Por Eduardo Barreneche
El Directorio de Ancap demandó en el Juzgado Civil de 6° Turno al expresidente del ente, Raúl Sendic, y le reclama el pago del equivalente a $ 900.000 más reajustes e intereses por gastos indebidos que hizo con dos tarjetas corporativas. En su momento, Sendic realizó un único reembolso por US$ 130.

A su vez, el exvicepresidente de la República se defendió señalando que el reclamo prescribió por tratarse de un caso de responsabilidad extracontractual que establece un plazo máximo de cuatro años para iniciar una demanda reparatoria. Siendo que los gastos pagados con las tarjetas corporativas de Ancap ocurrieron hasta 2013.

El pasado martes, estaba fijada una audiencia en la sede judicial, pero fue suspendida tras un acuerdo entre ambas partes.

Sendic renunció a la vicepresidencia de la República en 2017, a tan solo dos años de haber asumido el cargo, luego de que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio -tras la divulgación de los gastos hecha por el semanario Búsqueda en junio de ese año- recomendara sancionarlo por el uso que dio a las tarjetas corporativas del ente.

En 2021, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, condenó a Sendic como autor responsable de un delito de abusos de funciones con reiterados delitos de peculado especialmente agravados a la pena de 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación especial y a una multa de 500 Unidades Reajustables. Para la magistrada el exjerarca se excedió “en los poderes de su cargo” y se “apropió de dinero estatal”, ya que Sendic no logró aportar comprobantes de las compras que realizó con las tarjetas corporativas de Ancap mientras estuvo al frente.

Luego de la condena de Mainard, los Servicios Jurídicos de Ancap elevaron un informe al Directorio del ente señalando que, descartados los gastos que podrían vincularse a su función (hoteles, restaurantes y combustibles) Sendic hizo erogaciones con la tarjeta corporativa en “artículos personales”.

De los resultados de las cuentas de las tarjetas, agrega el informe incluido en el expediente judicial, resultan “numerosas compras en tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyas, libros en nuestro país y en el exterior”.

El documento del Servicio Jurídico de Ancap sostiene que Sendic no aportó comprobantes justificativos de dichos gastos ni recibos que acrediten el reembolso de los importes.

En su informe al Directorio, el Servicio Jurídico concluyó que se entendía viable únicamente una acción judicial contra Sendic para recuperar el gasto generado con las tarjetas.

Luego de analizar el documento, el Directorio de Ancap presentó una demanda contra Sendic que recayó en el Juzgado Civil de 6° Turno, cuya titular es la jueza Fabiana Weisz Collazo.

Los abogados de Ancap, Bruno Sande y Sandra Fierro, presentaron el escrito en la sede donde se recuerda que la jueza Mainard estableció que Sendic realizó compras con las tarjetas corporativas del ente que “no corresponden” al ejercicio de la función como presidente del Directorio de Ancap sino que tienen que ver con “gastos personales” habiéndose “apropiado del dinero estatal”.

La demanda de Ancap afirma que Mainard indicó que, de los estados de cuentas de las tarjetas corporativas, resulta que Sendic usó el plástico “en más de 300 oportunidades” en el país y en el exterior. Y agrega que dicha jueza mencionó gastos en hoteles, restaurantes y combustible, compras en tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyería, librerías, entre otros siendo el total aproximado de $ 550.000 y US$ 38.000”.

Sande y Fierro sostienen, en su escrito, que Mainard entendió que existió “inversión” del título de posesión de propiedad, ya que a su entender, Sendic utilizó las tarjetas corporativas como suyas, apropiándose de dinero estatal en razón de su cargo y, en definitiva, obteniendo “un beneficio económico”.

En la demanda, los abogados de Ancap expresan que Sendic, con sus “gastos personales”, generó “un perjuicio patrimonial” para la empresa estatal.

“Se reclama por ese perjuicio. Lo expuesto resulta ser una conducta completamente inaceptable, máxime porque surgieron de quien era el presidente de Ancap y debía en consecuencia proteger a la empresa. Y no causarle el daño que necesariamente debe reclamar Ancap en estas actuaciones para proteger el patrimonio del Estado y de la sociedad toda”, agrega la demanda. Y advierte que existió, por parte de Sendic, una “omisión injustificada” en acreditar comprobantes de gastos para su correspondiente control.

En la parte final del escrito, Ancap solicita a la jueza Weisz Collazo que condene a Sendic a pagar $ 628.953 y US$ 6.570 ($ 256.230) más reajustes e intereses.

El 28 de julio de 2022, Sendic recibió un cedulón del Juzgado Civil de 6° Turno donde se le notificó de la demanda impuesta por Ancap.

El abogado Santiago Pérez Irureta señaló, en representación del exvicepresidente, que Ancap reclamó daños y perjuicios derivados de un delito cometido por el exdirigente del Frente Amplio en el marco de una acción civil, cuando “es claro que la misma se encuentra prescripta”.

Advierte que el término de la prescripción se ha verificado “hace mucho tiempo ya”, puesto que tal como señala Ancap, hoy pretende resarcirse de un presunto daño que se le ocasionó hasta octubre de 2013.

Citando a doctrinarios, el abogado de Sendic afirmó que un damnificado de un ilícito tiene un plazo de hasta cuatro años para iniciar un reclamo civil. Y expresó que los hechos que constituyen el delito de peculado -uso de la tarjeta corporativa- cumplido ese plazo prescribieron en octubre de 2017.

Ello demuestra, según el abogado de Sendic, que la demanda de Ancap se efectivizó el 11 de agosto de 2022, por lo cual “dicho plazo se encontraba largamente vencido”. Es decir, pasaron más de cuatro años.

Otro argumento usado por el asesor legal de Sendic es que el reclamo de Ancap también prescribió por responsabilidad extracontractual. Ello significa que el uso de la tarjeta corporativa por parte del expresidente del ente no estaba amparado bajo ningún contrato.

El abogado de Sendic consideró, además, que en virtud de la independencia que rige el ámbito penal del civil, no corresponde que se traslade las conclusiones de la jueza Mainard al juzgado de la jueza Weisz Collazo por la clara independencia de ambos procesos, recayendo la carga de la prueba en quien afirma la existencia del ilícito y de su eventual daño patrimonial.

En otro tramo de su escrito, Pérez entiende que no existió un actuar ilegítimo de Sendic en el uso de las tarjetas corporativas.

“Los gastos enumerados en la lista que figura en la demanda corresponden siempre a compromisos relacionados con el ejercicio de la función”, aseguró el abogado en su escrito.

Pérez señala que Ancap solo se basó en la condena de Mainard para afirmar que hubo un uso ilegítimo de las tarjetas y no realizó una investigación administrativa sobre las dos plásticos corporativos que usó Sendic.