La Suprema Corte de Justicia resolvió el jueves 8 declarar la inconstitucionalidad de la tasa de contralor de la seguridad de vehículos que transportan productos inflamables que cobraba la Intendencia de Montevideo (IMM). La Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa) pretende que dicho fallo le habilite a realizar un juicio por US$ 50 millones a la IMM.

La Corte hizo lugar a la demanda de Ducsa, empresa propiedad de Ancap, y calificó inconstitucional la tasa municipal en base a cuestiones formales y de fondo.

El dictamen de la Corporación, al que accedió El País, reprodujo la posición de Ducsa sobre que la Intendencia de Montevideo carece de potestad constitucional para crear un tributo. La demanda sostuvo que Ducsa es una empresa privada de Ancap que desarrolla como actividad la distribución de combustibles, por lo que es dueño y remitente de combustibles.

Por lo tanto, en ocasión de cada distribución, Ancap como agente de retención, retiene el monto correspondiente a la “tasa” impugnada, abonándolo al gobierno departamental de Montevideo, agregó el fallo.

Ducsa insistió ante la Corte que la tasa de inflamables “no dispone” de un servicio efectivo, divisible y medible por parte de la comuna capitalina hacia los contribuyentes de dicho tributo.

Por ejemplo, un camión cisterna carga combustible en La Tablada para un sello y lo distribuye en un pueblo de Florida. Un motociclista que carga nafta para su moto en la estación del pueblo termina pagando la tasa de inflamables que Ancap retiene y luego envía a la IMM.

Según Ducsa, dicha tasa no establece el destino de lo recaudado, lo que indica que ello se vierte a rentas generales de la IMM y “no está destinado” a cubrir las necesidades del supuesto servicio de contralor de seguridad de vehículos que transportan productos inflamables.

En la demanda, elaborada por el estudio Brum Costa Abogados, Ducsa insistió en que la tasa genera una importante distinción y que grava a los dueños o remitentes de productos inflamables con el 1% del precio de venta, pero “no grava” a otros sujetos que transportan y venden otros productos similares.

La Suprema Corte, por unanimidad de sus miembros pero con distintos argumentos, amparó la inconstitucionalidad promovida por Ducsa.

En los aspectos formales, la Corporación rechazó el planteo de la IMM de que la SCJ ya se había expedido sobre el tema en un juicio iniciado por Ancap contra dicha tasa. También no hizo lugar a otro reparo de la IMM sobre que Ducsa planteó mal la acción de inconstitucionalidad.

Para argumentar sobre la inconstitucionalidad de la tasa, la Suprema Corte de Justicia recordó que el hecho generador del tributo municipal es el de un impuesto y, por tanto, este “violenta” el artículo 297 de la Constitución de la República. Dicha norma refiere a las fuentes de recursos de las intendencias.

Entrando en el tema de fondo, la Corte advirtió que la tasa de inflamables no tiene ninguna contraprestación de la IMM. “En el presente caso, dicho servicio no funciona efectivamente”, insistió el fallo de la Corporación.

Al final de la sentencia, la mayoría de los integrantes de la Corte señalaron que la tasa cae al decretar su inconstitucionalidad. En tanto, la minoría opinó que la inconstitucionalidad opera desde la presentación de la demanda.

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand afirmó a El País que el ente ganó un “juicio histórico” a la Intendencia de Montevideo.

“De ahora en más no se cobrará esta tasa que se aplicaba en el surtidor y al bolsillo de la gente”, dijo Durand.

Según el jerarca, los uruguayos llegaron a pagar en 2016 en los precios a los combustibles hasta US$ 22 millones por dicha tasa. “El año pasado los usuarios de combustibles abonaron US$ 15 millones y este año se culminaría con el pago de US$ 12 millones”, expresó.