alojar reclusos.

El propio Bonomi dijo que, en este momento, 9.000 presos están alojados en 5.000 plazas y que la población carcelaria sigue creciendo producto de no aplicarse medidas sustitutivas a la privación de libertad y por la eficacia policial.

La solución del gobierno pasa por la creación de más plazas penitenciarias en Comcar, Las Rosas y Canelones y en la aplicación del programa de Libertad Asistida (OSLA) de reciente creación.