Redacción El País
La resolución del juez Alejandro Recarey en la queordenó a OSE no firmar el contrato por el proyecto Neptuno y suspender la obra en Arazatí en la costa del Río de la Plata en San José, se suma a otros casos en los que el magistrado estuvo en el centro de la polémica.

Actualmente quedó suspendida, de momento, la obra para una nueva planta potabilizadora, un proyecto que generó rechazo en la oposición política y algunas organizaciones sociales ambientalistas.

Esta decisión se suma a varias en las que el juez Recarey enfrentó a los intereses de gobiernos de turno. El caso más reciente fue cuando en julio de 2022 decidió suspender la vacunación anticovid en menores de 13 años. Luego de que un Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de Recarey, el juez fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con la suspensión de su cargo por 90 días.

En ese entonces, Recarey dio lugar a una acción de amparo presentada por el abogado Maximiliano Dentone, que señalaba que "el proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegal y peligroso".

La Suprema Corte entendió que se vio afectado “el principio de imparcialidad” y realizó un “reproche ético” a Recarey “por haber infringido los deberes éticos estatuidos por el Código Modelo de ética Judicial Iberoamericano de imparcialidad, cortesía y prudencia”.

Foto: Archivo

En julio de 2022, Recarey también fue noticia por ordenar la detención de las obras en la rambla de Punta Colorada por la protección de dunas, tras una solicitud de organziaciones sociales. Luego de un largo proceso judicial, en mayo la Intendencia de Maldonado comenzó la demolición de las viviendas de la faja costera.

En 2019, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Recarey condenó al MSP a adquirir un medicamento de alto costo, en el marco de un recurso de amparo. La cartera no compró el medicamento, dejó pasar los plazos y el entonces ministro de salud, Jorge Basso,decidió no concurrir a una audiencia convocada por el juez, por lo que Recarey lo denunció por desacato. Un mes más tarde, Basso asistió a la Fiscalía de Flagrancia a declarar como indagado.

Antes, en 2003, durante el gobierno de Jorge Batlle, encabezo la búsqueda de los restos de la militante anraquista Elena Quinteros. Según reporta un informe de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de 2018, Recarey decidió "continuar con las actuaciones" de búsqueda entendiendo que el caso Elena Quinteros "no está comprendido dentro de la Ley de Caducidad y destaca, en cambio, que forma parte de la causa por la cual se procesó a un civil, el ex canciller Juan Carlos Blanco".

El gobierno de Batlle presentó recursos de apelación con base en la Ley de Caducidad, "a lo cual Recarey lo acusó de omisión en investigar las desapariciones". Entonces un Tribunal concedió al Ejecutivo la nulidad de lo actuado por Recarey.

Foto: Ricardo Figueredo/El País.