"ELEFANTE BLANCO"

El proyecto de construcción de una torre frente al mar de 25 pisos y 156 condominios, con cancha techada de tenis y helipuerto en la azotea, está parado desde 2019. “La empresa del presidente estadounidense, Donald Trump, tenía grandes esperanzas en un desarrollo inmobiliario en Uruguay, pero la construcción de la torre lleva tiempo acumulando problemas que son representativos de la organización Trump en general”, informó The New York Times en junio de ese año, y definió el proyecto como “un elefante blanco”.

“Si todo sale a la perfección, la Trump Tower se terminará a finales de 2020, aproximadamente unos cuatro años después de lo programado”, agregaba el artículo. La perfección faltó a la cita y hoy la fachada revela que, como hace un año, siguen faltando ventanas en los últimos siete pisos del edificio.

Ante este panorama, un grupo de accionistas está reclamando a la Justicia Civil que intime al principal desarrollador del proyecto, Moisés Yellati, para que entregue “documentos e información societaria” por existir sospechas de que está intentando vaciar la empresa.

Además, reclaman “la convocatoria a una asamblea general extraordinaria de accionistas de Barbra (la sociedad anónima que integran) y la designación de un interventor -veedor- judicial para presidirla”.

Yellati y Felipe Yaryura idearon el proyecto en 2011, crearon una estructura societaria de tres cabezas y compraron el terreno en Punta del Este. Al año siguiente, la Organización Trump dio a conocer el contrato con los socios argentinos y anunció que la torre estaría terminada en 2016.

El negocio se estructuró como el resto de los desarrollos inmobiliarios de la Organización Trump fuera de Estados Unidos: la empresa otorgó la licencia de uso del nombre “Trump” a cambio de una comisión de la venta de unidades.

“Tal como se acordó desde un principio con los desarrolladores, el proyecto se iba a financiar mediante el aporte inicial de dinero realizado por los accionistas y con el dinero obtenido por la preventa de unidades a construirse y prometidas en venta. Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo por la errática gestión de los desarrolladores -representantes de las sociedades- que mal vendieron las unidades a precios por debajo del mercado y en cuotas de hasta 20 años en algunos casos”, expresa el grupo de accionistas en el escrito judicial al que accedió El País.

“A su vez se realizaron negocios con el dinero de la sociedad que son totalmente ajenos a su giro como lo fue la compra de un porcentaje de las acciones de la sociedad Blodybir SA, sociedad propietaria del ‘fundido’ hotel El Campanario. Esta decisión es seriamente cuestionable, no solo por ser totalmente ajena al negocio de la sociedad, sino también porque es contraria a la preservación del capital accionario. Se trató de una maniobra que puede ser considerada al menos dudosa. Otros negocios fueron la transferencia de fondos a cuentas en el exterior, la compra de inmuebles en Punta del Este, etc.”, agregan.

Sostienen además que Yaryura (que falleció en 2018) y Yellati manejaron las tres sociedades anónimas formadas para el proyecto “en forma totalmente discrecional”, ya que “hicieron y deshicieron a su conveniencia, sin dar explicaciones a nadie y menos a los inversores que pusieron el dinero para que el proyecto se pudiera iniciar”. Los inversores concluyen que “se encuentran con manejos anómalos, un proyecto frenado y dos sociedades -Barbra y Faroy- en riesgo de perder su patrimonio”.

Los firmantes del escrito, que fue presentado por los abogados Carolina Rubel y Jorge Barrera en mayo, son titulares del 37,4% de las acciones de Barbra SA, cuya única actividad es ser propietaria del 48% del capital integrado de Faroy SA, que es la sociedad dueña del inmueble, y la encargada de gerenciar y ejecutar el proyecto. El restante 52% está en manos de Ateos SA. El directorio de las tres sociedades está integrado por Yellati y los herederos de Yaryura.