La justicia tarda pero llega, dice el dicho popular, y habrá una serie de casos que a lo largo de los años han concitado la atención pública que este 2025 tendrán, al menos, una primera resolución judicial.

Según los últimos datos divulgados por la Fiscalía General de la Nación (que van del año 2018 a 2023), el promedio de tiempo que demoró el Ministerio Público en llegar a una condena desde la fecha de la audiencia de imputación fue de 41,3 días. Esto se debe a que la mayoría de los casos actualmente se resuelven por acuerdos abreviados. Sin embargo, el tiempo promedio de demora en obtener una condena mediante juicio oral fue de 331,2 días. Los datos divulgados no contemplan los casos en los que hubo absolución.

Los casos que se enumerarán se resolverían en 2025, o al menos las causas deberían tener significativos avances. Se trata de causas que rompen estos promedios, porque muchas de ellas han demandado años, ya sea por su alta complejidad o por la gran cantidad de personas investigadas.

Se trata, por ejemplo, de la investigación de irregularidades en la construcción del Antel Arena, la segunda parte del caso Marset, la imputación al exsenador Gustavo Penadés por más de dos decenas de delitos sexuales y la megacausa conocida como Operación Océano.

La causa que investiga irregularidades en la construcción del Antel Arena comenzó en noviembre de 2021 y nunca superó la etapa de “investigación desformalizada”. Esto significa que no hubo imputaciones judiciales. De hecho, en febrero de 2024 el fiscal Alejandro Machado archivó el caso por entender que había habido “desprolijidades” y un “manejo dispendioso de los recursos”, mas no delitos. El abogado de Antel, Gustavo Bordes, pidió la reapertura del caso y el fiscal Enrique Rodríguez decidió seguir investigando y tomó más declaraciones. Resolverá en los próximos meses si confirma el archivo (que esta vez sería definitivo) o si pide la imputación de alguna persona.

Está previsto que este año culmine la investigación por dos decenas de delitos sexuales contra el exsenador Gustavo Penadés y contra el profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, imputado por colaborar con él. La Fiscalía tiene tiempo hasta el 10 de junio de este año para presentar la demanda acusatoria. Es decir, en ese momento culminará la investigación y pasará a etapa de preparación de juicio oral, que -dependiendo de cuánto tiempo lleven las instancias intermedias- podrá comenzar a fines de este año o en 2026. La expectativa se centra en saber si la Fiscalía pedirá que se lo condene por todos los delitos por los que pidió su imputación y en saber cuál será la teoría del caso de la defensa.

Las etapas intermedias previas al juicio a once hombres acusados de explotación sexual de adolescentes, llevó casi un año. A su vez, la corrección del documento que habilita el inicio del juicio oral se corrigió un sinfín de veces por su gran complejidad. A eso se suma que en el último año, el caso pasó por las manos de tres jueces. Ahora es la jueza Silvia Urioste quien, junto a las partes del caso, está resolviendo los últimos detalles para pasarle la documentación a Huberto Álvarez, que salió sorteado como juez de juicio. Está previsto que el juicio dure, al menos, varios meses por el gran caudal de información presentado por Fiscalía y las defensas.

El fiscal Alejandro Machado comenzó a indagar en la ramificación del caso Marset que se abrió luego de que la exvicecanciller Carolina Ache denunciara que fue convocada a una reunión en la Torre Ejecutiva por Roberto Lafluf (exasesor presidencial) y allí se le pidió que borrara los mensajes que tenía con Guillermo Maciel (exnúmero dos de Interior) en los que él le advertía que Marset “era un narco peligroso”. A su vez, Ache dijo que Lafluf se hizo de un acta protocolizada por un escribano que documentaba los chats y la destruyó. Tras el archivo de la primera parte de la investigación, está previsto que este año haya varias instancias judiciales de relevancia para avanzar en el caso, como es la declaración de los involucrados. A su vez, el fiscal podría llegar a decidir si pide alguna imputación a la Justicia.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Tal y como ocurrió en la Operación Océano, las etapas intermedias previas al juicio en la causa que tiene como acusado a Nicolás Cendoya por tres delitos de abuso de funciones, también excedieron el año. Continuarán en 2025, pero algunos de los participantes no son optimistas y estiman que el juicio podría comenzar en 2026. En el caso de Charles Carrera, la Fiscalía había pedido su desafuero a fin de imputarlo, pero, a cuatro meses de esa solicitud, no lo ha hecho. La fiscal Silvia Porteiro continuará profundizando en el caso que tiene al exjerarca como señalado de un delito de abuso de funciones por haberle garantizado asistencia irregular a un hombre que terminó cuadriplégico tras recibir un balazo. Presumían que el tiro fue ejecutado por policías que hacían una fiesta en frente. Carrera insiste en que lo que hizo no es un delito.