Redacción El País.
El barrio privado La Carlotta (Canelones) es uno de los tantos proyectos de Balsa y Asociadosque, por ahora, está en pausa.

La Justicia de Concurso impidió que la sociedad anónima que lo impulsaba haga, por el momento, casi cualquier movimiento ya que es uno de los proyectos en los que Balsa y Asociados tiene participación –inicialmente 45% de las acciones– y que no fue a concurso, por lo que se vuelve un activo de la sociedad.

Sin embargo, el grupo mayoritario, Grupo Vientos (que tiene el 50%), pidió este 2 de octubre que cesen las medidas cautelares y les permitan operar para poder salvar el proyecto, según consta en el escrito judicial al que accedió El País.

En mayo, la jueza María Farfalla decretó el concurso voluntario para Balsa y Asociados, luego de que su director, Juan Martín Balsa, declarara a la empresa -que impulsaba los proyectos de barrios privados La Juana, Carlotta y Pilar de los Horneros- insolvente.

La sociedad propietaria del barrio La Carlotta se llama Danilum Sociedad Anónima, de la que Balsa contaba con el 45%, Gerardo Rabajda con el 5% y Grupo Vientos con el 50% restante. De acuerdo al escrito presentado por el grupo, el 5% que le pertenecía a Rabajda, era “como si fuera de Balsa”.

Grupo Vientos iba a aportar el dinero para la compra de Tierras y Balsa “se ocuparía de desarrollar, comercializar y realizar a su costo las obras civiles de infraestructura del barrio”.

Así, –sostuvo el grupo mayoritario– mientras avanzaban los trámites de las autorizaciones para montar el barrio, Balsa propuso comenzar a vender lotes a personas cercanas a sus círculos sociales. También llegaron a hacerse ventas en Buenos Aires, puesto que Grupo Viento es argentino. Eso hizo que se generaran ingresos por la venta de más de 100 lotes cercanos a los US$ 18 millones.

En el escrito judicial presentado, el socio mayoritario afirmó que había una relación de confianza entre el grupo y Balsa que hizo que le cedieran, de palabra, el control de las cuentas bancarias. Así, afirmó, en distintas etapas Balsa retiró millones de dólares de las cuentas sin permiso para financiar otros proyectos suyos. Hizo una especie de “calesita”, aseguró.

Foto: Leonardo Mainé

El País consultó a Juan Balsa, quien dijo que prefería “mantener las discusiones judiciales en esos ámbitos”.

A comienzos de mayo, Balsa pidió a la Justicia que le impusiera medidas cautelares a la sociedad anónima para que no se tomaran decisiones que pudieran perjudicarlo societariamente, ya que para él, ese porcentaje del que era dueño era un activo. La Justicia se lo otorgó. Pero pocos días después, se llevó adelante una asamblea de la sociedad en la que se le negó el acceso, y pidió a la Justicia que se ampliaran las medidas cautelares.

Balsa argumentó que “es harto probable que los futuros demandados hayan tomado resoluciones que directa o indirectamente afecten la masa concursal” y por ende hayan violado las medidas cautelares primariamente impuestas.

El Grupo Viento alegó, por su parte, que se le negó el acceso porque una de las varias veces que habían notado que hizo retiros de dinero a sus espaldas, habían logrado que por sus acciones se formara un fideicomiso. Es decir, el titular de las acciones ya no era él, sino el fideicomiso. En la asamblea, defendió, sí estuvo presente el fiduciario.

Desde el grupo accionista mayoritario insistieron en que la imposición de medidas cautelares se tomó sin tener toda la información con la que ahora cuentan. Hoy “la sociedad tiene patrimonio negativo en varios millones, no tiene actividad comercial y por tanto ningún flujo de fondos, no tiene posibilidad de caja, las cuentas bancarias suspendidas por devolución de cheques sin provisión de fondos”, se advirtió.

Por eso, ya no es el activo que parecía ser. En ese sentido, comunicó a la Justicia que “los socios que ahora administran Danilum S.A y disponen del 50% del capital accionario están en condiciones de capitalizar la empresa, afrontar su pasivo y desarrollar el proyecto". "La medida cautelar ahora lo impide y su mantenimiento conduce, inexorablemente, a la cesación de pagos, al concurso y la eventual liquidación de la sociedad”, indicó.

Así, en resumen, pidió poder hacerse cargo de la empresa para evitar el concurso y lograr desarrollar las viviendas prometidas.