Redacción El País
El lunes la coalición de gobierno definirá las acciones políticas a adoptar en torno a la denuncia penal que las actuales autoridades deAdministración de Ferrocarriles del Estado (AFE) presentaron contra las gestiones anteriores del Frente Amplio en el ente.

La causa será asignada ese mismo a una de las fiscalías de Delitos Económicos y Complejos. Según se expresa en la denuncia existió un “cúmulo de ilegalidades, arbitrariedades y decisiones ilegítimas”, en una serie de “hechos de apariencia delictiva” que involucran, sucesivamente, las gestiones de Jorge Setelich, María del Carmen Melo y Wilfredo Rodríguez. La denuncia se basa en investigaciones administrativas y un estudio de la Auditoría Interna de la Nación que indicaron, entre otros puntos, un crecimiento exponencial de los gastos que el ente dedicó ese período a seguridad y vigilancia. Mientras en 2004 fueron US$ 171 mil, en 2017 llegaron a US$ 2,2 millones. Y la suma de esos años asciende a US$ 25 millones. Todo mientras la empresa, aún hoy, desconoce a cabalidad cuántas propiedades tiene.

En ese contexto, se relata el caso de un exfuncionario que usufructuaba un bien de AFE, no pagaba alquiler pero, sin embargo, lo subarrendaba. El ente, además carecía de copias del contrato de alquiler.

La denuncia, presentada en mano al fiscal general Juan Gómez, apunta por otra parte a lo sucedido con una empresa que fue contratada en agosto de 2019 para el desmalezamiento de los talleres de AFE en Peñarol. Llegó recomendada por el entonces presidente Rodríguez.

La auditoría detectó que nunca cumplió con las condiciones establecidas en el contrato de obra. Sin embargo, según consta en la denuncia, se le pagó por servicios.

También se incluye una decisión que las actuales autoridades consideran llamativa. El 16 de marzo de 2020, un día antes que el Senado aprobara las venias de designación del nuevo directorio, las autoridades salientes resolvieron rescindir el contrato con esta empresa proveedora.

La resolución del anterior directorio, sin embargo, no planteó la posibilidad de emprender acciones contra el privado por daños y perjuicios ante el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.