JUSTICIA

Denuncian que la cooperativa no pagó préstamos de US$ 6 millones tras su capitalización.

En tres años, el Fondo de Desarrollo (Fondes) prestó a cooperativas unos US$ 53 millones. La mayoría de estas empresas carecían de suficientes garantías para cubrir los préstamos recibidos, según un informe técnico al que tuvo acceso El País.

El 24 de noviembre del año pasado, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió a la jueza de dicha materia, Beatriz Larrieu, que solicitara asesoramiento a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) respecto a si los préstamos otorgados por el Fondes respetaban las pautas establecidas por la legislación vigente.

La Jutep analizó el tema y consideró que la información brindada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado era insuficiente para expedirse. Posteriormente, solicitó a Larrieu que pidiera más documentación al Fondes sobre los préstamos otorgados a las cooperativas, la mayoría de ellas vinculadas al MPP.

El 4 de mayo de 2017, los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y el entonces legislador independiente Gonzalo Mujica, denunciaron eventuales anomalías en la entrega de préstamos por parte del Fondes a las cooperativas. La Justicia Especializada en Crimen Organizado investiga los préstamos otorgados a Alas U, Aire Fresco S.A., Atlansur S.A., Urutransfor S.A. y Envidrio. Pacheco y Larrieu también investigan irregularidades en la gestión de Ancap. (Ver la página A6).

El 20 de febrero pasado, el abogado Enrique Moller, quien representa a los diputados denunciantes, presentó un escrito en la Justicia Especializada en Crimen Organizado en el que advierte que la denuncia contra Alas U no se circunscribe solo a los préstamos otorgados en 2014. "Sino que, por el contrario, destacamos que los hechos más graves se ubican en los préstamos otorgados por el Fondes concebidos a partir del 27 de abril de 2015 por un total de US$ 11.220.000. Estos préstamos fueron entregados sin informe técnico que los justificara, en forma arbitraria, con abuso de facultades y con clara conciencia de que se estaba dañando al Estado", dice el escrito de Moller.

En noviembre de 2017 se decretó la liquidación judicial de Alas U, de la que resultó un pasivo de US$ 22 millones. Según Moller, este hecho confirma las advertencias en cuanto a la inviabilidad del emprendimiento de Alas U y la inconveniencia de que las autoridades del Fondes decidieran financiarlo.

En septiembre de 2012, el Fondes prestó US$ 5,5 millones a esta cooperativa. En diciembre de 2013, esta empresa volvió a solicitar préstamos por un total de US$ 6 millones.

Ante esta nueva solicitud de préstamos, el informe de la Unidad Técnica del Fondes estableció con claridad que estos solo podían ser considerados si se trataba de créditos de corto plazo a cancelar con los desembolsos de la capitalización de la empresa venezolana Venvidrio Venezuela. "Más de tres años después del otorgamiento de ese préstamo, nos encontramos con que la capitalización de la multinacional Venvidrio se efectivizó pero esos fondos cuyo destino debía ser el Fondes, fueron desviados o apropiados indebidamente. En cualquier caso con la complicidad del Fondes", señala Moller.

El profesional denunció a la Justicia que tomó conocimiento de la aprobación de una nueva entrega de fondos a Envidrio, vía la Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional por US$ 1,5 millones. Fondo de Desarrollo, denuncia, cooperativas, Justicia Especializada en Crimen Organizado, Luis Pacheco, Beatriz Larriey

El exdirector de la OPP Gabriel Frugoni declaró en la Justicia en agosto de 2017 que no se ejecutó ninguna garantía de las cooperativas que se atrasaron en los pagos al Fondo de Desarrollo (Fondes) "El período en que estábamos era el inicio, por lo que las empresas estaban dentro de la vigencia de los pagos. No hubo necesidad de ejecuciones", dijo Frugoni.

El 24 de noviembre del año pasado, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, envió un escrito a la jueza de dicha materia, Beatriz Larrieu, donde se expidió sobre una denuncia de tres diputados relacionada con presuntas irregularidades en los contratos celebrados por cooperativas y empresas uruguayas con empresas estatales de Venezuela. El fiscal entendió agotada la investigación y señaló que no advirtió la existencia de hechos con apariencia delictiva. De acuerdo a las pruebas recogidas, dijo, se comprobó que las empresas uruguayas no eran seleccionadas por el gobierno de José Mujica sino por las compañías estatales venezolanas. Por ello, sostuvo Pacheco, no se pueden aplicar las normas de contabilidad y administración financiera del Estado ni exigir llamados a licitación porque las cooperativas se rigen por el derecho privado. El fiscal destacó que la denuncia no fue presentada por ninguna empresa eventualmente interesada en negociar con las empresas estatales venezolanas, por lo que no surge un presunto favorecimiento del Estado uruguayo a alguna empresa en particular.