A prisión un hombre que violó a una joven que llegó a su casa vendiendo comida en Dolores

La violación ocurrió en julio de 2022. Tras un juicio oral el hombre fue condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel y deberá indemnizar a la víctima.

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Cartel ciudad de Dolores en Soriano
Cartel en la entrada a la ciudad de Dolores, en Soriano
Foto: Fiscalía General de la Nación

Redacción El País
Tras un juicio oral, un hombre fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de abuso sexual especialmente agravado, luego de violar a una mujer que llegó a su casa vendiendo comida, en la ciudad de Dolores (Soriano).

Según detalla el informe de la Unidad de Víctimas y Testigos, la violación ocurrió el 7 de julio de 2022. La mujer había discutido con su pareja de ese momento y tras la pelea salió a trabajar, repartiendo comida a domicilio.

Al llegar a la casa de un cliente habitual, este se percató de que la joven había estado llorando y le ofreció entrar a lavarse la cara. "Una vez dentro, y mediante la fuerza, abusó de ella", reportó Fiscalía.

Esposas.
Esposas.
Foto: Ministerio del Interior

El hombre "comenzó haciendo comentarios impropios que incomodaron a la joven, por lo que ella intentó ponerse de pie para retirarse del lugar. Fue en ese momento que el imputado acometió a la víctima, buscando doblegarla sexualmente; ella continuó resistiéndose pero él impuso su fuerza física y la obligó a practicarle sexo oral".

Luego de días sin poder dormir ni comer, la mujer se animó a contarle a su madre de crianza lo que le había sucedido. Ella la ayudó a radicar una denuncia y solicitar asistencia médica.

En noviembre de 2022 Fiscalía recabó la declaración de la víctima mediante la modalidad de prueba anticipada. Luego declararon tanto las personas a quienes la víctima les había relatado los hechos como las profesionales que abordaron el caso.

La condena, además, incluyó la suspensión del imputado para el ejercicio de la patria potestad de menores de edad o personas incapaces, así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y tareas de dependencia con menores o adultos mayores por un plazo de diez años. El imputado también deberá pagar una reparación patrimonial a la víctima equivalente a doce ingresos mensuales.

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