La existencia de nueve casos aclarados en una fiscalía de homicidios y que aún no pasaron a la Justicia, la asimetría en materia de recolección de pruebas que tienen los abogados defensores frente a los fiscales y la sobrecarga de hasta 1.400 casos en fiscalías de Delitos Sexuales. Estas, entre otras anomalías, llevan a que cada vez más voces promueven cambios al Código de Proceso Penal (CPP) que fue implementado en 2017.

“Los fiscales no archivan las causas sexuales. Hay casos, de esta materia, que llevan años sin actividad. Las víctimas y los investigados quedan en un limbo”, dijo a El País el abogado penalista Florencio Macedo.

A los problemas ya mencionados se suman la constante creación de nuevas fiscalías para atender delitos y que enseguida quedan saturadas, la poca seguridad del sistema que genera continuas filtraciones de carpetas investigativas de casos con impacto mediático y la falta de plazos para que un fiscal se expida sobre un expediente.

Por estas razones, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay impulsó la creación de una especie de Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), una réplica de la comisión usada durante la pandemia por covid-19. Dicho grupo será liderado por el abogado y exsecretario de la presidencia de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández. Lo acompañarán catedráticos de derecho procesal, penal y constitucional.

En diálogo con otros abogados, Fernández fue crítico con el funcionamiento del CPP porque entendía que no daba suficientes garantías a los imputados. “Con este código, los juicios se ganan en la prensa y no en los juzgados”, repetía a sus colegas según supo El País.

En tanto, el presidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay, Enrique Moller, afirmó a El País que dicha agremiación pretende una “urgente modificación” del CPP.

“No funciona bien. No hay igualdad entre la Fiscalía y las defensas. Pretendemos que exista más garantías” para los acusados, dijo Moller. Y agregó: “Hace dos años que trabajamos para cambiar el sistema penal. El CPP tuvo 16 modificaciones desde su creación en 2017. También queremos cambiar la Ley de Género”.

Todo esto sucede en un contexto en que varias voces vienen criticando que algunos fiscales aparezcan identificados con partidos políticos. Por ejemplo, en una columna para El País, el abogado Leonardo Guzmán señaló: “A la vista de sistemas que crujen, es inadmisible que el elenco político mire para otro lado y no quiera enterarse de que es hora de repensar el régimen entero, no para volver al anterior sino para generar un sistema libre de las fallas que vemos todos, con un Poder Judicial inerme”.

A su vez, el Colegio de Abogados del Uruguay presentó en el Parlamento modificaciones al CPP, informó ayer el semanario Búsqueda. Macedo, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y uno de los redactores del documento entregado en el Parlamento, explicó a El País que el Código de Derecho Penal tenía “una coherencia interna” que se perdió después de “sucesivas modificaciones”, antes de entrar en vigencia, y ello generó “contradicciones” en su aplicación.

“Por ejemplo, el CPP no tiene plazo para que el fiscal investigue y acuse. Si el titular fiscal no acusa, le pasa el caso a un fiscal subrogante y este sigue investigando. No hay plazos porque se derogaron artículos” del código, afirmó Macedo.

Es posible que esa falta de plazos determine que, en este momento, una fiscal de Homicidios, sobrecargada de trabajo, no lleve a la Justicia Penal nueve crímenes ya aclarados por la Policía. “Ello genera impunidad. Los asesinos siguen tranquilos en sus casas y el tiempo pasa”, dijo una fuente judicial a El País.

Antes de 2017, autoridades de la administración frenteamplista publicitaban la aplicación del nuevo CPP señalando que esto iba a terminar con un flagelo que sufría Uruguay desde hacía décadas: el abuso de la prisión preventiva.

Sin embargo, las modificaciones al nuevo código realizadas en la anterior legislatura y en la actual llevaron a que otra vez resurgieran muchos casos de prisiones preventivas. En ocasiones, los jueces de primera instancia no hacen lugar a los pedidos de fiscales de prisión preventiva en base a riesgos de fugas o de entorpecimientos a las investigaciones. Pero los fiscales apelan, los tribunales de apelaciones les dan la razón y las personas acusadas terminan tras las rejas.

Macedo concluyó que el proyecto del Colegio de Abogados presentado en el Parlamento promueve “diez reformas urgentes y puntuales”, mientras se piensa en “un cambio estructural, si hay que hacerlo”.

Foto: Archivo El País