El nombre del juez Alejandro Recarey, que tras su fallo contra OSE vuelve a la palestra, saltó a la fama en una época donde los fiscales son quienes están bajo el foco del interés mediático. Con su polémica decisión de suspender la vacunación anticovid-19 en niños en julio de 2022, desafió esa regla y con ese fallo se convirtió en un tema nacional durante un mes, hasta que un Tribunal de Apelaciones revocó la decisión. Sin embargo, ese no fue el primer caso de trascendencia pública en el que falló. Para ese entonces ya contaba con varios casos con políticos involucrados en su haber y donde sus decisiones habían despertado controversia.

El último antes de determinar que OSE no firme el contrato por el proyecto Neptuno y suspender la obra en Arazatí en la costa del Río de la Plata en San José, fue la detención de las obras en la rambla de Punta Colorada amparándose en la protección de dunas, tras una solicitud de organizaciones sociales. Esto ocurrió casi en paralelo a la suspensión de la vacunación en niños, dado que Recarey se encontraba actuando como juez de feria. Más adelante, otra jueza sostuvo la decisión, pero finalmente el Tribunal de Apelaciones la suspendió.

El primer registro de un cruce entre Recarey y el gobierno es de principios de los 2000, cuando en plena administración de Jorge Batlle el juez ordenó continuar con la búsqueda de los restos de la maestra y militante Elena Quinteros por entender que la acción no estaba comprendida dentro de la Ley de Caducidad. El gobierno presentó recursos de apelación y un Tribunal concedió al Ejecutivo la nulidad de lo actuado.

Una crónica de El País de ese momento señalaba que la decisión de Recarey había generado “malestar y preocupación en la cúpula del Ejército” y había tensionado “al máximo las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”. Esta decisión el juez la tomó mientras suplía al titular de esa sede, el magistrado Eduardo Cavalli. Ante esta situación, Cavalli retornó anticipadamente de su licencia para volver a cubrir su lugar. Fue él quien elevó al Tribunal de Apelaciones la queja que interpuso el gobierno a Recarey por haberle denegado la posibilidad de apelar. Hasta ese momento, el Poder Ejecutivo analizaba la posibilidad de pedirle a la Suprema Corte de Justicia que interviniera.

Durante el pasaje de Recarey por la causa declararon decenas de personas y el juez denunció a Juan Carlos Blanco por la coautoría del crimen de Quinteros. Años después fue condenado en Italia por el crimen en el marco de la causa que investigaba el Plan Cóndor.

Foto: Estefanía Leal

Cronológicamente, el siguiente caso de relevancia pública que trató fue en 2014, cuando dio la razón a 69 inspectores de tránsito que le hicieron juicio a la Intendencia de Montevideo. Así, la administración de Ana Olivera debió pagar 6 millones de pesos. Los inspectores reclamaban que “a igual trabajo, igual salario”.

Más adelante, en 2019, denunció por desacato al ministro de Salud Jorge Basso. El entonces jerarca no había concurrido a una audiencia que Recarey había citado, porque el Ministerio de Salud Pública había incumplido una condena dictada por él mismo en la que los obligaban a proporcionar un medicamento.

Un año más tarde, intervino en el litigio judicial que enfrentó Ezequiel “Pocho” Lavezzi por la posibilidad de que se rematara una mansión que tenía en Punta del Este. El exjugador terminó pagando US$ 500 mil para evitarlo.

Su participación en la acción de amparo que pretendía suspender la vacunación anticovid-19 en menores de 15 años estuvo teñida de suspicacias. Pese a que la vacunación estaba vigente hacía tiempo, la medida se presentó en un momento –feria judicial menor– cuando el único juez disponible en la materia competente era él. En 2021 había emitido un decreto que manifestaba que la presencialidad en los procesos legales era indispensable –en ese momento se realizaban audiencias por videoconferencia– y hacía dos citas a la revista Extramuros, que es escéptica de la pandemia y la vacunación anticovid.

"Como es patente, la crisis del covid-19 ha favorecido políticas que, impulsadas por grandes corporaciones empresariales tecnológicas; se ordenan a la maximización de conexiones masivas a plataformas digitales. Con la no menos obvia consecuencia del aumento de sus ganancias y, más gravitantemente, de sus potencialidades de control social", decía un pasaje del decreto.

Frente a la decisión de Recarey de suspender la vacunación, el gobierno apeló y el tribunal de apelaciones le dio la razón de forma unánime. Con duras críticas en varios aspectos, las ministras revirtieron la decisión. Frente a eso, el juez mandó el mismo mensaje a varios medios que lo consultaron: “La verdad material de los hechos es irrevocable” y “buscar luz para llegar a la verdad de las cosas, ya es una forma de hacer Justicia”.

Foto: Estefania Leal